La consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Francisca Luengo, negó este lunes que el plan de empleo social del Ejecutivo discrimine a los parados en función de su municipio de empadronamiento, y acusó al PP de pretender boicotear esa iniciativa.
Luengo, que compareció en comisión parlamentaria, dijo que en los próximos días se decidirá con la Federación Canaria de Municipios cómo se distribuyen los fondos para ese plan de empleo social, para el que el año pasado el Gobierno destinó a cada municipio la mitad de la financiación que estos aportaron.
Esa distribución, según el PP, supuso una discriminación entre los parados en función de si el municipio en el que viven aportaba más o menos dinero, cuando las políticas activas de empleo no son una competencia local sino autonómica.
Aurora del Rosario, portavoz de empleo del PP, propuso a la consejera que los fondos del Gobierno de Canarias se distribuyan entre los municipios en función del número de beneficiarios (parados de larga duración en familias con todos sus miembros en paro) y no en función de lo que sea capaz de aportar cada ayuntamiento.
Señaló que el sistema de reparto resultó “tremendamente injusto” en 2013, porque hubo municipios que recibieron hasta diez veces más por beneficiario que otros, en función de la capacidad de cada municipio para financiar su parte.
Francisca Luengo negó que haya discriminación por lugar de empadronamiento entre los parados, y señaló que los criterios de financiación fueron fijados de común acuerdo con los ayuntamientos, de manera que el Gobierno aportaba en cada municipio la mitad que éstos fueran capaces de aportar, con un límite del 10% de lo recibido por el fondo de compensación intermunicipal.
Para la nueva edición del plan, que tendrá vigencia esta vez por dos años, aún no se ha concretado la distribución de los fondos, pero la consejera adelantó que los contratos serán de seis meses, con sueldos por encima de los 1.400 euros y con jornadas no inferiores al 75%.
También garantizó que este año el Gobierno de Canarias aportará el total de diez millones de euros presupuestados, independientemente de lo que aporten los ayuntamientos.
Además de beneficiar con empleos en lugar de con asistencia social a parados de larga duración en familias con todos los miembros desempleados, el plan permite además acometer obras y servicios en beneficio de los ciudadanos, destacó Francisca Luengo.
Acusó a la representante del PP de pretender boicotear el plan de empleo con acusaciones artificiosas sobre supuestas discriminaciones de los parados en función del municipio en el que están empadronados, así como de exigir al Gobierno de Canarias que incremente la financiación mientras el Estado aplica recortes en las políticas activas de empleo.
“Habla de discriminación y resulta que los ayuntamientos que dice que están discriminados son los que menos fondos pusieron, los del PP”, dijo la consejera a Aurora del Rosario.
La representante del PP pidió celeridad a la consejera, porque va a terminar el mes de mayo y sigue sin estar definido el plan de empleo social, e insistió en que la experiencia de 2013 sirva para corregir las “injusticias” respecto a algunos municipios, cuando las políticas de empleo no son competencia municipal.
La representante del PP aseguró que trataba de hacer un planteamiento constructivo para mejorar el plan, aunque añadió que entendía que al Gobierno de Canarias le diera “vergüenza” revelar que solo destina diez millones de euros para este programa.
Según Aurora del Rosario, la consejera trata de que los ayuntamientos le financien el plan para “salvar la promesa” del presidente del Gobierno, Paulino Rivero, de que habría 8.500 beneficiarios, cuando ahora ya se habla de que serán solo 5.000.
“Hay otros socialistas que no quieren jugar a que Coalición Canaria dirija la Consejería de Empleo”, pero si el plan se aplica “de un modo tan injusto será porque eso es así”, dijo Aurora del Rosario.
Francisca Luengo aconsejó a Aurora del Rosario que no boicotee el plan de empleo social y que “no se quede sola” en su posición contraria, porque, igual que en 2013, lo apoyan todos los alcaldes del PP.