El documento consta de 14 acuerdos. Media decena comienzan con el verbo “instar”, dos con “encomendar” y uno con “solicitar”. La declaración de emergencia energética aprobada por el Gobierno canario de Coalición Canaria (CC)) y Partido Popular (PP) es un texto de siete páginas. Pero lo importante, el meollo del asunto, puede encontrarse en unos pocos párrafos que definen, de una forma un poco vaga, las medidas temporales necesarias para garantizar el suministro eléctrico “en el corto plazo” en las Islas, un periodo aún sin precisar y que podría alargarse más allá de un lustro.
El Ejecutivo regional quiere que las próximas actuaciones en materia energética en el Archipiélago, después de que Red Eléctrica estimara en 2021 un déficit de 120 megavatios (MW) en Gran Canaria, 80 en Tenerife y 30 en Fuerteventura, según ha dicho el consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Zapata (PP), vayan encaminadas a generar esa energía necesaria de manera “flexible, gestionable y con mínimos técnicos cercanos a cero, facilitando, a su vez, la mayor integración de (…) renovables”.
Fuentes de la Consejería han revelado que los nuevos grupos energéticos a instalar tendrán una potencia mínima de 15 y máxima de 30MW. Los cabildos, administraciones con las que Zapata ha insistido mucho estos días para armonizar la transición en las Islas, decidirán qué incorporar en función de sus necesidades (tamaños de grupos “adaptados a cada sistema insular”, recoge la declaración). Esas mismas fuentes aseguran que el combustible a emplear (diésel, fueloil o gas, presumiblemente) será el que proponga el promotor. Y a este último lo contratará en cada caso el Gobierno canario a dedo, sin necesidad de concurso público “dado el interés general de las medidas a adoptar”, defiende el Ejecutivo autonómico. Zapata ha asegurado que al menos media docena de empresas ya han presentado ofertas al respecto.
Los expertos consultados reconocen que la emergencia es real. Que ha habido ceros energéticos recientes y que podría haber incluso más con el paso de los años, ya que cerca de la mitad de los grupos de generación de electricidad de las centrales térmicas de Canarias superó su vida útil antes de 2020. “Imagina que tienes un coche que acaba de salir del concesionario. En ese momento, es poco probable que presente algún rasguño, pero después de 25 años sí puede producirse una rotura importante. Eso es evidente y lo entiende todo el mundo”, resume José Luis Porta, consultor de energía de almacenamiento en baterías y exportavoz de la Plataforma Salvar Chira-Soria.
La clave radica, entonces, en cómo va a hacerse la “renovación” energética urgente que explicita la declaración para sustituir los grupos antiguos por unos nuevos. Para Roque Calero, catedrático en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), eso ha quedado un poco en el aire, al albur de lo que las empresas ofrezcan. Zapata ha revelado que son las compañías las que especificarán las tarifas y ubicaciones de las instalaciones. También el combustible a utilizar.
Pero la idea es un tanto peligrosa, según Calero, en especial por las intenciones que ha mostrado el Partido Popular en introducir el gas en las Islas, una “solución posible y viable”, defendió el consejero popular en una entrevista reciente con Canarias 7 y que, también, es apoyada por el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental (COIICO), Carlos Manuel Medina.
“Los grupos [nuevos] podrían funcionar con eso, luego con una mezcla de gas e hidrógeno y, finalmente, solo con hidrógeno. Pero es probable que continuemos utilizando gasoil. Y seguiremos siendo los campeones de Europa en contaminación ambiental en centrales térmicas”, remacha el experto. Según un informe de la Comisión Europea, las dos instalaciones más grandes de las Islas en este sentido, las de Juan Grande (Gran Canaria) y Granadilla de Abona (Tenerife), están entre las 20 más contaminantes de España.
La elección del combustible sobre el que va a asentarse el futuro energético a corto plazo del Archipiélago no es baladí. Sobre todo porque ese periodo va a dilatarse el tiempo en que tarde por adjudicarse el concurso para renovar por completo las centrales térmicas de Canarias, un procedimiento farragoso desde la aprobación de la Ley 17/2013, aprobada por el PP cuando por entonces el ministro de Industria, Energía y Turismo era el canario José Manuel Soria, y que fácilmente podría prolongarse un máximo de ocho años, según la estrategia titulada Generación Gestionable del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC).
“Desde que se comunica la actuación hasta que es implementada, pasando por un complejo procedimiento que incluye trámites burocráticos y diferentes concursos para la adquisición de equipos y componentes”, reza la misma estrategia.
El que fuera portavoz del PSOE en la Comisión de Industria y Energía en el Congreso en la época en que fue aprobada la citada normativa, José Segura Clavell, también doctor en Ciencias Químicas, ha reiterado en varias ocasiones que el reglamento mencionado generó una “maraña administrativa” que ha “bloqueado e impedido las iniciativas que hoy evitarían que toda una isla se quedase sin luz”. Endesa, empresa que monopoliza la distribución de energía eléctrica en Canarias, también compra esta tesis, de acuerdo con un informe revelado hace poco por el periódico El Mundo.
“Canarias es la región del Estado español peor equipada para garantizar el suministro de energía eléctrica. Y hay que salir de esta situación de crisis, pero no poner parches simples”, resume Segura en conversación telefónica.
Esa cuestión, la del concurso, es una acción pensada a medio y largo plazo. El anterior Gobierno canario y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico acordaron las actuaciones para ello a principios de este año. El nuevo Ejecutivo regional ha dicho que pedirá al Estado “la mayor brevedad posible”. Pero las acciones de emergencia, las que deben acometerse ahora, centran el debate por el posible frenazo que podrían suponer para los objetivos medioambientales marcados.
La Comunidad Autónoma quiere descarbonizar su territorio para el año 2040, pero Zapata ya ha dicho que en el escenario actual es muy difícil alcanzar esa meta. En el caso de las centrales térmicas, además, la vida útil regulatoria de los nuevos grupos a instalar es de un mínimo de 25 años y la administración debe respetar ese periodo de actividad a los titulares de estos. No obstante, unos facilitan más que otros la penetración de renovables, que en estos momentos ronda el 20% en el Archipiélago, según los expertos consultados. Así que todo vuelve a girar en torno a qué ofrecerán las empresas y qué decidirá el Gobierno canario de CC y PP.
“Necesitamos tener energía eléctrica constante y que nunca falle. Porque si no lo es [como ocurre actualmente con las renovables, que son intermitentes al no haber siempre viento y sol], la catástrofe es general”, destaca Rafael Martell, expresidente de la Asociación Eólica de Canarias (Aeolican). Eso, añade el empresario, solo puede hacerse renovando el sistema.
El catedrático Roque Calero lleva años pidiendo lo mismo. Él sugiere reducir el tamaño de los grupos de generación de electricidad e instalar pequeños motores diésel, de cilindros y pistones, para que un grupo pueda dar respaldo a otro y así tenerlos al ralentí (e incluso parados) al tratarse de dispositivos de arranque rápido. Con eso, apunta, la inyección de renovables sería mayor, puesto que los motores podrían socorrer de forma fulgurante en caso de escasez de energía limpia o incremento súbito de la demanda.
Los actuales grupos, sin embargo, en especial los de ciclo combinado, no pueden hacerlo, ya que son inflexibles, muy antiguos y tardarían mucho más tiempo en arrancar, de ahí que parte de la producción eólica, sobre todo cuando hay importantes rachas de viento, no pueda ser introducida en la red. Porque la central no puede detenerse, literalmente. Y si hubiera más energía generada que la demandada, el sistema colapsaría.
“Los ciclos combinados que tenemos en Granadilla y Juan Grande son tan grandes e inflexibles que no los podemos parar para dejar entrar a las renovables. Ocupan un queso tan importante de la tarta que, cuando la eólica y fotovoltaica intentan coger su parte, no cabe”, resume José Luis Porta.
“Imagina que tienes un grupo conectado a la red de 100 MW. Pues debes tener otro de la misma potencia, que se llama potencia rodante, esperando por si falla y tomar el relevo sin que tú te enteres en tu casa. Pero en ningún caso, la eólica y la solar pueden formar parte de ello, porque no las puedes controlar”, comenta Calero en un afán por explicar la importancia de los grupos térmicos en el sistema. De acuerdo con una investigación liderada por él mismo, en Gran Canaria, por ejemplo, harían falta 30 motores diésel de 25 MW cada uno, 885 MW de eólica, 120 de fotovoltaica y 400 MW de almacenamiento para conseguir una penetración de renovables del 67,54%.
Calero cree que la generación eléctrica “flexible, gestionable y con mínimos técnicos cercanos a cero, facilitando, a su vez, la mayor integración de (…) renovables” que pretende el Gobierno canario, según la declaración de emergencia energética, se acerca a lo que él planteaba. Pero recela de las ofertas de los promotores, la ubicación de las futuras instalaciones y la simpatía confesada del nuevo consejero de Transición Ecológica en favor del gas (el catedrático no cree que su incorporación suponga claras ventajas de costes, mientras que sí acarrearía “claras debilidades técnicas en cuanto a su vulnerabilidad y económicas en cuanto a su amortización”).
Por su parte, la viceconsejera de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía del Ejecutivo autonómico, la doctora en Ingeniería Julieta Schallenberg, respaldó la propuesta de Calero en un artículo publicado en Canarias Ahora en 2021.