La crisis climática no la sufren todos por igual. Incluso en la misma ciudad, puede haber grandes diferencias barrio a barrio según el contexto que rodea a cada uno de ellos. Los más desprovistos de espacios verdes y zonas recreativas lo tienen difícil para contrarrestar las altas temperaturas. Los que están cerca de plantas industriales y altos niveles de ruido permanecen expuestos a importantes acumulados de polución. Los que se encuentran a muy pocos metros de la costa serán los primeros afectados por la subida del nivel del mar. Y así con todos.
Una investigación publicada recientemente en la revista Landscape and Urban Planning analiza precisamente esto en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Los autores se han apoyado en el concepto de “justicia ambiental” para definir los daños y bienes ambientales en cada distrito de la capital grancanaria y han elaborado un índice que armoniza indicadores relacionados con las desigualdades sociales, los riesgos climáticos y el acceso a espacios verdes. El resultado es un mapa del municipio donde se pueden observar distintas realidades distrito a distrito según el índice de Justicia Medioambiental Distributiva (DEJI, en sus siglas en inglés), la herramienta creada por los investigadores.
“La justicia ambiental no solo trata de los daños ambientales, sino también de los beneficios. Este concepto, que se desarrolló en los Estados Unidos a finales de los años 70, principio de los 80, nace cuando varias comunidades se dieron cuenta de que estaban más expuestas a diferentes tipos de perjuicios medioambientales, como puede ser vivir cerca de áreas industriales o tóxicas”, explica Jarumi Kato-Huerta, investigadora en el departamento de Planificación de Servicios Ecosistémicos y Sostenibilidad Urbana en la Universidad de Trento, Italia.
Para estudiar el caso de Las Palmas de Gran Canaria (de especial interés por ser una ciudad insular, más frágil que las continentales), Kato-Huerta y Davide Geneletti, el otro autor del trabajo, revisaron los documentos de planificación de la capital en busca de políticas que pudieran formar parte de los tres subíndices empleados (desigualdad social, riesgos ambientales y beneficios de zonas verdes) y del DEJI final. En total, analizaron 18 documentos y detectaron hasta 46 indicadores que posteriormente fueron clasificados de 0 (menor prioridad) a 1 (máxima prioridad). Entre ellos destacan la mortalidad por cáncer de pulmón, el porcentaje de población por encima de 65 años, la exposición a micropartículas PM10 por contaminación atmosférica o la accesibilidad residencial a espacios verdes a una distancia de 600 metros a pie, como muy lejos.
De este modo, el mapa presenta un patrón territorial de “injusticias distributivas” que divide a la ciudad entre el este y el oeste, de Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya a Vegueta-Cono Sur-Tafira, lo que viene a decir que los puntos calientes se sitúan en los núcleos urbanos y no en la periferia, como era de esperar. El estudio sugiere que esto podría deberse al crecimiento turístico de la región, que atrajo a grandes cantidades de población extranjera posteriormente afincada en asentamientos marginales en el barrio de Vegueta, creciendo hacia el norte y en paralelo al mar hasta llegar a La Isleta. “Las zonas costeras eran áreas de producción y asignación de las clases trabajadoras”, continúa la investigación, “frecuentemente excluidas de la revitalización social y residencial, la cual se vio agravada por cuestiones topográficas (por ejemplo, fuertes pendientes) que generaban una baja accesibilidad a los servicios”.
El vecindario con mayor injusticia ambiental sería La Isleta, según los resultados del análisis. Allí hay altos porcentajes de desigualdad, riesgos ambientales (ampliamente denunciados por los vecinos) y falta de zonas verdes. El propio estudio de Kato-Huerta y Geneletti reconoce que la implementación de medidas correctoras en el terreno es complicada debido a la escasez de suelo. Pero sí plantean otras soluciones, como techos verdes o huertos urbanos en los edificios. “Barcelona tiene una buena historia al respecto”, agrega la investigadora.
Las consecuencias de residir en un barrio sin árboles ni parques se están estudiando cada vez más. Un estudio publicado en 2020 estima que las personas viviendo en pisos de menos de 60 metros cuadrados, con vistas pobres y nula calidad interior tienen mayor riesgo de padecer síntomas depresivos moderados o severos. Otra guía científica difundida el año pasado recomienda la vista de al menos tres árboles de cierta envergadura desde toda la vivienda, pues solo tenerlos cerca parece mejorar nuestro ánimo.
“Es calidad de vida. Y en el contexto de Las Palmas de Gran Canaria, incrementar la inclusión social, garantizar que las poblaciones más desprotegidas también estén resguardadas ante los problemas que se incrementarán por los efectos de la crisis climática. Por ejemplo, para las personas ancianas es fundamental tener una mejor calidad del aire. Cuando se habla de sostenibilidad a veces olvidamos la parte social, que también es importante”, resume Kato-Huerta.
Este año, la consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, encargó a las universidades públicas de las Islas la elaboración de la Estrategia Canaria de Transición Justa y Justicia Climática. El consejero del área, José Antonio Valbuena, dijo que el objetivo del documento es “no dejar a nadie atrás en esta transición verde que estamos promoviendo (…), acabar con las situaciones de pobreza energética, así como favorecer un marco de oportunidades de formación y mejora del acceso a los nuevos nichos de actividad económica”.
El texto aún no se ha terminado, pero del mismo modo que ha hecho la herramienta DEJI en Las Palmas de Gran Canaria, pretende identificar riesgos y vulnerabilidades por territorios en el Archipiélago para así reconocer prioridades en los planes de actuación. “Sobre todo para que la planificación de espacios verdes sea un poco más social, principalmente en contextos insulares, que son regiones cerradas y tienen unas características muy particulares”, remacha Kato-Huerta.