El Parlamento de Canarias aprueba la Ley de Cambio Climático con el rechazo del Grupo Mixto y el PP

El Parlamento de Canarias ha aprobado este martes, con el rechazo del Grupo Mixto y el Grupo Popular, la Ley Canaria de Cambio Climático y Transición Energética, que tiene por objeto regular las medidas encaminadas a la mitigación y adaptación al cambio climático, así como garantizar la transición energética y la acción por el clima.

La Ley, estructurada en un título preliminar y cinco títulos, consta de 90 artículos, tres disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y ocho finales. El texto normativo fija, entre otros objetivos, la descarbonización de las Islas en 2040 o la creación de órganos de gestión y de coordinación que garanticen el desarrollo de su articulado, como es el caso de la Agencia de Cambio Climático.

Aprobada la Ley, el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, intervino para agradecer a las fuerzas del Pacto de las Flores por permitir estar en una etapa profesional y personal “imborrable” y por permitirle haber afrontado este reto. También dio las gracias a todo el equipo de la Consejería y pidió disculpas a la oposición porque, según dijo, “quizás no he sabido explicar los elementos importantes de la Ley”, al tiempo que se mostró convencido de que “el futuro para Canarias tiene luces muy importantes de optimismo”.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, Ricardo Fernández de la Puente (Cs) afirmó que con esta ley el Gobierno de Canarias “ha pasado el rodillo de manera discriminada” sobre el trabajo realizado por la oposición, que ha presentado más de 200 enmiendas, de las que únicamente se han asumido 37, desechando así la posibilidad de hacer “una ley para todos”.

Fernández de la Puente criticó que se trata de una ley “hecha por teóricos fundamentalistas que no saben cómo funciona el mundo real más allá de sus despachos”, que “nace coaccionada y que no recoge las aportaciones de los expertos, de la propia Administración o las de la oposición”, que “producirá parálisis, conflictividad y sanciones económicas por no poderse cumplir”, advirtió.

Por su parte, la diputada del Partido Popular Luz Reverón alertó de que la Ley Canaria de Cambio Climático va a paralizar la actividad económica en las Islas porque es “mala por la formas y por el fondo”; una ley “100% intervencionista” que “sólo traerá más burocracia y más carga económica para la sociedad” y que supone la creación de un “nuevo chiringuito” como es la Agencia Canaria de Acción Climática.

Luz Reverón acusó al Gobierno de no haber querido trabajar “nunca” por sacar la mejor Ley por la “soberbia” que le caracteriza, “imponiendo” el criterio del consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, porque de las 98 enmiendas que presentó el Partido Popular, el 82% fueron rechazadas “con el único argumento del no porque no”.

Por todo ello, se comprometió a que, si el PP llega a gobernar Canarias después de las elecciones del próximo mes de mayo, traerá una nueva ley “que sea real y que no sea sectaria y que no implique la paralización económica de Canarias”.

Desde las filas nacionalistas, Jesús Machín (CC) se preguntó qué ha podido pasar para que sólo en 72 horas “los mismos que han despreciado” a la oposición durante todo un año hayan pasado de “no querer nada” de las aportaciones del Grupo Nacionalista Canario “a quererlo casi todo”, aprobando el 95% de sus enmiendas. “O no eran tan malas o sólo era un bloqueo por bloqueo”. Así pues, Machín dio las gracias al consejero por haber “recapacitado” y entender que el Grupo Nacionalista sólo pretendía hacer un texto “sustancialmente mejor”.

“Premura y rapidez”

Por parte de los grupos que apoyan al Ejecutivo canario, Jesús Ramos Chinea (ASG) defendió que la Ley Canaria de Cambio Climático exigía “premura y rapidez” porque, de haber esperado a lo que planteaban los partidos de la oposición, “estaríamos hablando de la ley de los desiertos de Canarias”. Añadió, además, que con esta norma se cumple con uno de los objetivos del Gobierno, como es sentar las bases normativas para cumplir con los objetivos de sostenibilidad, además de ser un ejemplo como región de lo que significa la lucha contra el cambio climático.

El diputado Manuel Marrero (Sí Podemos Canarias) coincidió con la “prisa” con que tenía que aprobarse esta ley para poder aportar mejoras desde Canarias para la lucha contra la emergencia climática. Mientras, Luis Campos (NC) destacó que se trata de una ley “de suma importancia” y con “un valor esencial” que llega “veinte años tarde” y que le gustaría que fuera “mucho más revolucionaria”, y que es consecuencia “del brutal impacto que el cambio climático está haciendo sobre el planeta”.

Por último, Mauricio Roque, del Grupo Socialista, destacó que la Ley Canaria de Cambio Climático es la norma que más aportaciones ha recibido en la historia de las Islas y resaltó que haya sido aprobada por 58 diputados y rechazada por solo 12, a los que acusó de haber presentado una “enmienda a la totalidad encubierta”. “No querían la Ley e hicieron todo lo posible por no estar en la Ley”, apostilló.

La ley, al detalle

La Ley canaria de Cambio Climático tiene el objetivo prioritario de establecer las medidas necesarias para que las Islas sean un territorio neutro en emisiones en 2040, diez años antes del límite que se han marcado la Unión Europea y el resto de España. El texto, principalmente, ejercerá de base para que se puedan ejecutar las diferentes estrategias que ha acordado el Gobierno en los últimos años, como el Plan de Transición Energética de Canarias, el Plan Canario de Acción Climática o la Estrategia Canarias de Transición Justa y Justicia Climática. 

La norma pide que se incorpore la “perspectiva climática” en los procedimientos de ordenación territorial y urbanístico que se desarrollen en la comunidad, algo que muchos colectivos ecologistas y científicos, sobre todo de Tenerife, consideran que no se está haciendo ante la aprobación de varios macroproyectos, como Cuna del Arma o Circuito del Motor, catalogados como “atentados medioambientales”. 

El documento también pide llevar esta “perspectiva climática” a los presupuestos regionales y que el 2% del PIB de las Islas se destine a medidas de acción al respecto. Las cuentas de Canarias para 2023 otorgan al departamento de Valbuena unos 262,26 millones de euros, un 2,69% del total de gastos. La Estrategia de Acción Climática del Archipiélago apunta que entre 2030 y 2040, la comunidad se gastará casi 6.000 millones de euros en sectores estratégicos, como la resiliencia del litoral, el uso sostenible de los recursos hídricos, la penetración de renovables y el turismo climáticamente neutro. 

Entre otras disposiciones, la ley obligará a las administraciones a incluir en los pliegos de las licitaciones requisitos tenidos en cuenta para la acción climática, como la autosuficiencia energética o la gestión óptima de los residuos. Además, a partir de su entrada en vigor, las instituciones insulares no podrán adquirir vehículos cuyo sistema de propulsión utilice combustibles fósiles y la energía consumida en los edificios deberá ser renovable. 

Se creará el Registro Canario de la Huella de Carbono, en el que las empresas podrán calcular tanto los gases de efecto invernadero emitidos como los proyectos de absorción de los mismos. Las administraciones públicas del Archipiélago tendrán que renovar, anualmente, al menos el 5% de la superficie edificada del parque inmobiliario que tenga en propiedad, así como elaborar planes de eficiencia energética de dichos bienes.

(Habrá ampliación)