Canarias es la comunidad autónoma que menos fondos provenientes del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 ha ejecutado. Hasta ahora ha gastado 17,19 millones de euros, pero ha recibido 81,2 millones, por lo que el porcentaje de ayudas sin justificar asciende al 78,82%, según un informe publicado recientemente por el Tribunal de Cuentas.
El órgano encargado de fiscalizar la gestión económica de las administraciones públicas analizó el grado de ejecución del mencionado plan, clave para combatir la indiscutible crisis de vivienda al contar con ayudas dedicadas al alquiler, la construcción y rehabilitación de casas y el apoyo a personas desahuciadas, entre otras cosas.
Los resultados del informe muestran que Canarias es la región que sale peor parada. Su grado de ejecución, de apenas el 21,18%, es muy inferior en comparación con la media nacional, situada en el 61,55%, y está a años luz de las comunidades que lideran la tabla, como Cantabria (99,84% de los fondos justificados), Catalunya (97,75%) y las Islas Baleares (94,54%).
El ámbito temporal del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 finalizó hace unos años, pero las autonomías pueden seguir desplegando determinados programas del mismo hasta 2030, pudiendo incluso ampliar ese plazo de manera extraordinaria. Este es un procedimiento común en los instrumentos de financiación. Partidas del mismo plan de vivienda, por ejemplo, pero esta vez el de 2013 a 2016, fueron ejecutadas a finales del año pasado.
El escaso cumplimiento en el Archipiélago explica, en parte, la declarada “emergencia habitacional” por el actual Gobierno. Las Islas llevan desde enero de 2022 sin terminar la construcción de una Vivienda de Protección Oficial (VPO), pensadas para acoger a las personas más vulnerables. Entre 2018 y 2023, solo han edificado 268, según datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
La Comunidad Autónoma suele protagonizar mes a mes los incrementos del valor del metro cuadrado (m2) más acentuados y encontrar un alquiler asequible es misión imposible para la mayoría de los residentes, estrangulados por la extensiva presencia del alquiler turístico y la exigua oferta.
El último sociobarómetro de Canarias, publicado en noviembre de 2023 por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), señala que la vivienda es el octavo problema que merece una solución más urgente entre la población residente, lejos del paro, la inmigración y la crisis económica, que ocupan los tres primeros puestos. El que fuera el Diputado del Común entre junio de 2018 y abril de 2024, Rafael Yanes, considera, no obstante, que la falta de casas y arrendamientos accesibles es “el problema social más grave” del Archipiélago, dijo en una entrevista en el periódico Diario de Avisos.
El Ejecutivo regional, conformado por Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP), ha intentado responder a esta crisis mediante dos decretos: uno que facilita la construcción de viviendas, tanto de régimen publicado como privado, pero no contempla medidas urgentes, advirtieron expertos; y otro que pretende regular el alquiler vacacional, aunque permite prácticamente doblar la oferta actual de pisos turísticos (alrededor de 60.000), causante ya de problemas de gentrificación y turistificación en las localidades canarias.
El Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 cuenta con una dotación de 1.473 millones de euros. Un tercio de ese presupuesto (452,9 millones) es para ayudas al alquiler. Los otros cuatro programas que más fondos reciben son los de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas (250,8 millones); fomento de la regeneración y renovación urbana y rural (213,4 millones); ayuda a los jóvenes (134,6 millones) y fomento del parque de vivienda en alquiler (131,7 millones).
El Ministerio de Vivienda considera que el objetivo de este plan es lograr que las ayudas lleguen de manera rápida y eficiente a los ciudadanos más vulnerables. El Gobierno nacional llegó a modificar el momento en que se consideraban adquiridos los correspondientes compromisos financieros por las comunidades autónomas con el objetivo de anticiparles la distribución de los fondos. Sin embargo, “a la vista de los índices de ejecución ya expuestos”, razona el Tribunal de Cuentas, “no parece que las ayudas llegaran a los destinatarios finales con la celeridad pretendida”.
El órgano fiscalizador expone que en un porcentaje “significativo” de los expedientes no consta resolución de la concesión, a pesar de haber transcurrido entre dos y cinco años desde la publicación de las correspondientes convocatorias. Las diferencias en ejecución entre las comunidades autónomas (Galicia, por ejemplo, recibió casi el mismo dinero que Canarias, unos 87,8 millones de euros, pero ha justificado ya el 84,77%) “pone de manifiesto la desigual aplicación de los fondos (…) y, por ende, un riesgo de incumplimiento de sus objetivos”.