MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Fomento deberá destinar 2.639 millones de euros en el ejercicio 2013 a atender las obligaciones de pago de intereses y de principal de la deuda de unos 40.000 millones de euros que soporta el Departamento y sus sociedades públicas dependientes, según informó el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá.
Se trata de un importe un 17,4% superior al de 2.248 millones de euros que Fomento abonará este año 2012. En concreto, este ejercicio destinará 1.220 millones a amortización de capital y otros 1.028 millones a gastos financieros, según detallaron en fuentes oficiales del Ministerio.
La cantidad que el Departamento que dirige Ana Pastor empleará finalmente en cumplir con las obligaciones de la deuda en 2012 será así inferior a la de 2.500 millones estimada en el Presupuesto de 2012. Este importe es a su vez un 5,5% inferior al presupuestado calculado para 2013.
No obstante, los 2.639 millones de euros que Fomento prevé gastar en atender las servidumbres de su deuda el próximo año es una cantidad equivalente al 80% de los 3.302 millones que Fomento invertirá en AVE en 2013 y al 89% de los 2.963 millones que se destinarán a obras y mantenimiento de carreteras. Además, multiplica por más de tres al presupuesto de 758 millones con que contará la política de vivienda.
FACTURA DE LA LUZ DE 7 MILLONES.
Así, tras atender esta deuda, y dado el “compromiso de Fomento con el objetivo irrenunciable de cumplir con el déficit”, el Ministerio contará con un presupuesto inversor de 10.161 millones de euros en 2013.
No obstante, durante su comparecencia en la Comisión de Fomento del Congreso, Catalá recordó que de este monto se ven “obligados a detraer” 1.194 millones para atender obligaciones de pago pendientes de años anteriores derivadas de ejecución de obras y de servicios de sus entes públicos.
Así, más de la mitad de este importe, unos 670 millones de euros, se destinarán a pagar obras y expropiaciones de carreteras, otros 318 millones a saldar deudas con Correos por el servicio postal público que el operador está obligado a prestar y 7 millones más a pagar lo que el Ministerio debe en facturas de la luz “de años anteriores”.