Dos defensas del 'caso Taula' acusan a la UCO de incautar “sin cobertura” del juez el móvil a un acusado y el fiscal lo niega

El juicio por la pieza separada K del 'caso Taula' se ha retomado este lunes ante la sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia, tras dos suspensiones anteriores, con un enfrentamiento entre dos de las defensas y el representante de la Fiscalía Anticorrupción a cuenta de las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En el banquillo se sientan los exalcaldes de Requena Javier Berasaluce y de Enguera Santiago Arévalo, ambos del PP, y Óscar Martínez, del PSPV-PSOE, además del empresario Mariano López, exsuegro de Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero'. Se trata de una rama menor de la macrocausa nacida de la pieza separada D, en la que todos los acusados fueron absueltos.

La pieza separada nace de la incautación del teléfono móvil del exsuegro del 'yonqui del dinero'. Y hacia ese móvil han dirigido sus miradas los letrados de las defensas. El que ejerce la de López, el penalista David González Wonham, ha dicho en la fase de cuestiones previas que su cliente no estaba presente en el registro de la sede de la empresa, a pesar de que la incautación de su teléfono, según los informes de la Guardia Civil, figuraba reseñada en el despacho de la mercantil.

“Mi cliente estaba en mi despacho, nunca pudo estar en dos sitios a la vez; [su teléfono] fue requisado cuando fue detenido, no sabemos en concepto de qué”, ha dicho el letrado, quien ha agregado: “No todo vale para obtener la prueba”. El abogado ha llegado a acusar a los investigadores de la UCO y a la Fiscalía Anticorrupción de “falsear una entrada y registro”, acaecida hace una década.

Manolo Mata, abogado del exalcalde de Enguera Óscar Martínez, ha recogido el guante y también ha criticado abiertamente la investigación de la UCO, cuestionando que los investigadores del Instituto Armado requisaran el teléfono móvil de Mariano López. Mata ha asegurado que el empresario fue detenido y su móvil intervenido “sin cobertura” del juez instructor.

“Con el móvil, te bajas todas conversaciones, SMS, correos, horas de las llamadas, geolocalización, contraseñas en redes sociales... La incautacion de ese móvil es nula de pleno derecho”, ha afirmado el letrado. Manolo Mata ha acusado a la Fiscalía Anticorrupción de haber pilotado en las últimas macrocausas en el territorio valenciano la “mayor vulneración de derechos”, con la consiguiente, a su juicio, “quiebra absoluta” del derecho de defensa. Ambos letrados han tildado de “prospectiva” la investigación.

Acusaciones “muy graves”, según el fiscal

Por su parte, el representante de la Fiscalía Anticorrupción, Fernando Maldonado, ha negado de plano las afirmaciones de ambas defensas. “La Policía puede acordar perfectamente la detención de los los investigados, fue una detencion policial”, ha explicado en referencia al arresto de Marinao López. El fiscal ha tildado de “muy graves” las acusaciones de las dos defensas y ha remachado que “no se corresponden con la realidad”.

“Los guardias civiles van a venir aquí [a declarar] y se les podrá preguntar”, ha advertido Maldonado, quien también ha negado que los hechos hayan prescrito. Las acusaciones de los letrados “desbordan” el derecho de defensa, ha apostillado.

El tribunal ha acordado valorar en la sentencia las cuestiones previas planteadas y el juicio, tras dos suspensiones previas, ha encarado la declaración de los testigos. María Luz. R. D., secretaria del Ayuntamiento de Enguera en el momento de los hechos, ha explicado que se trataba de un contrato, por procedimiento negociado sin publicidad, para hacer aflorar deuda pública, aunque luego fue por una “cuantía muchísimo más inferior a la que se había previsto”.

Se trataba de un “procedimiento habitual” en ayuntamientos “de este tamaño”. Se cursaron invitaciones para participar en la licitación dirigidas a tres empresas, aunque finalmente solo una de ellas se presentó.

La funcionaria, habilitada nacional, ha declarado que sintió “tranquilidad” al figurar un precio estimado del contrato, “pero luego se pagaba un porcentaje de lo efectivamente recaudado”. El planteamiento del contrato fue “correcto”, según ha apostillado.

Por otro lado, Josefa C., tesorera del Ayuntamiento de Requena, ha afirmado que el trabajo de inspección encargado “se efectuó”. “Se ingresó bastante”, ha dicho, entre “200 y 300.000 euros”.