El ‘boom’ inmobiliario tras la pandemia multiplica el tráfico de arena en Lanzarote

En El Jable, una extensa llanura de 90 kilómetros cuadrados de arena amarillenta que recorre la isla de Lanzarote, se podían ver dunas de 100 metros de longitud y 16 de altura, según describió el geólogo Hernández-Pacheco en una de sus visitas en 1909. La zona está incluida en la mayor red coordinada de espacios protegidos, la Red Natura 2000, y es conocida por las famosas batatas que produce y los singulares animales que alberga, como la hubara canaria. Sin embargo, desde hace unos meses son otras las noticias relacionadas con esta demarcación.

Ya no hay grandes montañas de arena. La actividad agrícola es cada vez más marginal. Y lo que se puede ver sobre el terreno son, por un lado, largas y eternas huellas de neumáticos por culpa de los rallies que se han celebrado en este lugar durante años y, por otro, agujeros de hasta 20 metros de profundidad donde empresas constructoras extraen arena día y noche. Algunas con autorización. Otras, muchas de ellas, sin un documento que las acredite.

El año pasado, la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) abrió 23 expedientes sancionadores por la extracción ilegal de áridos (18 de ellos en Lanzarote), récord absoluto desde que hay datos. El curso anterior, 2020, solo se reportaron dos infracciones. El aumento es más que notorio. Detrás hay un contexto que conjuga los precios alcistas de la arena, la demanda de este material en pleno boom inmobiliario y el auge del tráfico ilegal como vía alternativa.

Los áridos (arena, grava y piedra triturada) podrían optar al primer puesto de minerales más desconocidos y presumiblemente insignificantes. Pero son el segundo recurso natural más explotado en el mundo después del agua, y su uso se ha triplicado en las últimas dos décadas hasta alcanzar una cifra de entre 40 y 50 mil millones de toneladas métricas al año, según un reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Funcionan para levantar cualquier muro que se proyecte, para homogeneizar las mezclas de concreto, yeso y hormigón, para fabricar vidrio, para rellenar acuarios y playas artificiales (en Canarias hay varias así), para la producción de plástico, para elaborar papel de lija, para drenar agua, para la protección contra inundaciones, para mejorar la fracción de rueda en los raíles del ferrocarril, para la pintura, ya que aporta más adherencia, para crear superficies de juego, como las pistas de béisbol y voleibol, también está en los bunkers de los campos de golf y como capa protectora de las carreteras.

“Mientras se sigan licitando obras, tanto privadas como públicas, va a haber demanda de áridos. Y si no hay canteras legales para abastecer esa demanda, estos van a seguir saliendo de algún sitio”, asume Rita Martínez, responsable de la Asociación Nacional de Fabricantes de Áridos (ANEFA) en Canarias. “Las obras no van a parar por eso”, remacha.

En Lanzarote, solo en 2020 se aprobaron visados de obra para una superficie de 204.853 metros cuadrados, la mitad vinculados con el turismo, según cifras del Colegio Oficial de Arquitectos de Las Palmas. Es el valor más alto desde 2007 (787.425 metros cuadrados), en plena burbuja del ladrillo y justo antes de que estallara la crisis financiera.

El final progresivo de la pandemia levantó la veda de la construcción y, con ella, de la demanda, ahora casi súplica, de arena en las Islas. El problema es que hay menos fuentes para conseguirla que hace una década. En 2010 había 43 explotaciones autorizadas en el Archipiélago para extraer arena y grava, pero en 2020 el dato cayó a 26, según las estadísticas mineras del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Las compañías han comenzado a impacientarse y algunas ya valoran importar el mineral o, como los registros apuntan, hacerse con él de forma irregular.

“Legalmente es muy difícil acceder a los recursos minerales en las Islas, especialmente en Tenerife. Hoy en día nos pegamos años para una autorización. Muchos años. Y claro, mientras tanto, las necesidades de áridos son permanentes y hay que sacar el material de algún lado”, razona Martínez. “¿De dónde sale? Del picoteo de parcelas, de piedra machacada en cubiertas agrícolas… Y todo eso tiene sus repercusiones después, porque al no cumplir las prescripciones técnicas, puede haber dificultades para estimar la durabilidad de una carretera, por ejemplo”.

A las cuestiones burocráticas se suma el aumento de los precios, como ha ocurrido recientemente con la mayoría de las materias primas. El anuario de la estadística minera de España cifra en 8,16 euros el coste de la tonelada de áridos en Canarias, el segundo valor más alto de todo el país, solo superado por Baleares (8,28) y prácticamente el doble que la media estatal (4,97). Además, traerla de fuera de la comunidad tampoco está resultando buena opción. En el año 2000, importar una tonelada de arena natural de cualquier clase costaba a los comerciantes canarios 8,82 euros. En 2021, esa cifra asciende a los 22,92 euros, récord en este siglo, acorde a los datos de Comercio Exterior publicados por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

En este sentido, el caldo de cultivo parece idóneo para que florezcan las llamadas “mafias de la arena”. O para que, al menos, asociaciones como la Cooperativa de Transportistas de Lanzarote hayan estado a punto de celebrar un paro general por la escasez de autorizaciones para su extracción, según defienden. Mientras, en la isla conejera llevan meses escuchando la misma noticia: el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) sanciona a una empresa por extraer ilegalmente arena de El Jable. Las infracciones normalmente son por explotar la zona en periodo de nidificación de aves o por adelantarse a los plazos de la tramitación. El importa de la multa varía desde los 600 a 600.000 euros según la extensión de suelo afectada.

“Está claro que las extracciones ilegales suponen de facto la destrucción del hábitat. La minería a cielo abierto es muy lesiva para la biodiversidad”, reflexiona Yarci Acosta, licenciado en Ciencias Ambientales y delegado de SEO/BirdLife en Canarias. Pero es que en El Jable también hay extracciones legales, porque 255,8 hectáreas de la reserva están clasificadas como suelo rústico potencialmente productivo minero, según el Plan Insular de Ordenación Territorial (PIOT). “En ese punto, hay que hacer un balance entre cuánto hábitat estamos dispuestos a destruir para obtener un beneficio económico”, continúa el experto.

Y no se trata de un entorno cualquiera. El Jable cuenta con una Zona Especial para la Protección de las Aves (ZEPA) donde, según un informe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) firmado en 2021, se está extrayendo una “enorme cantidad” de arena que está dañando el ecosistema de la hubara canaria, especie endémica en peligro de extinción con apenas 440-452 ejemplares en Lanzarote.

El texto del CSIC apunta que “como consecuencia de esta actividad, no solo puede producirse una pérdida de hábitat directa y permanente, sino también daños en los hábitats circundantes debido al polvo, ruidos, creación de nuevas pistas, circulación de camiones de maquinaria pesada y presencia humana”. Alberto Ucero, investigador predoctoral del CSIC dentro del departamento de Ecología Evolutiva, recuerda que del mismo modo hay reptiles, mamíferos, artrópodos y otras aves que ven degradado su ecosistema.

Aun así, esta realidad de afección medioambiental mezclada con tintes de ilegalidad no es nueva en El Jable. Hace casi 25 años, la Unidad de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote, liderada por Luis Pascual González, redactó un escrito en el que explicita que “la mayoría de las extracciones que se llevan a cabo en la isla carecen de las preceptivas autorizaciones administrativas”. Y cuando sí la tienen, continúa el texto, “se incumplen las especificaciones relativas a pantallas visuales, producción de polvo y ruido, etc.”, así como los planes de restauración de la cantera, esenciales en cualquier proyecto si los promotores no quieren enfrentarse a una sanción.

La fiscalización de que se cumpla o no la normativa recae en la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias, apoyada con información y denuncias del SEPRONA y cualquier organismo o entidad que aprecie una presunta irregularidad. El Cabildo de Lanzarote, por su parte, presenta una plantilla de tan solo ocho agentes de Medio Ambiente (hace poco más de un año solo había dos) que, según indican, hacen una vigilancia continua en El Jable junto a SEPRONA y ONGs.

La sensación general, eso sí, es que si no hubiera colectivos destinados a denunciar los atentados medioambientales que se registran en El Jable, poco se hablaría de ello. “Nosotros hemos llegado a contar hasta 15 camiones en un día, cada uno con 20 toneladas de arena. Entran de día y de noche. Eso no puede ser”, subraya Carmen Portela, de la asociación Desert Watch, quien también cree que últimamente hay una mayor concienciación sobre el valor ambiental de esta reserva. “No somos los únicos que estamos denunciando. Hay más asociaciones y sé que esta zona ahora está mucho más vigilada. Las personas ya saben lo que tienen que hacer cuando ven una infracción. Hay una reacción de la ciudadanía y es normal”.

Desde hace unos años, las alertas sobre el uso masivo de áridos y la necesidad de catalogarlos como “recursos estratégicos” son más incesantes. Ya no solo por el simple hecho de ser materiales finitos para los que no hay ninguna contabilidad, sino también por su importancia dentro del medio natural al servir como ecosistema de muchas especies y protección contra las inundaciones en las zonas costeras. Un ejemplo muy claro: la extracción extensiva de arena agravó los impactos del tsunami de 2004 en Sri Lanka, según una investigación.

“A raíz de la Segunda Guerra Mundial empezó un proceso de aceleración en nuestro consumo de recursos naturales y desarrollo de infraestructuras. La gran parte de los materiales que hemos consumido ha ocurrido en los últimos 20 años, lo que debe darnos una idea de la dimensión de los cambios”, sostiene Aurora Torres, doctora en Ecología en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, y que lleva años investigando los vínculos entre la gestión de la arena, las presiones ambientales y sus resultados socioeconómicos.

Para los áridos, el pasado más reciente ya ha sido especialmente duro por el negocio que se ha creado a su alrededor. Pero es que el futuro tiene incluso peor pinta, con la urbanización proyectada para territorios aún en desarrollo, como África y Asia, que se prevé. Según un artículo científico en el que ha participado Torres, se espera que la extracción de estos recursos se doble para el año 2060. Dada su alta relevancia, en países como Marruecos, India, Bangladesh, China, Italia y Camboya, “han brotado conflictos causados por la minería ilegal o ilícita”, apunta otro estudio, esta vez publicado en la revista Journal of Illicit Economies and Development.

“Desgraciadamente, la planificación de actividades de construcción no suele llevar asociada una buena planificación de la extracción de minerales. Se da por sentado y se asume que va a haber. Pero eso muchas veces se topa con la realidad”, explica Torres. En este contexto, la investigadora agrega que la regulación a veces tiene una doble cara. Por un lado, limita el acceso y rebaja el impacto, pero por otro, “conduce a que aumente el precio y que sea más lucrativo realizar las extracciones ilegales”.

En su informe, la ONU también resalta que cuando no se satisface la demanda de áridos, “puede surgir un suministro ilegal, incontrolado y no regulado, con importantes repercusiones sociales y medioambientales”. Así que parte importante de la comunidad científica, sobre todo aquella centrada en pedir un decrecimiento del consumo, como vienen haciendo muchos expertos en Canarias en los últimos meses, también está explorando vías alternativas para sostener el sistema.

Para Torres y otras colegas científicas, una buena opción sería pasar del modelo actual, en el que la arena prácticamente actúa como columna vertebral del desarrollo, hacia una producción que conjugue la minería de subsistencia y la de mayor escala a través de megacanteras de roca triturada, dragados marinos y materiales secundarios reciclados, según exponen en una reciente investigación.

“La principal alternativa ahora mismo [para los áridos] son los residuos de las obras de construcción. Pero hay un montón de iniciativas en marcha que están tratando de analizar el potencial de distintas actividades par producir recursos alternativos. Lo que también habría que hacer es reducir la demanda en la medida de lo posible, que haya una buena planificación de lo que se quiere edificar”, argumenta Torres.

Para Julio Barea, doctor en Geología y responsable de las campañas de Consumo y Biodiversidad de Greenpeace, sale “barato” aprovecharnos del medio natural. Y cuando aumenta el coste económico, “ya estamos viendo lo que pasa”.