Agentes de seguridad privada escoltados por la Policía Local y la Guardia Civil han vuelto a cerrar al público la playa de Tauro, en el municipio grancanario de Mogán, por orden de la Dirección General de Costas. La reposición y el refuerzo del vallado ha levantado ampollas entre los vecinos de la zona, que no entienden que siga cerrada por obras la playa tras tanto tiempo sin actividad y temen que esto sea parte del proceso de desahucio de los terrenos que okupan en torno al mayor proyecto turístico de Canarias.
En la playa de Tauro se mantienen varias decenas de familias okupando antiguas habitaciones de cuarterías en terrenos que no son de su propiedad que, a lo largo de los años, algunos han hecho su vivienda permanente. Se quejan de que el cierre de la playa les priva a ellos del disfrute del espacio que habitan y a todos los canarios, que recientemente habían acudido a la zona en masa, del uso de una playa pública.
En la playa también hay dos restaurantes que denuncian que las barreras bloquean las vistas y el acceso a la playa, haciendo menos atractivo sus locales y reduciendo drásticamente sus ingresos.
Molestos con el cierre de la playa, los vecinos han saltado la valla y la han reabierto, enfrentándose en ocasiones con agentes de la Policía Local. El cuerpo armado de Mogán ha argumentado distintos motivos para el cierre de la playa, desde las masificaciones durante la pandemia y la falta de salubridad hasta la incidencia de peleas en la zona. Hubo momentos de tensión. “Si hace falta, venimos con los GRS y los echamos a palos”, llegó a decir uno de los agentes municipales durante su intervención en la playa, grabada por los afectados. Los GRS (Grupos de Reserva y Seguridad) de la Guardia Civil son un equipo de élite destinado a conflictos especialmente delicados.
Por su parte, la Guardia Civil confirma que ha colaborado con la Policía Local para asegurar el orden público y cumplimiento de la Ley durante el cierre de la playa, matizando que actualmente no hay una playa en Tauro, sino una obra en ejecución paralizada por los juzgados.
La transformación de la playa prometía dar paso a un gran proyecto turístico en una de las últimas zonas aún por desarrollar en el sur de la isla, incluyendo un muelle deportivo, un centro comercial y unas 3.000 camas hoteleras. Las obras en la playa, criticadas por su impacto ambiental y el uso de arena del territorio ocupado del Sáhara Occidental, se han visto paralizadas por un conflicto judicial que le costó al anterior jefe de la Demarcación de Costas, José María Hernández de León, una condena por prevaricación y falsedad documental de tres años de prisión y nueve de inhabilitación. En abril de este año, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias absolvió a Hernández por considerar no probada la ilegalidad de sus acciones, aunque quedara claro que las obras no se deberían haber autorizado sin garantizar las cesiones de terrenos adecuadas por parte de la empresa concesionaria, Anfi Tauro.
Pese al entramado judicial, la apertura de la playa podría estar cerca. El Consejo de Estado, el supremo órgano consultivo del Gobierno de España, ha dictaminado a favor de que el Ministerio de Transición Ecológica declare la caducidad de la concesión para la ocupación del dominio público y el levantamiento de instalaciones para la obra de transformación de la playa y explotación de los servicios de temporada.
El jefe de la Demarcación de Costas, Rafael López Oribe, dice que este asunto está “muy maduro”, aunque la reapertura de la playa, responsabilidad del Ministerio previa consulta de la Abogacía de Estado, no podrá ser “de hoy para mañana”, ya que hay que inspeccionar la zona y garantizar la seguridad.
Continúa el desahucio de los vecinos en precario
Los vecinos de Tauro creen que el cierre de la playa se está utilizando para presionarles a abandonar las estructuras que habitan en precario en el extremo norte de la playa. Coincidiendo con el precinto de la obra de la playa, la Policía Local cerró también la carretera de acceso que llega a sus viviendas y a los restaurantes al otro lado de la playa argumentando que los coches aparcados interfieren con el acceso de vehículos de emergencia. Tras la denuncia de uno de los propietarios de los restaurantes, los juzgados anularon esta medida al carecer del informe pertinente, ya que el presentado por el Ayuntamiento de Mogán hacía referencia al acceso a la playa y no al tráfico. Tras varios intentos, no se pudo recabar la versión del Ayuntamiento ni de la Policía Local de Mogán para este reportaje.
Muchas de las familias que habitan las antiguas cuarterías, que daban cobijo a los aparceros cuando la principal actividad de la isla era la agricultura y no el turismo, se instalaron ahí después del incendio del Camping Guantánamo la noche de Reyes Magos de 2004. Aseguran que, tras el incendio, los propietarios de los terrenos les dieron autorización verbal de realojarse en esas viviendas, pero sin contrato y rechazando sus intentos de pagar el alquiler que venían abonando en el camping destruido por las llamas.
Ahora, tras cambiar de dueño los terrenos, han recibido órdenes de desahucio de los juzgados por estar en precario. Aunque hay cierta variación en la situación legal de cada familia, muchos tienen abogados de oficio que no consideran que tengan opciones de seguir viviendo ahí.
Con la industria turística en crisis existencial a causa de la pandemia, el entramado judicial avanzando lentamente tras años de atasco, y una población okupa de por medio, nadie puede asegurar qué le depara el futuro a este rincón de la costa grancanaria.
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