El atasco burocrático de las renovables en Canarias continúa (y en algunos casos se agrava) con el Partido Popular al mando

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Zapata (Partido Popular), ha esbozado en más de una ocasión que quiere agilizar los trámites burocráticos para la penetración de renovables en las Islas. Una actuación recogida en la propia Ley de Cambio Climático del Archipiélago, que ahora Zapata pretende reformar, y que lleva reclamando el sector desde hace varios años, ahogado por la ingente cantidad de documentos exigidos y la lentitud en los procedimientos.

Sin embargo, a pesar de que el titular del área ha expresado prácticamente desde su nombramiento, en julio, que quiere “minimizar las trabas burocráticas” para “hacer más realista” la normativa medioambiental en las Islas y, por ende, la consecución de energía limpia (solar y fotovoltaica), esas pretensiones aún no se han materializado. En algunos casos, de hecho, el tapón en las tramitaciones se ha agravado a partir de documentación que anteriormente no se exigía, según han revelado a este periódico fuentes del sector.

Para ir por partes, es conveniente recordar que los pasos para instalar una planta solar o un parque eólico son cuantiosos, como poco. Los promotores deben entregar en torno a 40 escritos a lo largo del proceso, entre análisis de impacto, avales, estudios económicos y autorizaciones, para obtener el punto de conexión a la red eléctrica, la autorización administrativa, la licencia de obra y, por último, la vía libre para iniciar la puesta en marcha de la instalación.

“Cuando la gente ve un parque de estas características y observa que están instalándose muchos puede pensar que es muy fácil, pero no es así. Detrás hay un promotor que lleva mucho tiempo dedicando horas, recursos y dinero”, resume el presidente de la Asociación Eólica de Canarias (AEOLICAN), Raúl Macías.

Todos estos informes requeridos, que pueden ir desde la evaluación ambiental hasta el proyecto técnico de ejecución, por citar dos ejemplos, deben ser entregados y resueltos en unos plazos acordados. En 2020, el Gobierno nacional, en medio de una burbuja de especulación en la que estaban revendiéndose puntos de acceso a la red, señala Macías, aprobó el Real Decreto 23/2020, que estipula unas fechas límite para despachar los expedientes. Esos “hitos”, como así se refieren a los mismos los miembros de la industria, precisan una duración máxima para cada uno de los capítulos mencionadas del trámite hasta alcanzar los cinco años de transcurso máximo.

Al imponer topes en la diligencia de los procedimientos, que precisamente solían alargarse cerca de un lustro o más, muchos empresarios ven peligrar ahora las inversiones realizadas en caso de que el expediente caduque. Porque de hacerlo, el impulsor de la obra no solo perdería lo invertido en el coste de desarrollo, que “podría rondar los 150.000 euros”, remarca Macías. También el anhelado punto de evacuación, escaso en la Comunidad Autónoma, matiza Santiago Marrero, presidente de la organización de Empresas Canarias Productoras de Energía Solar (SORECAN). De acuerdo con los últimos datos de la empresa encargada de la operación del sistema, Red Eléctrica, en el Archipiélago hay 97 líneas de acceso; tan solo en 11 no se ha otorgado ni solicitado conexión.

En uno de los enclaves en los que sí se ha hecho, en Guía de Isora (Tenerife), fue admitido a trámite el pasado 23 de febrero el proyecto de una planta fotovoltaica de 15 megavatios (MW) promovida por una empresa afincada en la Comunidad Autónoma. El administrador de la compañía entregó 13 documentos para la admisión. Pero ahora, en el intento de levantar otra en El Tablero (Gran Canaria), también de la misma potencia, está encontrando más dificultades pese a haber presentado inicialmente el mismo papeleo el 12 de junio de este año, ya con CC y PP habiendo firmado un acuerdo programático para gobernar en las Islas.

De acuerdo con documentación vista por Canarias Ahora, la Dirección General de Energía, ahora con Francisco Javier Guerra como jefe de Sección de Combustibles y Energías Renovables (antes, con el anterior Ejecutivo autonómico, figuraba Víctor Manuel Almeida), ha exigido hasta en dos ocasiones a la mercantil citada la identificación de los titulares de las parcelas afectadas por la línea eléctrica de la futura planta. La petición se ampara en la Ley de Expropiación Forzosa de 1957, que define que deben detallarse los nombres de los propietarios damnificados en la relación de bienes y derechos a expropiar. Pero es que esa misma normativa explicita que es “la administración expropiante o el beneficiario de la expropiación [en este caso, la promotora]” la que debe hacerlo.

El empresario en cuestión ha alegado que no cuenta con la “legitimación activa ante ningún tipo de registro” para acceder a esa información y ha pedido de nuevo a Energía que sea esta la que se encargue de facilitar dichos datos. Aparte, desde la Consejería también le han requerido que solicite la declaración de Interés Público Social (IPS) del proyecto al Cabildo de Gran Canaria, exigencia no rogada en el anterior proceso, el de Guía de Isora. Al final, entre una solicitud y otra, la admisión a trámite de esta segunda iniciativa de energía solar va a tardar un mínimo de cinco meses. Para la primera, solo pasaron cuatro días.

“No es normal que lleguen los nuevos y empiecen a pedir estas cosas”, cuenta el promotor a esta redacción en entrevista telefónica. “Estoy con varios proyectos en el resto de España y la relación de propietarios [afectados] viene después de la admisión a trámite, antes nunca”.

El presidente de la Asociación Canaria de Energías Renovables, Enrique Rodríguez de Azero, recuerda que “el problemón” de la burocracia en este sentido no viene de ahora, que no es nuevo. En Canarias, según datos expuestos en una investigación publicada a principios de este año, hay más de 2.000 MW de proyectos fotovoltaicos y eólicos con permisos solo para acceder a la red, pero aún sin todas las licencias. En 2022, el Archipiélago cubrió el 20% de la demanda eléctrica con renovables (802 MW de potencia), un porcentaje por debajo de la media nacional y el sexto peor entre todas las autonomías. Para alcanzar la meta de 3.410 MW de energía limpia instalada en 2030, habría que conectar más de 370 MW cada año, cuando de 2021 a 2022 tan solo se logró hacerlo en 45 MW.

“Con el ritmo que llevamos va a ser muy difícil alcanzar los objetivos marcados”, esto es, descarbonizar el territorio para 2040, concluye el presidente de SORECAN.

La intención de acelerar el papeleo, además, como ha prometido Zapata, es más complicada de lo pensado porque ante el aluvión de propuestas las reclamaciones por parte de los técnicos podrían aumentar, sugiere Macías. Un ejemplo claro es el estudio de los efectos sinérgicos de las nuevas instalaciones. Anteriormente, un parque eólico o una planta fotovoltaica no solían asentarse en parcelas con más renovables alrededor. Pero ahora, debido a que cada vez hay más, es probable que algunos sí lo hagan y, por tanto, deba analizarse la incidencia ambiental que ello supone en concreto.

“Al primer promotor podrían haberle pedido ”X“. Pero es que ahora al nuevo hay que pedirle ”X“ más ”Y“ más ”Z“ por esos efectos sinérgicos. Esto está ocurriendo más porque hay más renovables”, explica el presidente de AEOLICAN.

Macías también detalla que en los últimos meses ha empezado a exigirse en las Islas el ciclo anual de aves para la tramitación de los planes, es decir, analizar durante un año entero los cuatro ciclos principales de la avifauna para estudiar los posibles impactos. El de AEOLICAN precisa que esta investigación ya solía venir recogida en la evaluación ambiental, pero “no era un requisito inicial de partida”. Ahora sí lo está siendo.

Asimismo, indica que las hibridaciones, la fórmula para conectar dos instalaciones diferentes al mismo punto de acceso a la red, están topándose de nuevo con todos los requisitos medioambientales que, en opinión de Macías, son prescindibles, en especial si la nueva actuación que quiere emprenderse es la edificación de una planta fotovoltaica de menos de cinco hectáreas que funcione como alternativa al molino de viento. Este tipo de operaciones de aprovechamiento de la línea de evacuación también se han incrementado porque “no está aflorando potencia nueva”.

“Estamos en proceso de intentar buscar una solución de consenso [con la Consejería de Transición Ecológica y Energía]. Es verdad que ha habido un cambio, pero hay voluntad para encontrar remedio y sacar las cosas adelante”, agrega el presidente de AEOLICAN, quien confiesa que hubo una reunión reciente con Zapata y otros miembros del departamento en la que estas quejas fueron puestas encima de la mesa.

En esa visita, además, los impulsores de renovables en las Islas manifestaron la necesidad de contar con planes sectoriales entre todas las instituciones involucradas para que luego no haya disparidad de criterio entre ayuntamientos, cabildos y Gobierno autonómico, en lo que representa, según la mayoría de las fuentes consultadas, una de las principales quejas del sector: la inexistencia de un marco común, tanto para la planificación urbanística de renovables (de ahí el descontento de las corporaciones insulares de Lanzarote y Fuerteventura, por ejemplo, con el Plan de Transición Energética de Canarias) como para el requerimiento de documentación a promotores.

“Todo depende mucho de la persona que te toque, porque hay cuestiones que cada uno interpreta a su manera”, lamenta Rodríguez de Azero. “Los trámites ambientales son muy subjetivos, casi te diría que arbitrarios”, añade el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental (COIICO), Carlos Manuel Medina.

El presidente de la Asociación Canarias de Energías Renovables puntualiza que “nadie discute la necesidad de los documentos” requeridos. Pero que para lograr la ansiada “simplificación” de los procesos burocráticos habría que ampliar las plantillas, estructurar normas internas comunes y declarar a más proyectos de interés general. “Para esto tiene que haber consenso. Porque hay que sacarlo adelante. Y yo confío en que lo haremos”, concluye Santiago Marrero, presidente de SORECAN.

Este periódico ha intentado ponerse en contacto con la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno canario para la elaboración de este reportaje, pero hasta la fecha de la publicación no ha sido posible.