La sequía vuelve a golpear a España. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, la escasez de precipitaciones se ha prolongado durante los últimos 12 meses, con alivios puntuales en diciembre del año pasado. Lo ilustran los embalses, que en conjunto están a la mitad de su capacidad, y las medidas adoptadas en distintas autonomías, como en Catalunya, donde en febrero se decretó la “excepcionalidad” y redujo un 40% el agua para regadío; en Castilla-La Mancha, con pérdidas cuantiosas de cultivos, o en Andalucía, con cuencas en estado de emergencia que no dan para cubrir la alta demanda y se aplican restricciones a sus regantes.
Canarias no es ajena a este escenario. Marzo fue el quinto mes más seco en las Islas desde 1961 y el más cálido, con tres grados por encima de la media. Esto se da, además, en unas islas donde el 30% de los acuíferos están inactivos o secos y que, en algunos casos como Lanzarote o Fuerteventura, son directamente inexistentes; además, carecen prácticamente de agua superficial y las presas están al 25% en Gran Canaria, la isla que concentra el mayor número de estas instalaciones en el Archipiélago. La escasez de agua ha sido una realidad a la que los habitantes isleños se han visto obligados a adaptarse; no en vano, la primera obra de los Reyes Católicos en el Archipiélago, en el siglo XVI, fue un trasvase de agua mediante un túnel de más de 40 kilómetros desde la cumbre a la costa de Gran Canaria.
Las islas han sido perforadas de forma masiva en busca del líquido con numerosas excavaciones, desde las galerías a los pozos: los datos muestran que se han ejecutado más de 6.300 obras para la captación de agua subterránea. Pero 1964 supondría un punto de inflexión en el Archipiélago. Las escasas lluvias no eran suficientes para abastecer a la población creciente de Lanzarote a mitad del siglo XX y su suministro dependía del agua transportada en barcos desde Gran Canaria y Tenerife. Hasta que el mar salvó a la isla. Las innovaciones en desalinización llevaron a probar la instalación de la primera planta para uso urbano en Europa en Arrecife. Hoy, Lanzarote se abastece en más de un 90% desalando el agua del mar.
Baltasar Peñate, jefe del departamento de Aguas del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), explica que las Islas tienen “el 1% de la capacidad mundial instalada”, una cantidad que a priori puede parecer irrelevante, pero es muy significativa, porque el número de plantas desaladoras por kilómetro cuadrado que tiene Canarias no existe en ningún lugar del mundo“. Esto se da porque, a diferencia de otras partes del mundo donde se apuesta por esta tecnología, como Arabia Saudí, Australia o Israel, en el Archipiélago se ha apostado por implantar desaladoras ”más pequeñas“, tanto para el sector público como el privado, sobre todo hoteles que cuentan con sus propias plantas.
El crecimiento de esta tecnología en Canarias se produjo sobre todo desde 1985 hasta el año 2000. El aumento de la población y del turismo, que demandaban más agua de la que existía, conllevaba a la sobreexplotación de los recursos hídricos subterráneos y forzó al Archipiélago a ser pionero y puntero en desalación para el consumo humano y la agricultura. “Entre esos años fue clave la Ley de Aguas de Canarias o los primeros planes hidrológicos, donde se recogía esta práctica”, recuerda Peñate.
No existen datos exactos sobre el número de plantas desaladoras en Canarias ni de su capacidad. La cifra más actual corresponde al estudio elaborado por el ITC en 2013 para la elaboración del plan de ecogestión en la producción y distribución del agua en las Islas, que indica que rondan las 335. “Hoy en día las estadísticas no están claras porque nadie se sienta a hacerlas, pero podemos estar entorno a los 500.000 y 600.000 metros cúbicos instalados”, indica Peñate, que revela que el ITC, empresa pública dependiente del Gobierno regional, está llevando a cabo un trabajo para tener un inventario actualizado antes de final de año.
Esto implica que, de manera general, las Islas se abastecen en un 30% aproximadamente de agua desalada, según datos de 2015 de la Dirección General de Aguas; pues la mayor parte del consumo se cubre con recursos subterráneos debido, sobre todo, a las islas de la provincia occidental, que sí cuentan con mayor pluviometría y recursos hídricos subterráneos más abundantes.
Por islas, Lanzarote y Fuerteventura superan el 80% del abastecimiento con agua del mar; Gran Canaria, que sí cuenta con reservas de acuíferos en zonas de medianías y cumbres, reparte su oferta en un 50% con desalación para la población que habita zonas costeras y el resto lo extrae de pozos, galerías, presas o de la reutilización. El Hierro también tiene un importante porcentaje en desalación, con más del 40%. Tenerife y La Gomera también han apostado, cada vez más, por esta tecnología, pero sus condiciones hídricas son más favorables. La excepción es La Palma, “que es un caso aparte, ya que por su pluviometría, no hace falta la desalación”, añade Peñate.
En buena medida, Canarias contribuye a que España sea el país europeo con mayor capacidad para generar agua desalada. Pero esta tecnología lleva años instalada, sobre todo, en la costa mediterránea y en Baleares. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero impulsó entre 2004 y 2011 estas plantas para combatir el déficit hídrico, ante las reticencias de ecologistas y la oposición.
Reticencias a la desalación
Peñate entiende que las posturas en contra de esta tecnología parten de motivos “económicos y ambientales”. Por un lado, por los vertidos de salmuera, pues en el proceso de desalinización, por cada 2 litros de agua salada, se obtiene un litro de agua dulce y se vierte otro con una concentración de sal dos veces mayor que tiene impacto en el mar. “En el Mediterráneo, los vertidos de salmuera han generado conflictos. En el Atlántico no parecen tan dañinos. Una salmuera con agua estancada se mira con más reticencia”, señala. En este punto, Peñate explica que los vertidos van implícitos al procedimiento, pero ya hay avances para que “se pueda verter de una forma más ecológica, con tecnología que la diluye”, por ejemplo.
En el aspecto económico, Peñate detalla que “el agua desalada no es barata, lo barato es sacar el agua de un pozo, llevarla a una potabilizadora y suministrarla”, pues requiere de una gran cantidad de energía. En Canarias, por ejemplo, la energía destinada a desalar agua de mar oscila entre el 5 y el 10% del total que entra en la red, que en un 80% proviene de la quema de combustibles fósiles. En este sentido, abunda que “cuando una desaladora está parada mucho tiempo, los costes fijos hay que pagarlos y en la península, como hay ríos y trasvases, hay desaladoras que no son viables”.
Pero recuerda que ya hay tecnología para implantar desaladoras que se nutran de las renovables y abaratan costes. “Hay varios ejemplos en Canarias de desaladoras con eólica donde pueden estar reduciendo hasta en un 50% la energía fósil. Y hay experiencias a pequeña escala del ITC, en trabajos aislados de red que funcionan con 100% renovable. El ITC también ha transferido a Cabo Verde, Azores o Marruecos desaladoras con fotovoltaica. La tecnología está, es viable. Ahora lo que hace falta es el estímulo para invertir más en ese tipo de sistemas. Y que las políticas de cambio climático incentiven más. Por ejemplo, los vehículos eléctricos tienen una subvención, pues pensemos eso en el ciclo del agua, que haya una subvención para un promotor que ponga una desaladora con eólica, que la administración lo incentive para que sea rentable”, explica Peñate.
En cualquier caso, Peñate pone el foco en la planificación: “Es lo más importante”. De hecho, Bruselas ha expedientado a España por no tener actualizados sus planes hidrológicos, entre ellos, los de Canarias. “Hay que tomárselo en serio. Si no planificas, después no puedes invertir en poner desaladoras o en limitar los acuíferos”, añade Peñate. Como ejemplo, expone que si hay desaladoras que se desaprovechan es porque “o se hicieron infraestructuras muy grandes sabiendo que hay momentos del año que no van a estar operativas” o bien distribuir los recursos según los sectores, “de forma que se destine el agua de la desalación para la población, por ejemplo, mientras que el agua del río puede derivarse a destino agrícola”.
El jefe del departamento de Aguas entiende que la desalación puede ser una alternativa viable en determinadas zonas peninsulares, pero matiza que depende del área. “No es lo mismo la costa del Levante, que una sequía puntual en Galicia”. En este sentido, considera que esta tecnología no siempre es la solución más idónea: “Si en un territorio en el que hay agua en abundancia hay sequías porque no llueve como se espera o la infraestructura existente no está preparada porque, por ejemplo, hay embalses con pérdidas, también se puede mejorar la eficiencia hídrica, por ejemplo, con políticas de depuración o regeneración para el riego agrícola y destinar otros recursos para abastecer a la población”.
Además, Peñate remarca que para las emergencias “la desalación no sirve”, porque requiere una planificación: “La ejecución lleva uno o dos años”, subraya. Al final, añade, se trata de un asunto político de cómo planificar y distribuir los recursos disponibles.
En cualquier caso, Peñate resalta que si se quiere apostar por esta tecnología para adaptarse a las sequías, Canarias puede ser un espejo en el que mirarse, principalmente por dos factores. “Uno es el factor humano, que es la capacidad de conocimiento que hay en las Islas, con personas con mucha experiencia, desde los consejos insulares por planificación, el Gobierno de Canarias por aplicar políticas y los técnicos explotadores de plantas desaladoras. Hay un potencial humano en el Archipiélago para poder ir de la mano en cualquier iniciativa internacional. El otro factor es el escaparate, es decir, poder ver muchas tecnologías operando en un territorio muy limitado en diferentes condiciones y tamaños”.