Los conceptos asociados al cambio climático y a la sostenibilidad ambiental son los más repetidos – hasta dieciocho veces- a lo largo de los 26 folios de los que consta el documento suscrito este sábado entre las fuerzas políticas que se disponen a sustentar el próximo gobierno de Canarias. Y, efectivamente, tal y como se llega a afirmar en uno de los puntos del pacto, la lucha contra el cambio climático será “una preocupación trasversal” para el PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos y la Agrupación Socialista Gomera a lo largo de la legislatura 2019-2023.
Entre otras medidas novedosas, el Gobierno que presidirá Ángel Víctor Torres (PSOE) tendrá entre sus prioridades la elaboración de un plan integral de lucha contra el cambio climático en el que se incluirá la primer objetivo la expansión de las energías renovables, la movilidad sostenible (con facilidades para los vehículos eléctricos), un plan de tratamiento de residuos sólidos que incluya la “drástica reducción del uso de los plásticos” y una nueva política de aguas que permite recuperar los mermados acuíferos de Canarias mediante el ahorro, la desalinización y la reutilización de este recurso.
Pero la medida estrella a la que hasta ahora se han venido oponiendo los sucesivos gobiernos de Canarias y las patronales turísticas es la de la imposición de una tasa ambiental con carácter finalista destinada a hacer frente a ese plan integral de lucha contra el cambio climático. La tasa será cobrada a los turistas por cada día de pernoctación en el Archipiélago al modo que ya opera en otros destinos turísticos como Catalunya o Baleares, y en una docena de ciudades europeas como Lisboa, París, Praga o Amsterdam. La tasa turística ha sido reiteradamente reclamada por todas las fuerzas progresistas que conforman el pacto de progreso, a excepción de la Agrupación Socialista Gomera.
Cada turista habrá de pagar una tasa por pernoctación que variará en función del lugar en el que se encuentre su establecimiento, la categoría que tenga y la temporada turística en la que se produzca.
Para entrar a reformar la polémica Ley del Suelo, aprobada en la pasada legislatura con los votos de Coalición Canaria, el Partido Popular y la Agrupación Socialista Gomera, el pacto de progreso ha rescatado el que fuera uno de los proyectos estrella del último gobierno socialista, el de Jerónimo Saavedra entre 1991 y 1993. Se trataba del Pacto del Territorio, en el que se logró involucrar a todas las instituciones con competencias en el suelo, colectivos ecologistas, universidades, organizaciones empresariales, profesionales y hasta federaciones de asociaciones de vecinos para dar lugar a una ley consensuada que ordenara el desarrollo de manera sostenible a partir de un diseño democrático y participativo. Los padres del Pacto del Territorio fueron el entonces consejero de Política Territorial, José Francisco Henríquez, y los ya fallecidos Carmelo Padrón (viceconsejero de Medio Ambiente) y Domingo González Chaparro (coordinador del proyecto).
El Pacto del Territorio fue acogido con muchas reticencias, cuando no rechazo frontal, por parte de los poderes tradicionales de Canarias, fuertemente vinculados a la construcción y al turismo. De hecho, la única institución que se negó a firmar el acuerdo fue el Cabildo de Tenerife, presidido entonces por Adán Martín, ya fallecido, que ocupó luego la presidencia del Gobierno entre 2003 y 2007. Todo se frustró con la moción de censura que encabezó el que era vicepresidente del Gobierno de Jerónimo Saavedra, Manuel Hermoso, en el hito que supuso el nacimiento de Coalición Canaria al sumar justo 31 diputados entre su partido, las Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC), Iniciativa Canaria (Ican), Asamblea Majorera y el Centro Canario Nacionalista. Los seis diputados del PP se abstuvieron y el PSOE pasó a la oposición con 23 diputados. Desde entonces no ha vuelto a presidir el Gobierno regional.
Un referente
La trasversalidad de las medidas ambientales ya se aprecian desde los primeros párrafos del acuerdo: “Este programa de progreso tendrá como eje vertebrador alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) contemplados en la Agenda 2030, para que Canarias sea un referente en sostenibilidad social, económica y medioambiental, y mejorar así la vida de las personas”.
Las medidas también afectarán a la agricultura, a la que se pretende aplicar medidas que mejoren “nuestro nivel de autoabastecimiento de productos alimenticios y la producción de calidad y ecológica”; a la pesca, con apoyo especial a “aquellas pesquerías más sostenibles y de carácter artesanal”, y al sector industrial, con un plan de tratamiento de residuos sólidos y de extensión del autoconsumo energético, y a las infraestructuras, primando las inversiones públicas que contribuyan a la sostenibilidad y a la lucha contra el cambio climático en el fomento de las energías renovables, la depuración de aguas, la movilidad sostenible y la rehabilitación de viviendas para fomentar la eficiencia energética.