Los hoteles sobre las Dunas de Corralejo, el primer conflicto entre Canarias y el Estado tras el traspaso de Costas

Un mes después del traspaso de las competencias de costas del Gobierno de España a Canarias, los hoteles construidos sobre el hoy Parque Natural de las dunas de Corralejo, un espacio protegido en el norte de Fuerteventura, siguen desatando discrepancias entre ambas administraciones. El Ministerio para la Transición Ecológica entiende que debe seguir gestionando los expedientes de caducidad de las concesiones a la empresa RIU, pero el Gobierno regional considera que ahora le corresponde esa tarea. El real decreto de 713/2022 que fija las transferencias en Costas a la autonomía no especifica si este tipo de concesiones también deben ser traspasadas o las tiene que mantener el Gobierno de España, que en cualquier caso, sigue siendo titular del dominio público. Todo queda a la interpretación que se hace de la Ley de Costas.

El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, reconoció durante una entrevista en Televisión Canaria el pasado 31 de enero que en este asunto existe “una divergencia de opinión” entre el Ejecutivo regional y el Estado. “Hemos pedido los expedientes de los hoteles tal y como están en la actualidad para que los concluyamos desde Canarias. Tenemos informes jurídicos de los propios redactores de la Ley de Costas en los que entienden que esto es una competencia que ha sido transferida a Canarias y, por lo tanto, ahí se puede abrir el correspondiente procedimiento de conflicto de competencia ante la administración general del Estado”, señaló Valbuena.

Al igual que ya anunciara el presidente Ángel Victor Torres, el consejero no descarta acudir al Tribunal Constitucional. “En caso de que no lleguemos a una resolución satisfactoria, que no es más que cumplir con el real decreto de transferencias, pues haremos valer nuestros derechos donde se estime conveniente (…) No sería la primera vez que este Gobierno de Canarias, para defender sus intereses, acude a los tribunales”, manifestó Valbuena. También el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera, se ha pronunciado sobre el asunto, tras la celebración del Consejo de Gobierno del pasado 1 de febrero, cuando anunció la elaboración de un informe facultativo por parte de los servicios jurídicos de la autonomía, en base al cual actuarán.

En agosto de 2021, el Ejecutivo central inició la caducidad del hotel Riu Palace Tres Islas, que tenía permiso hasta 2037 para seguir operativo, y a partir de julio del año pasado, también sumó al hotel Oliva Beach, cuya vigencia se extendía hasta 2089; ambos, por presuntas obras irregulares. Los inmuebles, construidos antes de que se incluyeran dentro del dominio público, gozaban de concesiones transitorias, un mecanismo con el que compensaba a Riu por perder la propiedad de los inmuebles en favor del Estado, que le permite mantener el aprovechamiento hasta una fecha límite.

Las divergencias respecto a los hoteles no se circunscriben solo al Gobierno de Canarias y al Ejecutivo central. De un lado, la empresa y la plataforma Salvar el Hotel Oliva Beach formada por trabajadores de los establecimientos, defienden que se mantenga la actividad, apoyados por el Ayuntamiento de La Oliva o el Cabildo de Fuerteventura. Y en el otro lado, colectivos ecologistas y la Dirección General de Costas, que se oponen. “Riu tiene que irse”, declara el portavoz de Ben Magec, Eugenio Reyes. A su juicio, la cadena hotelera “ha incumplido de forma reiterada las condiciones de su concesión: ha intentado subir el volumen de la edificación, vierte aguas residuales al mar y ha alterado sustancialmente las normas de conservación de las dunas de Corralejo, que está perdiendo arena. Los hoteles están dentro de un espacio protegido y encima se han cometido burradas en un sitio de dominio público, un lugar de todos con el que hacen caja todos los días”.

Reyes considera que los expedientes de caducidad de las concesiones a los hoteles los tiene que seguir tramitando el Ministerio de Transición Ecológica. “Legalmente, esa parte está clarísima. Si el Estado es el actor que le dio la concesión, es el que tiene que rescindir ese acuerdo”. Con el traspaso de competencias, a Canarias le corresponde la gestión de su litoral, añade Reyes, “pero con un expediente de liquidación de una concesión que ha comenzado el Estado, lo tiene que resolver el Estado, no tiene vuelta de hoja”.

Sin embargo, para Águeda Borges, representante de los servicios jurídicos de la cadena Riu en Canarias, los expedientes deben pasar a Canarias “por ley” porque “ya es competente en la gestión del litoral de facto”. Considera que todas las concesiones tienen que pasar a la autonomía, independientemente de “si se han otorgado a un proyecto nuevo o como las nuestras, que se dan para indemnizar o compensarte por haberte expropiado previamente al trazar una línea de dominio público”.

“Y si no lo traspasan, el Gobierno de Canarias lo que tiene que hacer es un planeamiento de conflicto de competencias, que se hace ante el Tribunal Constitucional y es una cuestión que es de lo más frecuente entre autonomías y Estado. Hay jurisprudencia amplísima en el Tribunal Constitucional al respecto, sobre todo por los catalanes y por autonomías que son más celosas de sus competencias y, en este caso, Canarias también debe serlo”, añade Borges.

Riu prefiere que sea el Gobierno de Canarias quien se encargue de los expedientes porque sostiene que el Ministerio de Transición Ecológica ha actuado con “animadversión”. Borges asegura que ha mostrado “una posición clara contra los hoteles (…) quiere que desaparezcan de ahí desoyendo la posición de las instituciones locales de Fuerteventura, de las centrales sindicales, de las plantillas y las familias del norte”. 

Además, defiende que los expedientes de caducidad se han hecho “de manera forzada y totalmente artificial”. Expone como ejemplo la sanción previa impuesta al hotel Oliva Beach “para tener una base sobre la que tramitar un expediente de caducidad por haber infringido, supuestamente, una de las condiciones, como hacer obras que no estaban amparadas por una licencia, pero eso no es así, esto es un artificio absoluto del Ministerio”, indica Borges. Por todo ello, espera que pasen a ser gestionados por Canarias “para que se cumpla estrictamente la legalidad”.

Pero los ecologistas entienden que la argumentación que exponen los actores privados busca “entrar en una situación de indefensión jurídica que les permita sobrevivir más años”, según dice Reyes, quien insiste que “los informes jurídicos son claros: es una relación contractual con el Estado y solo es el Estado quien puede extinguirla”. Los expedientes de caducidad tienen un plazo de 18 meses para resolverse, más otros tres adicionales para que el Consejo de Estado emita un dictamen; en el caso del hotel Riu Palace Tres Islas, la fecha límite sería mayo de este año, mientras que para el Oliva Beach el periodo finalizaría en marzo de 2024. 

Comisión Mixta y servicios de playas: avances tras el primer mes del traspaso de competencias

Junto a los expedientes de los hoteles del norte de Fuerteventura, la Consejería de Transición Ecológica ya ha tomado conocimiento de todo el volumen de casos que se gestionaban desde Madrid. Durante el primer mes, incluso ya ha resuelto algunos. “La idea es que a medida que vayan avanzado los meses, agilicemos la gestión y que se note una mayor cercanía en la gestión de las costas”, señaló Valbuena.

El consejero ha destacado sobre todos ellos los vertidos al mar. “Es un problema importante en Canarias y, por tanto, hay que regularizar la parte administrativa. Hay un volumen importante de vertidos que, al no estar autorizados -que es un trámite administrativo que cumple requisitos técnicos- están en la lista de infracciones de Canarias. Esa es una prioridad absoluta”.

Una de las primeras acciones ha sido la creación de la Comisión Mixta sobre afectados por la Ley de Costas, una demanda que se remonta a 2016. Integrada por representantes regionales, municipales e insulares junto a colectivos ciudadanos, pretende conocer cual es la situación actual de los núcleos poblaciones costeros en las islas. 

José Luis Langa, presidente de la Plataforma de Afectados por la Ley de Costas, impulsora de la comisión, ha explicado que ha enviado escritos a los 64 ayuntamientos “para que informen sobre cuantos habitantes se enmarcan en lo que la ley cataloga como núcleos poblacionales urbanos consolidados, al objeto de estudiar su situación en la comisión mixta y explorar las posibilidades que existen dentro del margen de las competencias para poder desafectarlas”. Es decir, que la Ley de Costas no les obligue a abandonar sus casas, como ocurrió con Cho Vito (Tenerife).

Langa pedirá la próxima semana al Gobierno de Canarias que convoque nuevamente una reunión de la Comisión Mixta para “comprobar los avances” de la Fecai o la Fecam y que a su vez, los encuentros puedan tener una periodicidad mensual. Entre los casos más acuciantes, Langa cita los de el Faro y Puntalarga, en el municipio de Fuencaliente (La Palma), que están judicializados tras una orden de demolición del Servicio Provincial de Costas de Tenerife, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Canarias admitió los recursos contra los desalojos, paralizándolos.

La Consejería de Transición Ecológica también es responsable de la ordenación y gestión de las playas de las Islas y ya ha empezado a trabajar en este sentido, con una primera transferencia al Ayuntamiento de Mogán de la capacidad de decidir la distribución de los servicios e instalaciones en los enclaves. La renovación de los usos de temporada, como sombrillas, hamacas o chiringuitos, es una de las demandas de las patronales turísticas, que han reiterado sus criticas a los que existen en la actualidad en algunas zonas, como en San Agustín (sur de Gran Canaria), con modelos de hace décadas.

Ante las voces que temen que la administración sea más laxa a las presiones, Valbuena aclaró que “hay que tener ningún tipo de recelo”, defiendo que “en estos años la administración canaria ha demostrado que es una firme defensora de la protección y aplicación de las leyes en nuestros espacios”.