El cambio climático en Canarias supone la proliferación de catástrofes naturales asociadas al medio. Los modelos proyectan sendos incrementos del nivel del mar y riesgo de incendios, por lo que es de prever que habrá más inundaciones y siniestros forestales en el futuro. Pero no todos los desastres afectarán de la misma manera. Y por ello es esencial definir qué zonas están más expuestas que otras.
Geógrafos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) han creado una base cartográfica de alta resolución que aglutina cada 2,5 metros las principales variables socioeconómicas de las Islas: población, stock de capital, productividad y patrimonio (cultural y natural). El mapa recoge estas variables para todo el Archipiélago. Pretende así erigirse como un sistema de prevención de riesgos al definir dónde es más factible que los daños por una catástrofe natural crezcan de forma vertiginosa.
Los resultados de la base han sido publicados en la revista Apllied Geography. Los investigadores se apoyaron en diferentes fuentes estadísticas para elaborar una cartografía con los indicadores mencionados mediante la combinación de censos catastrales, planimetrías detalladas y datos LiDAR, utilizados para medir distancias y movimientos reales. De este modo, rebajaron a escalas más pequeñas una serie de cifras que asumían longitudes mucho más amplias.
El trabajo no ofrece un valor de exposición agregado. Lo que hace es detallar metro a metro cuántas personas o qué activos económicos sufrirían daños directos en caso de producirse, por poner un ejemplo, un incendio forestal en una zona concreta de la Comunidad Autónoma. Para calcular la magnitud de cualquier evento es necesario cruzar planos de susceptibilidad de catástrofes (deslizamientos, incendios, inundaciones...) con los valores que ostenta la cartografía elaborada. Hasta ahora no había ningún estudio por el estilo.
“Tú no puedes coger una mancha de inundación y cruzarla con secciones censales, porque esos datos no valen para nada. Necesitas coger esas secciones y bajarlas y forzar su escala mediante variables intermedias, que es precisamente el procedimiento que publicamos”, explica Nicolás Ferrer, primer autor de la investigación y miembro del Instituto Universitario de Oceanografía y Cambio Global (IOCAG) de la ULPGC.
El geógrafo recuerda que Canarias es un territorio “multirriesgo”, donde la exposición humana es un “componente crítico” porque las catástrofes se producen por el encuentro de fenómenos físicos destructivos con poblaciones y bienes materiales. Todas las islas, salvo La Gomera y Gran Canaria, han experimentado erupciones recientes; el Archipiélago tiene un litoral de más de 1.500 kilómetros en el que, sobre todo en los meses de invierno, las mareas de tempestad generan olas de más de cinco metros; el riesgo de inundaciones se ve exacerbado porque más del 80% de la ciudadanía isleña vive a menos de cinco kilómetros de la línea de costa; y, a su vez, la Comunidad Autónoma cuenta con extensos bosques en las medianías y cumbres de las zonas centrales en los que, casi todos los años, surgen incendios destructivos.
En este contexto, y ante la posibilidad de que cada uno de estos episodios vaya a más, Ferrer sostiene que Canarias necesita de una cartografía como esta para “sentar las bases del análisis de riesgos”. El Archipiélago no puede asumir la fórmula más sencilla para zafarse de los desastres naturales, que sería reubicar a la población allá donde no hay exposición. Lo cierto es que no hay espacio para ello. Y los peligros están prácticamente en todas partes.
Sin embargo, continúa el experto, sí es posible tomar medidas “para que esas personas o bienes sean menos vulnerables a la acción de estos fenómenos”. Ahí entrarían “muchísimas soluciones de índole técnica” para rebajar la vulnerabilidad hasta el punto de que, si esta desapareciera, importase menos la amenaza, pues habría herramientas para combatirla. Distintos estudios han demostrado cómo los sistemas de predicción de peligros, protección y alerta han ayudado a hacerlo. Las Islas podrían aprovecharse de algo así sin ninguna duda.
Toda la información que incluye el trabajo realizado por Ferrer y Gustavo Herrera, analista de GRAFCAN y segundo firmante de la investigación, obtuvo un 90% de exactitud tras ser cruzada con distintos censos. Después, los autores testaron la base con tres catástrofes naturales acontecidas en Canarias en los últimos años de las que se conoce el valor de las pérdidas: volcán de La Palma en 2021, incendio de Gran Canaria en 2019 e inundaciones de Garachico en 2018. “Hicimos una cartografía mediante un procedimiento teórico, pero necesitábamos eventos reales con los que poder contrastarla”, resume el geógrafo.
Con respecto al primer caso, la erupción del Tajogaite duró alrededor de tres meses y calcinó un área de 12,25 kilómetros cuadrados en el Valle de Aridane. La cartografía de Ferrer y Herrera estima que un total 2.810 residentes perdieron sus casas y que, en términos económicos, las pérdidas alcanzan los 1.147 millones de euros, siendo hasta un 90% de estas de carácter agrícola. Al comparar con los registros oficiales, puede comprobarse que los valores están bien tirados: el número de personas que se quedaron sin hogar es de 2.319; y la cifra de pérdidas está cerca de los 1.000 millones.
En lo que concierne al incendio de Gran Canaria de 2019, este dañó el 6,1% de la superficie insular y afectó a más de 10.000 hectáreas, siendo el siniestro forestal más destructivo de ese año en España. Mientras que el servicio de mapeo rápido de Copernicus estimó en 13.000 el total de personas damnificadas dentro del perímetro, el mapa de los investigadores de la ULPGC lo tasa en 3.000. Pero la diferencia más relevante concierne el impacto económico.
La cartografía apunta que el siniestro causó pérdidas de más de 750 millones de euros, un 90% de estas relacionadas con fincas catastrales cuyo valor realmente no quedó afectado tras el incendio. Del resto, 28 millones pertenecían a infraestructuras residenciales, 38 millones a carreteras y 12 millones a la productividad anual de diferentes sectores de la zona. No obstante, las compensaciones que tuvieron que desembolsar los seguros privados y las administraciones públicas rondan los 18 millones. La distancia entre un dato y otro es tal porque el trabajo de los geógrafos no incluye, de momento, el factor de cuán dañables son los elementos expuestos.
En el caso del volcán de La Palma, las estimaciones concuerdan con la realidad porque todo aquello que tocó la lava quedó enterrado bajo toneladas de rocas incandescentes. Pero no todas las casas dañadas por un fuego terminan reducidas a cenizas ni todos los bienes inmuebles en medio de una riada pierden la totalidad de su valor. Por eso los cálculos con respecto a las inundaciones de Garachico en 2018 también están sobreestimados en la investigación. “Una de las conclusiones más importantes que tiene el estudio es que esta variable es tanto o más importante que la de exposición”, señala Ferrer.
El geógrafo aclara que la base continúa en pleno proceso de mejora, que aún está sin finalizar. Ferrer, además, es uno de los autores del programa PIMA Adapta Costas Canarias, financiado por la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno canario anterior, el de Pacto de las Flores. Ese proyecto agrupa por primera vez en un índice sintético el futurible impacto de la subida del nivel del mar y las tormentas en cada municipio de las Islas. En esa ocasión, los resultados sí incluyen la “dañabilidad” (sic) de las infraestructuras y estiman que hasta 2% de la población canaria y el 11% del Producto Interior Bruto (PIB) estarán en riesgo en 2100 si se cumplen los peores pronósticos climáticos.