Los líderes de diferentes organizaciones empresariales de Canarias se han declarado este lunes en contra de la posible aplicación de una tasa turística o ecotasa en las islas, e incluso han sugerido que antes se suban unas décimas el IGIC (que afectaría por igual al conjunto de la ciudadanía, incluidos los visitantes) que aplicar esta medida impositiva a los turistas.
Este planteamiento ha partido del presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, Agustín Manrique de Lara, quien en declaraciones a la SER Canarias recogidas por EFE, ha sugerido “recargar el IGIC con algunas décimas”, sin especificar cuántas, si se quiere obtener una financiación extra para la mejora de espacios públicos en las ciudades turísticas, formación en el ámbito del sector turístico o mejora de infraestructuras.
Manrique de Lara cree que con una tasa turística “el mensaje que se está dando es que tienes que gravar a un sector porque es negativo para la sociedad” cuando, ha continuado, se debe conseguir que el sector turístico sea positivo para el entorno y colabore a dinamizar la sociedad y mejorar las condiciones de vida de los canarios.
Además, ha criticado “crear una figura que tenga más costes que los beneficios que genera”, en referencia a la figura de la ecotasa, y se ha preguntado si la tasa turística es para penalizar a un sector o para fortalecer una actividad económica.
Manrique de Lara ha asegurado que “el diálogo siempre debe estar abierto” y que la fiscalidad hay que analizarla de forma conjunta, ver qué fiscalidad afecta al sector turístico y para qué y cómo se quiere incrementar a un sector que “aporta 4 de cada 10 euros a las arcas públicas”. Lo que no ha mencionado Manrique de Lara es la cantidad de dinero público que recibe el sector, empresas privadas, bajo el paraguas de conceptos tan variados como la digitalización, la rehabilitación o la movilidad, entre otros. Solo en los últimos días se han conocido dos: la consejera de Turismo anunció 20 millones de euros de fondos europeos para impulsar a las empresas turísticas de las Islas; y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha destinado 80.000 euros de dinero público a “dinamizar” las terrazas de siete hoteles. Son solo dos ejemplos de dinero público que va a parar directamente a empresas privadas del sector turístico.
El presidente de CEOE Tenerife, Pedro Alfonso, ha señalado por su parte que “la ecotasa está más que muerta, no tiene ningún sentido ni razón para aplicarse”, y ha opinado que la disposición del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, de estudiar su aplicación implica “cierta contradicción” con la promesa de bajar impuestos.
Alfonso ha hecho hincapié en que una bajada de impuestos “duplicaría, triplicaría” la capacidad recaudatoria de una tasa turística que “no recaudaría más de 100 millones de euros al año”, aunque no ha explicado de dónde ha sacado esas cifras. Tampoco que una subida del IGIC afectaría a la población local, que ya paga impuestos, mientras que la tasa turística, reconocida y aplicada en numerosos países, es un gravamen que se aplica al turista por el impacto que genera para el destino, ya que consume recursos como electricidad, agua y alimentos y genera residuos, entre otras cuestiones. Sin ella, estos gastos son sufragados por la población local.
Alfonso ha señalado que desde el ámbito empresarial asisten “un poco atónitos” a la repercusión que están adquiriendo las convocatorias del 20 de abril y la postura “buenista” de la mayoría de partidos políticos en torno a las mismas y sus postulados pues, ha recalcado, “emanan de la turismofobia”. Sin embargo, los convocantes del 20A (numerosas organizaciones cívicas y medioambientales) han reiterado ya en distintas ocasiones que las protestas no son contra el sector turístico ni se pide su erradicación, sino que se controle y no se apueste por su crecimiento sin límites, ya que genera presión no solo sobre el territorio, sino sobre los habitantes de las islas.
El presidente de la patronal tinerfeña ha ahondado en que este movimiento surge de “una serie de personas que se acercan a los aeropuertos a amedrentar y acusar a los turistas con sus familias, con sus niños, para que no vengan a Canarias. Es un error. Hay alguna persona que se está frotando las manos en otros destinos turísticos, y esto nos está haciendo un daño terrible”, ha aseverado, aunque no ha explicado qué destinos están haciendo eso ni a qué daño concreto se refiere (si ha habido cancelaciones, por ejemplo). Además, la acción a la que se refiere este empresario consistió en mostrar carteles informativos a los turistas mientras llegaban a la terminal de Tenerife Sur con datos como el salario medio en las Islas o la incapacidad de los locales para encontrar una vivienda, una acción puramente informativa.
“Es lamentable que todavía estemos planteando que el efecto que genera el turismo en Canarias sea pernicioso. No tiene ninguna razón”, ha opinado Pedro Alfonso, quien ha minimizado, cuando no negado, el impacto de esta industria en el consumo del agua o las colas en las autopistas. Las dos universidades públicas canarias, en diferentes informes, contradicen a Alfonso, y muestran que el desarrollo de la industria turística ha ejercido presión sobre las infraestructuras y paisajes de las islas, así como en sus espacios protegidos, sus recursos y ha generado más residuos y más necesidad de energía y agua, además de que ha sido un sector que ha pasado por algo, en general, la sostenibilidad. Y no solo las universidades. El propio Parlamento canario fue el escenario en el que Fernando Clavijo y Casimiro Curbelo, durante una interpelación en la Cámara, reconocieron que algo estaba fallando en el modelo turístico en las islas cuando las cifras del sector son de récord pero los niveles de pobreza siguen por encima del 33% de la población.
En cuanto al planteamiento de una nueva moratoria turística, Alfonso ha afirmado que “no se construyen hoteles desde hace tiempo” y algunos que están operando “no los podemos llenar porque hay gente que no quiere trabajar y tienen que abrir solo la mitad”. Este dato es falso, ya que actualmente hay varios proyectos de construcción de hoteles en varias islas, entre los más conocidos, el hotel de La Tejita, que invade el dominio público, y Cuna del Alma, que destruyó un yacimiento arqueológico, amenaza a especies vegetales protegidas y que inició las obras sin contar con una declaración de impacto ambiental.
A cuenta de la petición del presidente de Canarias de un aumento de los salarios en el sector turístico, Pedro Alfonso ha indicado que se paga por encima de la media e incluso de la administración pública y, por tanto, no existe “una situación penosa, sino todo lo contrario: tira del carro para que resto de sectores y la administración sigan creciendo”.
El presidente de CEOE Tenerife ha indicado que los aumentos de salarios se deben negociar por la vía de la productividad y que no sean consolidables, lo cual rechazan los sindicatos.
Ha afirmado que la productividad “es un tapón que tiene puesta la administración pública sobre las empresas y los administrados” y se ha preguntado cómo los ciudadanos no exigen una mayor “correspondencia entre lo que pagamos vía impuestos y el servicio y la eficiencia” de las administraciones públicas.
Convocan unos vagos
También se ha pronunciado en las últimas horas Óscar Izquierdo, presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (FEPECO), quien a través de un comunicado pide “serenidad” frente a la “agitación continua” de quienes la promueven con la intención de “vaguear”.
Argumenta que estas personas “sólo buscan el debate permanente, porque siempre saldrá un tema adecuado, escudriñado precisamente para perder el tiempo, con el objetivo preestablecido de que se alargue lo más posible, con el fin de inmovilizar”.