CCOO denuncia el desplome de la inversión en educación universitaria

Agencias

Las Palmas de Gran Canaria —

CCOO ha denunciado este jueves la disminución de la inversión en educación superior en Canarias en más de 43 millones de euros entre los años 2009 y 2013, lo que supone un 14,10 por ciento menos para el conjunto de las universidades canarias.

Si además se tiene en cuenta la evolución del IPC entre diciembre de 2008 y el mismo mes de 2013, el porcentaje de pérdida se incrementa hasta el 23,70 %, ha indicado el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO Canarias, José Ramón Barroso. Aunque el descenso en la financiación es significativo en ambas universidades canarias, la disminución ha sido mayor en la Universidad de La Laguna (Tenerife), con 26,4 millones menos, frente al recorte en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que fue de 16,7 millones en el período de 2009 a 2013.

En conjunto, el gasto de personal (capítulo 1) se redujo un 8,2%, entre 2010 y 2013, y las inversiones reales (capítulo 6) cayeron un 60 % en el mismo periodo, mientras que el descenso desde 2009 a 2013 fue del 6,4 % y del 66,2 %, respectivamente. En el apartado de ingresos, las transferencias corrientes (capítulo IV) han disminuido un 11,1 % y las transferencias de capital (capítulo VII) han descendido casi un 87,7 % entre 2009 y 2013.

Si se establece una comparación entre 2010 y 2013, el capítulo IV ha sufrido una reducción del 12 %, mientras que las transferencias de capital bajaron un 83 %. Los precios públicos, tasas y otros ingresos (capítulo III) se incrementaron un 19,4 % entre 2009 y 2013, y en el período 2010- 2013, el aumento fue del 16,9 %.

Barroso ha denunciado la situación que esta falta de financiación progresiva genera en las universidades canarias, con el consiguiente deterioro de la educación superior y sus consecuencias para el futuro, ya que “genera graves problemas de desarrollo en nuestra sociedad que se harán visibles a medio y largo plazo”.

El representante sindical ha pedido a los Gobiernos estatal y autonómico, y a las propias universidades canarias, que realicen los esfuerzos necesarios para acabar con esta situación y mejorar la inversión, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades para el acceso a los estudios superiores.

Aunque los recortes en educación se han producido en todas las comunidades autónomas, la situación varía de una a otra dependiendo de factores como la existencia o no de un plan de financiación plurianual o no; la asignación de fondos de la administración general del Estado, los fondos captados a través de convenios, el nivel de endeudamiento de las comunidades y los recortes del gasto público e incremento de matrículas impulsados por los gobiernos de las distintas administraciones.

Así, las subvenciones corrientes y de capital a cada una de las universidades pueden ser más o menos insuficientes en función del gobierno de cada comunidad autónoma, las tasas de escolarización y la situación de partida en cada una de las universidades, según CCOO.

Privatización de los comedores

Por otra parte, el portavoz de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO), Jorge Reyes, ha criticado este jueves el “afán privatizador” de la Consejería de Educación del Gobierno regional, a quien ha acusado de pretender privar de los cuidadores de los comedores a los alumnos de los colegios Iberia y Alcaravaneras, ambos en Gran Canaria, así como de “algún otro, sin especificar,” de Tenerife.

Para el sindicato la eliminación de estos trabajadores “supone una privatización encubierta” del servicio, ya que los padres de los alumnos tendrán que abonar unos 30 euros adicionales al mes, según informó FSC-CCOO en nota de prensa.

Ante esta situación, el sindicato subraya que “rechaza la excusa del Gobierno canario de que esta medida está orientada a atender necesidades más perentorias” de otros colegios, al considerar que las familias de los alumnos de los colegios Iberia y Alcaravaneras “no están en mejor” situación que otras familias, ya que su renta media no supera los 15.000 euros anuales.

En este sentido, critican que pretendan que unas “familias desfavorecidas paguen las necesidades de otras familias igualmente desfavorecidas”, al considerar que se trata de un “insólito caso de redistribución de la pobreza para un gobierno en el que participa el PSOE, cuya función debería ser redistribuir la riqueza”.

Este recorte, avisan, supondrá que “muchos padres tengan que retirar a sus hijos de los comedores escolares, lo que podría traducirse en problemas nutricionales” para los menores. Por ello, ha indicado que apoyará las movilizaciones que se convoquen para evitar esta situación “de injusticia”.