La organización ecologista SEO/BirdLife ha reaccionado al fallo del Tribunal Constitucional (TC) a favor del Estado en la disputa por las competencias respecto al expediente de caducidad de la concesión del hotel Oliva Beach, situado en el Parque Natural de Corralejo (Fuerteventura), resaltando que ahora “queda despejado el camino” para el derribo de estas infraestructuras turísticas que generan “gran impacto” y “deterioro” del espacio.
En concreto, SEO/BirdLife expone en un comunicado que tanto los apartamentos como los hoteles Oliva Beach y Tres Islas además de generar “una anomalía visual de gran impacto dentro del complejo dunar más relevante” de Canarias, implican también “graves perjuicios y deterioro” tanto al espacio como a un “buen número” de especies protegidas de aves.
La zona afectada es un espacio declarado Zona de Especial Conservación (ZEC Corralejo) y Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA Dunas de Corralejo e Islote de Lobos), ambas pertenecientes a la Red Natura 2000.
En estas zonas se pueden encontrar, entre otras especies, la hubara canaria (Chlamydotis undulata fuertaventurae), catalogada como “en peligro de extinción”, y el corredor sahariano (Cursorius cursor) o la ganga ortega (Pterocles orientalis), ambas en la categoría de “vulnerable” en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y el Catálogo Español de Especies Amenazadas.
Garantiza la demolición
Desde SEO/BirdLife se recuerda que tras varias décadas de concesión de estos complejos, en febrero de 2020 el Estado firmó la caducidad de la misma por “incumplir la normativa de costas”, comunicando a la concesionaria la obligación de demoler.
En ese transcurso, el Gobierno de Canarias, inmerso en el proceso de transferencia de competencias en esta materia de costas por parte del Ejecutivo central, acudió al Tribunal Constitucional (TC) en defensa de lo que consideraba sus intereses, si bien ahora el TC ha rechazado las alegaciones planteadas por la administración autonómica y ha fallado apuntando que corresponde al Estado decidir sobre la caducidad de la concesión de los hoteles y apartamentos.
De esta forma, es el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) el que debe “garantizar que se procede a demolerlos y que se realiza la restauración ecológica pertinente”.
Tras conocer este fallo, el delegado de la SEO/BirdLife en Canarias, Yarci Acosta, lo ha celebrado porque confirma la competencia del Estado en esta circunstancia. Además ha solicitado al Gobierno regional poner “el mismo celo que muestra a la hora de reclamar competencias al Estado en garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental en el archipiélago”.
Por último, en lo que se refiere a los trabajadores afectados, piden tanto a la administración regional como central “colaboración y diálogo para identificar” opciones para los empleados que se vieran afectados por un eventual derribo y el cese de la actividad económica que llevaría aparejado.