La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una multa de 1,3 millones de euros a la petrolera canaria Disa, propiedad de la familia Carceller, por pactar precios e intercambiar información estratégica con otras operadoras del sector, infringiendo de esta manera la Ley de Defensa de la Competencia, según ha anunciado el organismo eststal este miércoles.
La primera de las actuaciones irregulares detectadas por la CNMC en relación con Disa se refiere al pacto de no agresión que estableció entre julio y septiembre de 2011 con Cepsa y el acuerdo entre ambas compañías para fijar los precios a aplicar en las estaciones de servicio de Ceuta en julio de 2013.
Competencia también ha detectado una infración en diversos intercambios de información entre Disa y Meroil en 2012 en relación a los precios aplicados en las estaciones de servicio del entorno de Sant Joan Despí (provincia de Barcelona) y en 2013 en relación a sus márgenes operativos.
LA CNMC ha hecho públicas este miércoles la resolucón sanciona con un total de 32,4 millones de euros a cinco petroleras. Las compañías multadas son, además de Disa, Repsol (20 millones); Cepsa (10 millones); Galp (800.000 euros), y Meroil (300.000 euros).
La resolución aprobada recientemente se corresponde con un expediente incoado en julio de 2013 y contra ella no cabe recurso en la vía administrativa, por lo que las petroleras sólo podrán impugnarla ante la Audiencia Nacional a través de un recurso por la vía contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación.
Competencia desglosa en un comunicado las cuatro actuaciones por las que sanciona a las compañías. En la primera de ellas identifica una infracción en el acuerdo entre Cepsa y Repol para coordinar la política de precios en dos estaciones de Zaragoza, en un pacto de no agresión entre julio y agosto de 2011 y en varios intercambios de información estratégica durante tres años en las estaciones de servicio que son gestionadas por una de ellas y son suministradas en exclusiva por la otra operadora.
También multa a Galp y Meroil por intercambiar información de un contrato de suministro y abanderamiento en mayo de 2011.
Las otras dos actuaciones que csanciona la CNMC son las relacionadas con Disa, una compañía que, a través de una empresa fantasma, ha recibido recientemente una inyección de nueve millones de euros del Ministerio de Industria, en manos del canario José Manuel Soria, para la instalación de una planta de biocombustible en el polígono industrial de Granadilla.
La entidad beneficiaria por este préstamo, Plastic Energy SL, se constituyó el 24 de junio de 2014, solo nueve días antes de que finalizara el plazo para la presentación de propuestas para optar a una ayuda dirigida a pequeñas y medianas empresas (pymes). Detrás de Plasticenergy Tenerife SL se esconde Disa una de las grandes empresas del imperio de la familia Carceller, con el control del 99% de la sociedad, según reconocieron desde el propio Gabinete del ministro.