Las dos patronales canarias y la Federación Canaria de Empresas Portuarias (Fedeport) trabajan en un documento en el que buscan recoger el impacto y los posibles efectos en la economía canaria de la tasa por emisiones de CO2 al transporte marítimo para trasladarlo a la Comisión Europea.
Tanto la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) como la Confederación Española de Organizaciones Empresariales de Tenerife (CEOE) y Fedeport intentan, trabajando en coordinación con el Gobierno de Canarias y las dos Autoridades Portuarias de las islas, que Bruselas excluya a las regiones ultraperiféricas de esta tasa, según han explicado este sábado en un comunicado.
La intención es hacer llegar a la Comisión Europea “las singularidades” de las regiones ultraperiféricas de la UE, como es el caso de Canarias, y su “dependencia del transporte marítimo”, sobre todo en lo que tiene relación con “su conectividad y competitividad con el fin de que no nos lleve a una ruptura de la ya complicada cadena de suministro y abastecimiento”.
Para las patronales, Canarias debe participar “en los sucesivos actos delegados que tendrá que adoptar la Comisión Europea en los próximos meses”, y que serán “de vital importancia” en el objetivo de lograr una “mejora de las condiciones particulares” en la posición del archipiélago respecto de estas normativas.
“Al igual que se hace necesaria la vigilancia continua de los puertos competidores de nuestra área de influencia y de la costa africana, para prevenir y no propiciar la deslocalización, proponiendo a la UE su inclusión en la lista de puertos de escala a los que afectará también esta medida”, han detallado en la nota.