Cambiar la calificación de la dependencia paraliza las ayudas, ¿supone retrasos de hasta 10.000 euros en la prestación?

El PSPV ha instado al Consell de Mazón a derogar “de manera urgente” la medida aprobada por la dirección general de Dependencia y Personas Mayores, bajo la dirección de la consellera Susana Camarero, que retira el derecho a recibir el pago de los atrasos de las ayudas a la dependencia a aquellas personas en lista de espera que, como consecuencia del agravamiento de su situación, modifican su solicitud de prestación.

La coportavoz de Política Social del Grupo Socialista en las Corts, Silvia Gómez, ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) reclamando a Camarero que rectifique “inmediatamente” y revoque la citada instrucción. Desde las filas socialistas no se descarta llevar ante los tribunales “una decisión irresponsable y que incluso podría considerarse ilegal, puesto que una instrucción no puede modificar el decreto que regulaba el pago de estas ayudas y que sí reconocía los atrasos”. “La ciudadanía valenciana tiene derecho a conocer cuántas personas se han visto afectadas por este recorte de las ayudas y el perjuicio económico que se les ha causado, además de todos los informes, jurídico, económico o técnicos, que han avalado la decisión”, ha dicho Gómez.

La diputada castellonense afirma que la última decisión tomada por la consellera Camarero “supone un grave recorte de derechos de las personas demandantes de las ayudas a la dependencia, que lo que necesitan es un gobierno que les facilite la vida y no uno, como el que tenemos ahora, que se la complica”, al tiempo que recordaba que con la nueva norma que pretende aplicar el Consell, si la persona dependiente o su familia realiza un cambio en la solicitud porque su situación ha cambiado, “pierden de forma inmediata el derecho a recibir las ayudas no percibidas desde el momento de la solicitud inicial. De forma absolutamente injusta, se les condena a ponerles el contador a cero”.

Silvia Gómez ha señalado que los cambios en la solicitud de la prestación son muy habituales, ya que, como denunció el sindicato UGT, con una espera media de 314 días hasta la aprobación de las ayudas, a menudo se produce un empeoramiento de la situación de los solicitantes que conlleva la necesidad de mayores cuidados y, en consecuencia, la petición de un servicio o prestación distinto al que se hizo en la solicitud inicial, por ejemplo, el ingreso en una residencia. “Al ponerse el contador a cero, los afectados pueden llegar a perder por los atrasos no reconocidos más de 840 euros al mes en el caso de una prestación vinculada al Servicio de Ayuda a Domicilio o 747 euros mensuales si es un Centro de Día”.

Dado que, al ponerse el contador a cero, se pierden como mínimo los seis primeros meses iniciales, el coste económico para los afectados es unos 5.000 euros, que se convierten en más de 10.000 euros si el retraso supera el año, denuncian los socialistas.

La Generalitat niega cualquier recorte en las prestaciones

La directora general de Dependencia y de las Personas Mayores, Beatriz Simón, ha asegurado que la Vicepresidencia y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda garantiza los derechos y las ayudas a la dependencia y ha negado cualquier recorte de las prestaciones a las personas beneficiarias y sus familias y ha explicado que la instrucción de la Conselleria, emitida en abril de 2024, relativa a los cambios de preferencias, se realizó con el objetivo de “proporcionar seguridad jurídica” a los usuarios del sistema. 

Sobre este aspecto, ha subrayado, “en ningún caso las personas que están en la lista de espera van a perder sus derechos a percibir los atrasos en caso de cambiar la solicitud inicial de la prestación”, tal y como ha difundido el PSPV y denunció en su día UGT. 

Para aclarar esta situación, se han mantenido reuniones con representantes sindicales y de las entidades sociales a quienes ha trasladado que la conselleria va a emitir un informe técnico de esta instrucción en la que se garantiza que “los derechos y ayudas a la dependencia se mantienen sin ningún cambio”. 

Sobre las denuncias vertidas por la oposición, la directora general ha lamentado que “incrementen la inquietud” y ha considerado que son afirmaciones “totalmente fuera de lugar” porque se refieren a una situación “ya resuelta de manera inmediata y en colaboración con los sindicatos y los organismos, que han mostrado su apoyo desde el primer momento”.

Simón además ha recalcado que lo sucedido se debe “únicamente una interpretación de la instrucción que ya ha quedado aclarada” y ha constatado que “en caso de duda, la norma se aplicará en sentido favorable para la persona dependiente, que mantendrá los derechos adquiridos”. 

Récord histórico de inversión en el sistema de dependencia

La directora general ha recordado que las últimas cifras sobre la inversión en el sistema de dependencia avalan “la gestión y la ocupación y preocupación de este Consell con los más desfavorecidos”. 

Así, ha recordado que la Vicepresidencia y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha “batido el récord histórico” de inversión en el sistema de dependencia con 680 millones de euros en 2024, frente a los 567 millones con los que cerró el ejercicio 2023, según los últimos datos del departamento.

Además, el sistema de atención a la dependencia logra también un máximo histórico en cuanto a número de personas atendidas, que superan ya las 160.000, casi 20.000 más que durante 2023 en toda la Comunitat Valenciana.

A la inversión inicial de 520 millones de euros prevista para el sistema de dependencia en 2024, se suma una primera ampliación de crédito de 25 millones de euros realizada por el Consell en el mes de marzo y tres más realizadas con posterioridad de 45 millones cada una.

“Este incremento de recursos económicos ha sido financiado exclusivamente con recursos propios de la Generalitat”, ha indicado Simón, al tiempo que ha señalado que el Gobierno central “apenas aporta un 22% del gasto necesario a la dependencia valenciana, muy lejos de su obligación de aportar el 50%”.