Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han defendido este miércoles la puesta en marcha de una nueva batería de medidas que, junto a la propuesta de crear un nuevo tipo impositivo en el Impuesto de Sociedades para beneficios a partir del millón de euros, permitirían ingresar más de 2.100 millones de euros adicionales en Canarias y en torno a 63.300 millones en el conjunto del país.
Esta cantidad sería suficiente para reducir el déficit del 8,9% del pasado año hasta un nivel inferior al 3% que hasta el momento ha exigido Europa para 2013, tal y como indica Gestha en una nota de prensa.
El colectivo ha destacado que muchas de estas propuestas podrían aplicarse desde este mismo año, lo que permitiría relajar las políticas de ajuste y la adopción de medidas contrarias al crecimiento, como una subida del IGIC, del IVA y de otros impuestos indirectos con la que el Gobierno pretende recaudar unos 8.000 millones de euros, casi ocho veces menos.
Según Gestha, la subida del IGIC y del IVA es “injusta” porque aumenta el esfuerzo fiscal de las familias frente a las empresas y es “regresiva” porque afecta más a los ciudadanos con bajos ingresos --pensionistas y mileuristas-- que a los que disponen de más recursos. Mientras los primeros dedican sus ingresos íntegramente al consumo --sujeto a estos gravámenes--, los segundos además de consumir tienen posibilidad de ahorrar, capítulo sobre el que no se aplican estos impuestos, señala el colectivo.
Los Técnicos de Hacienda consideran que el mayor potencial recaudatorio se encuentra en la lucha contra el fraude, ya que reduciendo en diez puntos la tasa de economía sumergida -hasta situarla al nivel de la media europea- se obtendrían cada año más de 1.530 millones de euros adicionales en Canarias, sobre un total de 38.500 millones en el conjunto del país, casi cuatro veces más que con una subida de dos puntos en el IVA.
Otra de las partidas más razonables para asegurar el cumplimiento del déficit del 3% del PIB comprometido para el ejercicio 2013 sería la creación de un nuevo tipo impositivo del 35% en el Impuesto de Sociedades para beneficios a partir del millón de euros de facturación, que son declaradas sobre todo por las grandes empresas que superan los 45 millones en ventas.
Esta única medida permitiría recaudar en Canarias unos 458 millones de euros adicionales, además de mejorar la equidad del sistema fiscal al reducir las diferencias entre el menor tipo efectivo de las grandes corporaciones y el mayor de microempresas y pymes, acercando así el esfuerzo fiscal de las empresas al de las familias españolas.
En tercer lugar, el colectivo propone la creación en 2013 de un Impuesto sobre la Riqueza que supere los defectos y cierre las vías de elusión del Impuesto sobre el Patrimonio parcialmente recuperado para 2011 y 2012, lo que podría triplicar la recaudación hasta los 73 millones de euros en el Archipiélago.
Otra necesidad urgente es lograr una coordinación efectiva entre los diferentes órganos de control del gasto de las distintas administraciones territoriales, con mayor transparencia de la actividad desarrollada por los mismos y claridad de la información de las cuentas públicas. Asimismo, Gestha propone que los entes públicos dependientes se sometan al control de la Intervención como consecuencia de su financiación con recursos públicos.
Resultados de 2012
Junto a las propuestas dirigidas a aumentar la recaudación a partir del próximo ejercicio, los Técnicos de Hacienda proponen una batería de medidas con las que se podrían ingresar en el conjunto del Estado 13.480 millones de euros adicionales desde este mismo año, lo que aseguraría el cumplimiento del déficit del 5,3% del PIB comprometido para 2012.
Gran parte de esta recaudación, unos 6.200 millones de euros anuales, podría alcanzarse mediante una reorganización en profundidad del Ministerio de Hacienda y la Agencia Estatal Tributaria (AEAT) que permita a los técnicos de Hacienda realizar auditorías operativas para el control del gasto público e investigar a las grandes fortunas y empresas, responsables del 72% de la evasión fiscal. De estos, aproximadamente 246 millones de euros procederían de Canarias.
En segundo lugar, la prohibición de las operaciones en corto contra la Deuda Pública española permitiría, entre otros efectos, reducir la especulación que genera unos sobrecostes de más de 1.400 millones de euros en la financiación del Estado.
En tercer lugar, para evitar la elusión de las grandes fortunas en el IRPF e Impuesto sobre el Patrimonio sería necesario modificar también de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, de tal forma que se establezca un porcentaje máximo de participación en las SICAV de entre el 2% y el 5% del capital social.
También, conviene anticipar al próximo mes de julio el aumento de la restricción al sistema de módulos, tributando en estimación directa, salvo para los empresarios que destinen sus bienes o servicios exclusivamente al consumidor final -no empresario-. Con esta medida se evitaría la pérdida recaudatoria que sufre el Tesoro por el mayor importe de los gastos e IVA deducidos por las facturas recibidas de los autónomos en módulos frente a lo ingresado por el módulo de estos autónomos.
Igualmente, Gestha propone aumentar el tipo de la Renta del Ahorro del IRPF a un mínimo del 24% (el tipo marginal mínimo de la renta general), así como excluir las ganancias patrimoniales especulativas -principalmente inmobiliarias y sobre valores mobiliarios- del concepto de rentas del ahorro, con el que se obtendrían en España casi 1.380 millones de euros adicionales en términos anuales.
Asimismo, los Técnicos abogan por procurar el acuerdo en la Eurozona para implantar el Impuesto a las Transacciones Financieras que, según la Comisión Europea, supondría una recaudación en torno a los 4.500 millones que nuestro país podría dedicar para restablecer la ayuda al desarrollo y lucha contra la Pobreza; y si el acuerdo se retrasa más allá de la presidencia danesa de la UE, España podría implantarlo unilateralmente.
Esta medida se complementaría con que el Gobierno podría instar un acuerdo en la OCDE para la obtención automática de información de carácter mercantil o tributario de personas o empresas que operen o sean titulares de bienes o derechos en paraísos fiscales, así como para la supresión de prácticas abusivas para reducir la factura fiscal internacional de las grandes corporaciones trasnacionales (precios de transferencia, holding, ETVE, etcétera).