Las patronales canarias del metal han denunciado ante el Gobierno regional supuestas irregularidades en la aplicación del Arbitrio a la Importación y Entrega de Mercancías (AIEM), ya que la mayoría de obras públicas se adjudican a empresas foráneas, lo que a su juicio es competencia desleal.
Así lo han manifestado representantes de la Asociación de Industrias de Construcciones Metálicas (Asicomte) de Santa Cruz de Tenerife y de la Asociación de Empresarios de Transformados Metálicos (Transmetal) de Las Palmas, en una reunión con la viceconsejera de Economía y Asuntos Económicos con la Unión Europea, Matilde Asián.
Ambas patronales señalan en un comunicado conjunto que han exigido al Gobierno de Canarias que aporte soluciones concretas a la grave crisis que sufre el sector.
Además los dirigentes patronales plantearon los problemas que provocan unas supuestas irregularidades en la aplicación del AIEM porque entienden que la mayoría de las licitaciones públicas son para empresas peninsulares o foráneas, con lo que se ejerce una competencia que califican de desleal.
Según sus estimaciones, la actividad en el sector ha disminuido hasta en un 40%, por lo que insisten al Ejecutivo regional “que filtre mucho más esas adjudicaciones o por lo menos que esas empresas tengan sus talleres en las Islas y fabriquen aquí, de manera que necesiten operarios canarios y no se pierdan tantos puestos de trabajo”.
Asicomte y Transmetal aseguran que no tienen “nada” en contra de las empresas foráneas “pero sí contra la existencia de compañías que introducen productos manufacturados que declaran como si no lo fuesen, con lo que se ahorran pagar el AIEM, de forma que ofertan más barato porque fabrican fuera y no pagan los debidos tributos”.
Por ello piden “que se depure y actualice” el listado de productos protegidos por el AIEM con el objetivo de garantizar que cumple su función, ya que tienen constancia de que el producto manufacturado de puertas y ventanas de aluminio que procede de carpinterías metálicas peninsulares paga este arbitrio.
A su juicio, el efecto que debe tener esa conducta “es una clara sanción administrativa” y además acusan a estas empresas de que importan el material terminado y traen a las islas a sus montadores para terminar los trabajos y después no pueden garantizar un mantenimiento de esas instalaciones“.
Al mismo tiempo, añaden que “se está aplicando el 15% de gravamen sobre el precio de fabricación, no sobre el precio final de la factura, tal y como estipula la regulación del arbitrio.
“El efecto inmediato es que la empresa canaria deja de ser competitiva, con lo que supuestamente se podría estar aplicando el AIEM en fraude de ley”, aseguran.
Asicomte y Transmetal recuerdan al Gobierno autonómico que “debe de proteger a las empresas y trabajadores de las islas que ahora se sienten muy indefensas” y exijan en los requisitos para participar en los concursos públicos de Canarias que las empresas que quieran optar a los mismos tengan presencia física en el Archipiélago.
Mientras tanto “seguirá corriendo un grave peligro” este sector que está constituido por casi 2.000 empresas con unos 15.000 trabajadores, una mano de obra especializada cuyo reciclaje a otros sectores resulta “mucho más costoso y perjudicial para una incipiente industria de manufactura metálica”.