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El Gobierno valenciano sanea las cuentas de À Punt antes del desembarco de los consejeros del PP y los de Vox

Edificio de la sede de la radio televisión pública valenciana À Punt en Burjassot.

Laura Martínez

12 de diciembre de 2024 22:17 h

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El Gobierno valenciano empieza a sanear las cuentas de la radiotelevisión pública valenciana en vísperas de que desembarquen los consejeros de PP y Vox. La Generalitat Valenciana ha aprobado este jueves una inyección de 37 millones de euros a la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació y una transferencia a la sociedad anónima para garantizar la viabilidad de la empresa, que arrastra un conflicto judicial de 24 millones de euros con la Agencia Tributaria por un cambio en el criterio del IVA.

En la orden dictada por la Conselleria de Hacienda se reconoce que la transferencia se realiza “para lograr la estabilización del patrimonio neto de la SAMC y permitir su absorción por la futura Corporación”. En junio, PP y Vox aprobaron una ley para crear la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA), una mercantil pública que gestionará la radiotelevisión valenciana y que liquidará la estructura societaria actual. El próximo jueves el pleno de las Corts elegirá a los consejeros del ente, todos a propuesta del PP y Vox, que culminarán su intención de cambiar el funcionamiento de los medios de públicos de titularidad autonómica. Todo apunta que el presidente de la Corporación será Vicente Ordaz, director de informativos de la Cadena Cope y con amplia experiencia en radio, aunque falta por ver quién ocupará la dirección general, un puesto con gran poder de mando y que el presidente de la Generalitat ofreció a una periodista el día de la DANA. La periodista rechazó sumarse al proyecto del PP.

El texto aprobado por la Conselleria de Hacienda reconoce el conflicto de À Punt con la Agencia Tributaria Estatal. Desde 2020, la televisión pública no puede deducirse una parte del IVA de los productos audiovisuales, un lastre para sus cuentas que le impiden tener beneficios económicos, pero además, la reclamación de ese importe de los años 2016 a 2019 implica casi un tercio del presupuesto del ente.

El Consell de Ximo Puig se comprometió a asumir el montante (24 millones) cuando llegara la sentencia, como figura en la ley de presupuestos de los años anteriores, de igual modo que el PP y Vox ya con Mazón al frente de la Generalitat. La transferencia de 37 millones se realiza antes de que finalice el ejercicio, con vistas a que en 2025 la nueva empresa pública ya esté operativa y empiece a absorver a los trabajadores y los recursos materiales de À Punt. El primer paso, la elección del Consejo de Administración, se da la semana próxima, con una toma de posesión que se realizarán antes de Navidad.

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En concreto, Hacienda apunta que el IVA ha provocado “pérdidas acumuladas que han deteriorado sus fondos propios. Dichas pérdidas, en su mayoría derivadas por el impacto de dicho cambio de criterio en las cuotas de IVA y su tratamiento contable, han generado un déficit patrimonial que debe ser abordado antes del cierre del ejercicio 2024 para evitar la disolución forzosa de la entidad”. Para su financiación, apunta el departamento que dirige Ruth Merino, “se propone la transferencia de disponibilidades existentes en la línea S1573 «Desarrollo de proyectos de marcado interés económico y social para la Comunitat Valenciana» y en la línea T0034 «Previsión gastos de personal», ambas del capítulo IV del programa 612F00 Gastos diversos”, ambas de Presidencia de la Generalitat, a la sociedad anónima de medios de comunicación, gestora de la televisión y la radio. Con este traspaso, justifica Merino, “se estima que permitirán que el patrimonio neto de la SAMC alcance un valor positivo aproximado de 13.231.000 euros, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente y garantizando la continuidad de las operaciones hasta su absorción”.

El Consell Rector de la CVMC, que preside Miquel Francés, órgano que dejará de existir en cuanto el PP culmine el traspaso, ha celebrado a través de un comunicado que el Gobierno valenciano “asegure la viabilidad de la empresa” y que cumpla “por primera vez” este compromiso adquirido en 2022 por el anterior gobierno y que restablece el equilibrio en las cuentas de la cadena.

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