Los delitos medioambientales en Canarias no dejan de aumentar tras alcanzar mínimos históricos antes de la pandemia

Una nueva tendencia delictiva está ganando protagonismo en Canarias. Desde 2020, cuando estalló la pandemia del coronavirus, los delitos ambientales han aumentado año tras año hasta alcanzar los 1.691 expedientes sancionadores abiertos en 2022, según la última actualización de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN). Los datos reflejan un claro patrón alcista que expertos y ecologistas consultados relacionan, aunque aún de manera poco clara, con la vuelta de la actividad constructiva a las Islas y las leyes urbanísticas redactadas por Coalición Canaria (CC).

La información estadística de la ACPMN recoge las infracciones de la legislación en materia de costas, vertidos al mar, residuos, parcelaciones… Y todos aquellos crímenes que destruyen el territorio limitado del Archipiélago. La serie histórica de las cifras muestra que a principios de siglo era habitual superar las 2.000 e incluso 3.000 vulneraciones normativas en este sentido, en un claro contexto de burbuja inmobiliaria. Pero esos registros comenzaron a caer después de la crisis financiera y no habían vuelto a subir hasta ahora, tras alcanzar mínimos históricos antes de la explosión del virus.

En particular, en Canarias han aumentado de forma notable los delitos medioambientales vinculados con la ordenación del territorio y los espacios naturales protegidos en el marco de la Ley del Suelo aprobada por CC en 2017. Los expertos alertaron en su momento de que la polémica norma no ayudaría a construir una comunidad más sostenible, como así prometía. Y los datos son irrefutables: la ACPMN interpuso 1.021 sanciones el curso pasado por el quebrantamiento de esta ley, el valor más elevado en 15 años.

El portavoz de Ben Magec Ecologistas en Acción, Eugenio Reyes, considera que “ha habido un proceso de liberalización [con la nueva legislación, anteriormente estaba el decreto 1/2000] que ha bajado los niveles de control y el ciudadano ha visto un mayor margen para cometer infracciones”. Reyes afirma que “la ley del suelo desmonta el planeamiento y permite que cada ayuntamiento haga lo que quiere”. Y en esa lógica, continúa el portavoz, ha reinado el descontrol urbanístico.

“La ausencia de ordenación lleva al caos y esto, más que una ley del suelo, es un suelo sin ley”, apunta Reyes. De hecho, la hemeroteca demuestra que tan solo un municipio canario ha adaptado su plan a esta normativa, hay mayor atasco administrativo y la figura de interés insular, tal y como han hecho varias corporaciones, ha sido la llave para colar proyectos urbanísticos cuestionados por gran parte de la población isleña.

Para la federación ecologista, “la gran crisis ambiental canaria” no está teniendo lugar en los espacios naturales protegidos, que ocupan más de un 40% del terreno de las Islas, sino en los suelos antropizados, donde “falta implicación de las administraciones locales y miembros de seguridad”, quienes también conforman parte del entramado de vigilancia ambiental en el Archipiélago, un grupo heterogéneo que incluye a la propia ACPMN, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) e incluso el activismo ciudadano. “Tengo compañeros que sacrifican un día libre para darse una vuelta por el sur y ver dónde quieren construir”, señala María González, activista medioambiental en Tenerife.

La ciudadanía canaria es partícipe de ello porque el número de agentes de Medio Ambiente es realmente bajo. En el sur de Tenerife, por ejemplo, solo hay cuatro trabajadores vigilando los 19 espacios naturales que allí están declarados, según un manifiesto firmado por organizaciones ecologistas en abril de este año. En el Parque Nacional de Timanfaya solo hay uno. Y en La Graciosa, también.

Fuentes de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural reconocen que solo cuentan con entre 10 y 15 inspectores medioambientales en toda Canarias, pero que en los últimos cuatro años ha habido una mejor coordinación con el SEPRONA, la Policía Local y las instituciones públicas. Y esa organización, según destacan estas mismas fuentes, ha ayudado a detectar a un mayor número de infractores dedicados a construir en suelo rústico (el del Archipiélago es el más caro de toda la Unión Europea, según datos de Eurostat), en especial durante lo más duro de la pandemia.

“Muchas veces es puro desconocimiento de la ley. Pero también es verdad que puede haber el típico constructor de turno o político local que te dice ‘vete haciendo lo que quieras, que yo luego te doy la licencia’. Y al final se meten en camisa de once varas”, agrega la ACPMN. “Esto principalmente pasa con extranjeros y en municipios turísticos situados al sur de las islas, sobre todo en la provincia oriental”, dice.

El Gobierno de Canarias ya alertó a principios del año pasado ante la proliferación de casetas y contenedores para uso de vivienda en zonas prohibidas, causando “un grave perjuicio al territorio y medio ambiente”. El problema está altamente relacionado con la emergencia habitacional que sufre el Archipiélago. Y la gente “está buscando un sitio donde vivir, casi siempre en las zonas rurales”, añade Eugenio Reyes, una realidad que conocen mejor que nadie las Islas Verdes (La Gomera, La Palma y El Hierro), caracterizadas por la enorme dispersión del territorio.

En esos lugares, apuntan las fuentes de la ACPMN, está habiendo además “confusión” con la Ley de Islas Verdes, también elaborada por CC en 2019. La norma permite construir sobre suelo rústico siempre y cuando la edificación esté acompañada proporcionalmente de actividad agrícola. Sin embargo, hay casos que no están respetando esa relación.

“Nosotros intentamos estar lo más alerta posible [gracias, en parte, a una herramienta de inteligencia artificial que ayuda a determinar cuánto ha aumentado la construcción en cada lugar]. Hacemos un seguimiento de todas las licencias otorgadas. Pero es un instrumento que hace falta precisar más, porque si no estamos ante múltiples lagunas jurídicas”, añaden.

En Arona (Tenerife), la ACPMN precintó el año pasado una parcelación ilegal de más de 150.000 metros cuadrados de suelo rústico de protección agraria en la zona de Lomo Negro. En Las Palmas de Gran Canaria, la Policía Local denunció la construcción de una chabola en la Playa de El Confital que contaba hasta con una placa solar. En Tazacorte (La Palma), la Guardia Civil instruyó diligencias por la presunta comisión de nueve ilícitos penales por la construcción ilegal de varias casas en el entorno de la Playa de La Veta. Y así cientos de casos similares que engordan la lista de infracciones, pero que no todos logran ser restaurados por parte de la agencia (solo cinco el año pasado, según el departamento).

Las fuentes de la ACPMN matizan que el turismo no está detrás de la mayoría de las actuaciones realizadas. Pero fue precisamente una intervención en el Puertito de Adeje para frenar la construcción del proyecto turístico Cuna del Alma la que más impacto mediático tuvo. La agencia propuso una sanción de 100.000 euros (pueden llegar a ser de máximo 600.000) contra la promotora del proyecto al carecer de evaluación de impacto ambiental. Y colectivos como la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) consideran que este es un ejemplo de que existe un regreso al modelo económico de “crecimiento brutal e indefinido” tras el impasse de la crisis sanitaria.

“Las infracciones medioambientales que se están produciendo en Canarias son el resultado de una política que prima más el aumento del número de turistas que la conservación del territorio. Dos cosas que son incompatibles. A medida que aumentas la oferta, ocupas más espacio. En un estadio de 20.000 personas no puedes meter a 40.000, y eso lo entendemos todos”, reflexiona Eustaquio Villalba, portavoz de ATAN.

Un estudio aún sin publicar firmado por investigadores canarios profundiza en los crímenes contra la naturaleza cometidos en las Islas en los últimos 20 años y señala cuáles son los puntos calientes de esta actividad delictiva en la comunidad. El trabajo encuentra un “marcado patrón” de vulneraciones normativas en el cinturón costero del Archipiélago, “asociado principalmente al desarrollo urbano-turístico desde las décadas de 1960 y 1970”.

“Un aumento en la actividad económica puede llevar también a un incremento de la explotación de los recursos naturales. Lo que a su vez puede significar más delitos medioambientales. Pero esto es solo una suposición, hacen falta más investigaciones”, opina Lorenzo Quesada, investigador postdoctoral en la facultad de Geografía de la Universidad de Sevilla (US) y primer autor del artículo académico.

“Nuestra investigación sugiere que la criminalidad medioambiental [en Canarias] está fuertemente vinculada al sector de la construcción. Las zonas turísticas de las Islas están especialmente afectadas y, además, ha habido un sonoro silencio administrativo, de forma que muchas de las infracciones denunciadas quedan en el tintero”, puntualiza el experto.

Quesada considera que sería “súper beneficioso” para las autoridades identificar y definir áreas de riesgo de delitos medioambientales para “prevenir futuras infracciones y permitir un manejo mucho más eficiente de los recursos”.

Para María González, por su parte, es “frustrante” el reciente repunte en delitos de esta índole después del “auge” en conciencia medioambiental que hubo tras las movilizaciones en el Puertito de Adeje. “Es negacionismo, creo. Es no darnos cuenta de que nuestras islas están completamente saturadas. Y ahora parece que el debate ni siquiera está en las instituciones con el nuevo gobierno de CC y PP”, remacha.