Eran los grandes propietarios feudales de arenales y grandes zonas áridas en el sur de Gran Canaria, hasta que en los años sesenta del siglo pasado, la familia Del Castillo, titular del Condado de la Vega Grande, comenzó a levantar lo que hoy es el emporio turístico Maspalomas Costa Canaria. Estos días de estado de alarma y confinamiento la familia condal ha vuelto a estar en el centro de la polémica del sector turístico por sus proyectos de montar chiringuitos de playa apelando a sus derechos históricos, reconocidos por el Tribunal Supremo hace tres décadas. Y sin que nadie, ni siquiera la administración pública del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, pueda reclamar el derecho a la libre competencia.
Aun así, tras la polémica generada entre ecologistas y empresarios de la zona por la instalación de un primer chiringuito en la playa de Las Burras sin que casi nadie reparara en los plazos legales, los históricos promotores se enfrentan a otra marea: la de las alegaciones en tiempo y forma ahora que se ha conocido un segundo proyecto en la playa de San Agustín. La tramitación de la Delegación de Costas para un nuevo chiringuito desmontable con aseo de 20 metros cuadrados y terraza de 50 metros cuadrados en esta playa familiar sobre todo en verano, pequeña y estrecha ha recibido ya las críticas de expertos y usuarios que cuestionan su impacto ambiental y su justificación para ocupar el dominio público mientras el ayuntamiento, hoy gobernado por un cuatripartito con el PSOE al frente, rehúsa tomar cartas en el asunto.
La Ley de Costas de 1988 convirtió en dominio público todas las playas de España, concediéndole a los ayuntamientos el derecho preferente sobre su gestión y explotación. Sin embargo, en varias de las playas más turísticas del sur de Gran Canaria, incluidas Las Burras, San Agustín y sectores de Playa del Inglés, el Condado de la Vega Grande tiene el derecho preferente a la explotación de los servicios de temporada y todas las actividades económicas permitidas a raíz de una larga batalla legal que llegó al Supremo. Tras demostrar que la familia del Castillo tenía registradas a su nombre las parcelas que incluían dichas playas antes de que la Ley de Costas de 1988 las hiciera de dominio público, consiguieron que se les concediera, como compensación de la pérdida de la propiedad, la concesión de los derechos de explotación por 30 años prorrogables por otros 30 más.
“El derecho preferente es solo para explotar lo que Costas autorice, no lo que ellos quieran”, dice Pepe Fernández, director de Costas del Gobierno de Rodríguez Zapatero entre 2004 y 2008 y antiguo gerente del Consorcio para la Rehabilitación de las Zonas Turísticas de San Agustín, Playa del Inglés y Maspalomas, que ha presentado alegaciones contra el chiringuito en San Agustín pidiendo la denegación del proyecto.
Fernández dice que los del Castillo intentan “disfrazar” la explotación comercial de la playa de un servicio de temporada para legitimar su ocupación del dominio público marítimo terrestre. En sus alegaciones, dice que la solicitud de autorización hace referencia a la explotación de los servicios de temporada en las playas del término municipal de San Bartolomé de Tirajana sin que en ningún momento se acredite que el ayuntamiento correspondiente haya solicitado y obtenido de la Demarcación de Costas de Canarias.
Al no poder enmarcarse bajo el epígrafe de servicios de temporada en playas, se trata de una solicitud ordinaria de autorización administrativa aislada, bajo iniciativa particular, que les corresponde a los del Castillo en virtud del derecho preferente que tienen reconocido, pero que no obliga a la administración a otorgarlo.
En la petición sacada a información pública por Costas, la familia del Castillo afirma que la instalación se dedicará a expender bebidas, fruta, helados y productos alimenticios, un servicio que tildan “de imperiosa y urgente necesidad” ante la inexistencia en la zona de una prestación similar “que permita consumir líquidos a pie de playa por personas expuestas a altas temperaturas”.
A esto, Fernández responde que la playa de San Agustín “viene siendo objeto de intenso uso por todo tipo de usuarios desde hace más de 50 años, sin que hasta ahora haya contado con este tipo de instalaciones sobre la superficie de la playa, y sin que conste que nadie, ni usuarios ni instituciones públicas, haya demandado su instalación para satisfacer la supuesta necesidad señalada por los solicitantes”.
Señala además que, de acuerdo con la Ley de Costas, únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación y las edificaciones de servicio de playa se ubicarán, preferentemente, fuera de ella. Fernández alega que, en una playa relativamente pequeña como la de San Agustín, que a marea alta no supera los 30 metros de ancho, la instalación del chiringuito sobre la playa no está justificada porque puede prestar sus servicios fuera de la playa sin que esto afecte a su calidad. En contraste, dice que los chiringuitos en la playa de Maspalomas están justificados porque, debido a la extensión del arenal hasta las Dunas, no hay alternativas viables fuera de la arena para servir a los usuarios. Subraya además que en el caso de San Agustín existe un área de servidumbre rodeando la playa expresamente reservado para la instalación de servicios como los que pretende ofrecer el chiringuito.
A todo esto, Fernández añade que el chiringuito ocuparía una zona sometida a riesgo de inundación, que “produce una indudable intrusión visual” y que su construcción intervendría con las oscilaciones naturales de la playa y con sus usos comunes y pide, por lo tanto, la denegación de la autorización.
El antiguo director de Costas no es el único que ha criticado el proyecto. Una arquitecta y urbanista que ha preferido no dar su nombre está preparando alegaciones en su contra “por sentido común y cuidado del medioambiente como grancanaria y usuaria de la playa”, y asegura que son muchos los interesados en colaborar con ella en el proceso. La arquitecta cuestiona que sea indispensable la instalación y critica su alta visibilidad al estar situado sobre una loma en la playa y la carencia de un estudio medioambiental.
La arquitecta dice que la redacción del proyecto es ambigua porque propone la instalación de un modelo prefabricado que, asegura, no corresponde a los modelos existentes e incluye la posibilidad de sustituirlo por uno “similar”. Dice que “deja todo muy abierto para que luego hagan lo que les dé la gana, para ahorrar costes o lo que sea”. Advierte también que el impacto del chiringuito sobre la playa y sus usuarios puede verse amplificado por la instalación de servicios complementarios y los procesos de abastecimiento y demás necesidades de funcionamiento del negocio que, al estar situado en la misma arena, obligarían a atravesar el paseo y la playa.
Por su parte, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana se mantiene al margen del asunto. El consistorio local no ha respondido a las peticiones de Costas de un informe sobre el proyecto y transcurrido el plazo de 20 días hábiles se considera silencio administrativo positivo. En el caso del chiringuito de Las Burras, tramitado en 2018 bajo el anterior grupo de gobierno liderado por Marco Aurelio Pérez (AV-PP), Costas explica que esperó el informe del ayuntamiento durante más de ocho meses. La licencia de obras de Las Burras fue luego concedida por el actual grupo de gobierno a principios de 2020.
El primer teniente de alcalde del ayuntamiento, Samuel Henríquez (NC), visto el revuelo causado por el quiosco de Las Burras, preferiría no otorgar permiso a este proyecto. “Si los tres portavoces dijimos que el que se instaló en Las Burras, al final, no tiene sentido, no vamos ahora a apoyar otro”, dice. “No tiene sentido generar polémicas banales cuando allí hay bares y restaurantes que pueden prestar los mismos servicios”, añade.
Sin embargo, Henríquez asegura que “no afecta para nada” al proceso de renovación del destino turístico que quiere llevar a cabo su gobierno y que “esta es una playa que depende del Conde”. Según Henríquez, se trata de “una polémica banal” porque los promotores tienen el derecho concedido de explotar las playas y critica que los empresarios no tomen la iniciativa para poner un modelo de servicios de temporada que exigen a la administración, aunque son diferentes intereses empresariales los que están a favor y en contra de los chiringuitos.
Alejandro Marichal (CC), concejal de Turismo y Urbanismo del ayuntamiento, contradice al primer teniente de alcalde, asegurando que la posición del grupo de gobierno es que están “totalmente de acuerdo” de la instalación de chiringuitos en las playas para “mejorar los servicios prestados siempre y cuando se repete la regulación”. Marichal dice que una vez autorizada la ocupación del dominio público por parte de Costas, el ayuntamiento está obligado a conceder la licencia de obras y que no puede “decirle a nadie cómo debe llevar su negocio”. Dice que la decisión sobre el quiosco depende de Costas y no puede asegurar que el consistorio vaya a presentar un informe al respecto.
El responsable de Turismo añade que ha llegado a un acuerdo verbal con la familia del Castillo para mejorar la imagen del chiringuito de Las Burras respecto a lo mostrado inicialmente en el proyecto y espera que más adelante los familiares del Conde se unan al proyecto de la concejalía de Turismo de crear un concepto de “hamaca y quiosco canario, como existe la hamaca balinesa o la ibicenca, que homogenicen y distingan la imagen del destino turístico” a través de un concurso de ideas.
Por su parte, el jefe de la Demarcación de Costas, Rafael López Orive, asegura que, aunque la familia del Castillo tenga el derecho preferente, el ayuntamiento tiene “muchas competencias” sobre el chiringuito, incluyendo aspectos como el impacto visual, el ruido, el saneamiento, la sanidad y la limpieza del establecimiento. “Si ellos no quieren, el chiringuito no se abre”, dice Orive, subrayando que, una vez concedido el permiso de ocupación por parte de Costas, depende del consistorio local la concesión de la licencia de obras y varios otros permisos necesarios para el funcionamiento del establecimiento.
Henríquez, sin embargo, dice que con el chiringuito de Las Burras “no hay nada que hacer” y pide que los críticos esperen a verlo cuando esté finalizada la obra. Es importante recordar que la autorización de la que goza la familia del Castillo en Las Burras, al igual que la que pide en San Agustín, dura cuatro años una vez concedida y, una vez cumplidos esos cuatro años, se pueden renovar o se deberá retirar la instalación. Al haberse concedido la autorización de Las Burras por parte de Costas en la primera mitad de 2019, solo restan 3 años hasta su vencimiento.
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