Los vuelos dentro de la Unión Europea (UE) con Canarias como destino u origen finalmente no quedarán exentos de la conocida como ‘tasa verde’, la directiva que regula el mercado de derechos de emisión del sector de la aviación y cuya modificación entrará en vigor el 1 de enero de 2024. Hasta el momento, el Archipiélago había gozado de una total excepción por su condición como región ultraperiférica. Pero ahora, tan solo los trayectos domésticos, es decir, entre islas y la Península Ibérica, seguirán estándolo hasta 2030, mientras que todos aquellos provenientes del resto de Estados Miembros de la UE comenzarán a pagar por el dióxido de carbono que emiten a la atmósfera, el principal gas contaminante que causa la crisis climática.
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, así lo ha confirmado en sede parlamentaria esta mañana tras preguntarle el diputado de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), Raúl Acosta, qué conclusiones sacó de su viaje la semana pasada a Bruselas, donde el líder de Coalición Canaria precisamente rogó a las instituciones europeas la exención canaria en este sentido debido a que la introducción del mercado de derechos de emisión a los trayectos intraeuropeos con las Islas previsiblemente aumentará los precios de los billetes de avión, aunque “poco”, ha estudiado la Comisión Europea, y eso impactará en el sector turístico.
“Es una amenaza seria. Nosotros necesitamos una excepción continua en el tiempo, porque esto no va a cambiar”, ha dicho Clavijo.
El presidente canario ha puntualizado que ha habido “entendimiento” por parte de Bruselas de la petición del Gobierno regional y que, en 2026, cuando sea estudiado el impacto del reglamento, volverán a estudiarse las particularidades de las regiones ultraperiféricas (RUP) como Canarias. Clavijo ha criticado la “dejación de funciones” del anterior Ejecutivo autonómico, conformado por el llamado Pacto de las Flores (PSOE, Nueva Canarias, Podemos y Agrupación Socialista Gomera), que también solicitó a la UE la exención del Archipiélago de la tasa verde, por no haber presentado “ni un solo estudio” de cómo esta “iba a perjudicar a los canarios, siendo el turismo su principal fuente de riqueza”.
“Ahora tenemos que hacer nosotros esos estudios [en colaboración con Europa] para la revisión de 2026”, ha agregado.
El mercado de derechos de emisión de la UE es una herramienta nacida en el año 2005 que regula las emisiones de las compañías aéreas (y otras instalaciones de elevado uso energético, como las centrales eléctricas y plantas industriales), pues las aerolíneas deben comprar un permiso de emisión por cada tonelada de CO2 que arrojan a la atmósfera. El mercado funciona a través de subastas, el precio sigue la regla de la oferta y la demanda y las empresas compran o venden según sus necesidades. En 2023, el promedio está en 49,6 euros por tonelada. Es de esperar que ese valor continúe aumentando con el paso de los años.
Hasta ahora, más de la mitad de estos derechos se asignaban de manera gratuita, pero Bruselas, con el paquete denominado Fit for 55, quiere ir eliminándolos progresivamente (un 25% en 2024, 50% en 2025 y 100% en 2026) para que cada empresa desembolse una cantidad acorde a lo que ha contaminado y, también, para acelerar la carrera de la descarbonización del sector de la aviación, una industria que protagoniza cerca del 2,5% del total de emisiones de CO2 que generan los humanos y que aún está muy lejos de introducir energías limpias, según expertos.
Tanto Clavijo en el nuevo Gobierno regional de Coalición Canaria y Partido Popular, como el anterior Ejecutivo regional, pedían una exención para el Archipiélago, porque el hecho de que las compañías aéreas con trayectos internacionales hacia y desde las Islas deban hacer frente ahora a este pago repercutirá en los precios de los billetes, según ha advertido la propia patronal aérea.
Clavijo ha insistido en que esto va a ocasionar un “daño” al Archipiélago, pero ha agregado que ese “quebranto” podría ser compensado con la recaudación extraordinaria que efectúe a partir de ahora el Gobierno nacional, que podría estar entre los 5.000 y 6.000 millones de euros, ha continuado. El presidente canario ha adelantado que habrá que negociar con el Estado “qué hacer con esos recursos adicionales” y que podría utilizarse, entre otras cosas, para “premiar a compañías [aéreas] o darles incentivos para que reduzcan sus huellas de carbono”.