La granja de pulpos que proyecta la empresa española Nueva Pescanova en el Puerto de Las Palmas será sometida al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria, según ha confirmado el Gobierno canario a esta redacción, a pesar de haber pasado ya por la evaluación ambiental simplificada. La diferencia entre ambos trámites no es baladí, pues, tal y como indica la ley sobre estudios ambientales, que data del año 2013, que una iniciativa pase de la segunda a la primera sugiere que “tiene efectos significativos sobre el medio ambiente”, y, por lo tanto, es necesario un análisis más exhaustivo.
Fuentes de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Ejecutivo regional, liderado por Coalición Canaria y Partido Popular, han asegurado que Nueva Pescanova aún no ha remitido la documentación necesaria para iniciar esta nueva diligencia. Hacen falta, continúan estas mismas fuentes, las bases del proyecto, el estudio de impacto ambiental y el resultado de haber expuesto el plan en información pública, publicado el pasado 2 de julio de 2021.
La elección de llevar la futura granja de pulpos en Canarias, la primera en el mundo, al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria invita a pensar que los técnicos de la Administración autonómica encargados de revisar la documentación han encontrados posibles “efectos [ambientales] significativos” del proyecto. La normativa sobre este asunto explicita que, cuando un programa es sometido inicialmente a la evaluación simplificada, existen dos posibles conclusiones: o bien el plan no afectará el territorio y, por tanto, es aprobado; o, por otro lado, hay una posibilidad real de afección, de ahí la necesidad de efectuar más investigaciones.
Un ejemplo concreto sobre una concatenación de hechos similar ocurrió recientemente en Las Palmas de Gran Canaria, también en el recinto portuario de la ciudad. La Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental acordó trasladar al procedimiento ordinario a la planta de almacenamiento de gas licuado que quiere instalar la empresa Totisa Holding, de producción eléctrica de 70 MW, después de pasar por el tratamiento simplificado, recabar las consultas de las instituciones afectadas y deducir que dicho proyecto prevé “efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en concreto sobre la salud de la población” de la capital grancanaria, según apunta la resolución.
En el caso de la granja de pulpos, aún son desconocidas las averiguaciones que han provocado tal decisión. Pero sí es cierto que ha habido un goteo constante de quejas y alegaciones estos últimos dos años, el tiempo que la iniciativa ha estado en el foco mediático. En mayo de 2022, un centenar de colectivos ecologistas pidieron una información “más detallada” de las características del método de filtración de la granja (con el agua que se verterá al mar desde la instalación), los posibles impactos en la calidad del aire de la misma y el riesgo de extensión de patógenos y enfermedades desconocidas que podrían propagarse al ecosistema marino salvaje al trabajar con animales que nunca habían sido criados en cautividad.
El Ejecutivo canario respondió meses después que no veía razones para negar la autorización de vertidos tierra-mar solicitada por la promotora. Pero este año han salido a la luz nuevos detalles de la iniciativa, la forma en que presumiblemente morirán los pulpos, con un sacrificio “cruel”, según expertas, y la polémica ha llegado hasta el Parlamento Europeo, con una treintena de eurodiputados progresistas alertando en la Eurocámara de los “peligros” que encarna “no solo para el bienestar animal, sino también para el medioambiente y la salud humana”.
La evaluación ambiental ordinaria que ahora se abre durará cuatro meses, prorrogable por dos más por razones justificadas (la simplificada tarda tres meses, uno menos). La normativa exige la elaboración del estudio de impacto ambiental por el promotor, sometimiento del mismo a información pública y consultas a las administraciones públicas y personas afectadas, análisis técnico del expediente por parte del órgano ambiental, formulación de la declaración de impacto e integración del contenido de esta en la autorización del proyecto.
La granja de pulpos de Nueva Pescanova tiene intención de ocupar poco más de 50.000 metros cuadrados en el Puerto de Las Palmas de Gran Canaria y producir unas 3.000 toneladas anuales de estos animales, casi el 10% de la producción anual en España. El proyecto cuenta con una inversión inicial de 65 millones de euros y contará con alrededor de 1.000 tanques comunitarios para alojar entre 10 y 15 individuos por metro cúbico, según la organización Eurogroup for Animals.
Científicos del Instituto Universitario de Investigación en Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos (IU-ECOAQUA), adscrito a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), reconocieron a Canarias Ahora hace unos meses que estudian las “localizaciones anatómicas de núcleos de dolor” del pulpo para desarrollar un código de buenas prácticas para su sacrificio, ya no que en estos momentos no existe un marco normativo para ello en la acuicultura.
Las concentraciones contra la futura granja de pulpos en Canarias han continuado durante el verano. La última tuvo lugar a las puertas del Congreso de los Diputados, que congregó en torno a 50 personas, con la presencia de grupos ecologistas como AnimaNaturalis y Greenpeace, pero también de partidos políticos, como PACMA y Podemos.