La consejera de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Inés Jiménez, ha constatado este miércoles al reunirse con concejales de los 21 municipios de la isla que entre ellos no existe consenso respecto a cómo regular el alquiler vacacional, porque cada uno “cuenta con sus microrrealidades”
El pleno del Cabildo acordó el lunes instar al Gobierno de Canarias a que el futuro decreto levante el veto a las viviendas vacacionales en las zonas turísticas, pero una decisión que salio adelante con los únicos votos de dos grupos de la oposición (PP y Unidos), ya que el equipo de gobierno de Antonio Morales se abstuvo.
De hecho, Inés Jiménez (NC) ha remarcado que el gobierno insular aún no tiene una posición definida sobre esta materia ni ha decidido qué alegaciones va a presentar al proyecto de decreto.
“Tenemos dos grandes municipios turísticos (San Bartolomé de Tirajana y Mogán) que, según el decreto pueden permitir o no el alquiler vacacional en esas zonas, pero hay más ayuntamientos” y, por ese motivo, “no nos vamos a adelantar, sino que vamos a valorar las consecuencias y los términos para hacer las alegaciones”, ha señalado Jiménez.
La posición del Cabildo, tal y como ha apuntado la consejera, prevalece sobre la administración local, por lo que “en caso de no coincidir se abre un proceso de judicialización” que “va a ser complicado”.
Jiménez ha recordado que, conforme al proyecto de decreto, “parte de los cabildos y ayuntamientos el marcar las posibles excepciones” a la norma general. La consejera ha explicado que el Cabildo ha encargado a una consultora hacer un estudio comparativo sobre la incidencia del alquiler vacacional en otras comunidades autónomas.
“Tanto Madrid, Barcelona, Baleares como Galicia han fijado normas de acuerdo a sus realidades particulares, que no son ni mejores ni peores, sino distintas y las más adecuadas a sus territorios”, ha señalado.
Para Inés Jiménez, la decisión que se tiene que tomar en esta materia “es muy importante”, porque “va a marcar el desarrollo de esta gran tendencia que es el alquiler vacacional”.
Inés Jiménez ha remarcado que se estima que el 10 por ciento de los turistas que visitan Canarias se alojan en viviendas vacacionales. Pero en el caso de Gran Canaria, ha precisado, ese fenómeno no se concentra en las zonas turísticas del sur, sino en la capital, Las Palmas, que “aglutina el 40% del alquiler vacacional”.
La consejera espera lograr un acuerdo sobre este asunto en la isla, fruto de “escuchar a los vecinos, a las plataformas, a los propietarios y a los municipios”, que son “los que reciben la problemática en primera línea”, para así “definir cuáles van a ser las alegaciones” del Cabildo al borrador del decreto.
Sin embargo, ha precisado, “San Bartolomé de Tirajana y Mogán ya han adelantado que se van a posicionar en el marco de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias” con su estudio y valoración propia, Las Palmas de Gran Canaria tiene que atender a una realidad propia, “como municipio donde se concentran la mayoría de las viviendas vacacionales regladas”.
En este sentido ha destacado que en Gran Canaria existen 2.640 viviendas vacacionales regladas, además de otras 600 en expediente de autorización.
En cuanto a la incidencia del alquiler vacacional en ciertas zonas de los núcleos urbanos, ha recalcado que “el competente es el Gobierno de Canarias” y que este fenómeno “está cambiando barrios emblemáticos como Guanarteme y La Isleta”, en Las Palmas de Gran Canaria, por lo que el decreto debe contemplar “la singularidad y la realidad global”.
“Desde que se ha aprobado el borrador del reglamento, las colas para solicitar la resolución y permitir la explotación del alquiler vacacional son cada vez más grandes”, ha añadido, “una avalancha importante ante la que no tenemos capacidad de inspección ni garantizar que estén dando un servicio adecuado”.