Casi una decena de colectivos se manifiestan este sábado en Tenerife para pedir una moratoria, ecotasa y una ley de residencia

Casi una decena de colectivos sociales y ecologistas han convocado este sábado, a las 11.30 horas en el municipio de Arona (en el sur de Tenerife), una manifestación en la que reivindican la aplicación de una moratoria turística, una ecotasa y una ley de residencia.

Bajo el lema Canarias ya no es un paraíso. Por un cambio de modelo, la marcha partirá desde las 11.30 horas del parking ubicado junto al centro Metrópolis para proseguir por el paseo costero hasta llegar a la plaza La Pescadora, en Los Cristianos.

Los convocantes aseguran que la isla “se encuentra completamente colapsada, con la costa llena de vertidos (más de 200), atascos kilométricos en toda la isla, con destrucción y ocupación de la franja costera, nuevos hoteles y urbanizaciones de lujo que seguirán empeorando esta situación de colapso y de deterioro ambiental”.

Con respecto a la moratoria aseguran que el objetivo es “frenar” la ocupación hotelera, prohibiendo la construcción de más camas turísticas en hoteles, apartamentos y otras infraestructuras destinadas al turismo.

A su juicio, “el turismo de masas ha destruido numerosos espacios naturales a lo largo del archipiélago, y provocado la degradación de muchos otros por la presión insostenible que ejercen los 13 millones de turistas que visitan las islas cada año”.

En el caso del sur de Tenerife, indican, “la población de cetáceos sufre estrés crónico por la gran presión turística en la zona”.

Los manifestantes señalan en un comunicado conjunto que “este tipo de turismo provoca daños irreparables al patrimonio natural y cultural de Canarias, por tanto, para asegurar la conservación de estos valores únicos, se propone esta moratoria seguida de un plan de decrecimiento, para así poder apostar por un turismo de calidad, que con su visita contribuya a la conservación del archipiélago y no lo contrario, que es lo que ocurre en la actualidad”.

Sobre la ecotasa, explican que se le aplicaría a todos los turistas que visiten las islas y la recaudación sería utilizada “únicamente” para la protección, conservación y regeneración de los espacios naturales del archipiélago.

Entre algunas medidas que se proponen está el aumento considerable de la vigilancia ambiental, la regeneración de espacios naturales degradados o crear corredores ecológicos que conecten espacios naturales entre sí, “ya que esta es la única forma de proteger la biodiversidad de forma eficaz”.

La superpoblación, una amenaza ambiental

En cuanto a la ley de residencia, apuntan que la superpoblación “es una amenaza ambiental de primer orden” para el medio natural canario y está llevando a gran parte del archipiélago “a una situación de agotamiento de recursos y, por lo tanto, de crisis social”.

En esa línea exponen que la destrucción del territorio, el encarecimiento de la vivienda y la escasez de recursos “son algunas de sus consecuencias más notables” por lo que si la población residente “continúa creciendo descontroladamente, esta situación será cada vez más grave e insostenible”.

Con esta medida, apuntan, “se pretende limitar el establecimiento de todas aquellas personas que vienen a vivir aquí por opción, para disfrutar de las islas o la compra de segundas residencias”.

Esta medida, subrayan, “es especialmente importante por todas las urbanizaciones que están proyectadas, y que están destruyendo hectáreas de espacios naturales para el disfrute de personas con un alto poder adquisitivo”.

En el contexto actual, prosiguen, seguir aumentando la población “no tiene ningún sentido ecológico ni social”.