Las asociaciones canarias Apigaste y Cafongas advirtieron este miércoles del riesgo que presentan algunos edificios, como colegios, hospitales y centros comerciales, por no revisar las instalaciones de gas, y denunciaron que el Gobierno regional no realiza las inspecciones necesarias.
Según indican ambas asociaciones en un comunicado, no revisar periódicamente las instalaciones de gases licuados del petróleo en las viviendas, naves o locales convierte en ilegal esa instalación y, además, supone un peligro inminente para la vida e integridad física de las personas que allí viven o trabajan.
La asociación empresarial tinerfeña Apigaste y la grancanaria Cafongas exigen al Gobierno de Canarias que cumpla con la normativa para acabar con la ilegalidad y, sobre todo, evitar tragedias.
“Igual o superior peligro suponen aquellas instalaciones actualmente en funcionamiento que ni siquiera disponen del certificado inicial, muchas de las cuales se encuentran en centros de pública concurrencia, colegios, hospitales o centros comerciales, lo que debe ser objeto de especial inspección y sanción”, denuncian estos colectivos.
En su opinión, las asociaciones han informado de esta cuestión al director general de Energía del Ejecutivo autónomo, Adrián Mendoza, “en sucesivas ocasiones y después de distintas reuniones, pero no ha servido para nada”, por lo que expresan su decepción.
Los dirigentes de Apigaste y Cafongas lamentan “el abandono de las obligaciones inspectoras” de la Administración que es, junto con la empresa suministradora, la responsable a todos los efectos de cuantos daños y perjuicios pudieran producirse por no exigir el cumplimiento de la norma.