El periódico tinerfeño El Día está a la venta por cuatro millones de euros. La heredera del imperio de Leoncio Rodríguez, Mercedes Rodríguez, ha pedido ese precio al menos a dos grandes grupos editoriales del país, Vocento y Prensa Ibérica, que de momento han rechazado la operación. Sobre Editorial Leoncio Rodríguez pesa una deuda millonaria no concretada aún por la compañía y la irrupción reciente de un nuevo socio, Ibrahim, Inversiones Consolidadas, que desde el pasado viernes tiene reconocidas el 29,5% de las participaciones en la sociedad. Además, soporta una crisis financiera que le ha impedido cumplir con sus obligaciones, entre otras el pago de las nóminas a los trabajadores, que este martes iniciaron una huelga de 48 horas, la primera de la histórica cabecera tinerfeña.
Los trabajadores de Editorial Leoncio Rodríguez iniciaron sus protestas hace meses, a partir de que empezaron a apreciarse los retrasos en el pago de las nóminas por primera vez en la historia del periódico El Día. Al desatenderse las reclamaciones laborales, los periodistas iniciaron une huelga de firmas que se transformó este martes en huelga laboral de 48 horas al incumplirse los compromisos de la empresa en relación al pago de nóminas, según han dicho los representantes del comité de empresa. La medida pasará a ser indefinida a partir del día 20 de septiembre si los incumplimientos se sostienen, han dicho los mismos representantes. A falta de los datos de la empresa, los trabajadores han cifrado en el 87% el seguimiento del paro. De la redacción solo han acudido un jefe y dos redactores, mientras que de la sección de administración solo ha habido un trabajador en huelga. Siempre según fuentes de los trabajadores, el seguimiento fue total en talleres, a la espera de lo que pueda ocurrir con la planta de impresión.
Los problemas para el periódico El Día comenzaron antes de la muerte del que fuera su factótum tras la desaparición de su fundador, José Rodríguez Ramírez, fallecido en 2014, ya con la crisis de la prensa avanzada. Pero esos problemas se han acrecentado con la llegada de su heredera, Mercedes Rodríguez, pese al respaldo que el diario ha tenido siempre de los poderes institucionales tinerfeños, particularmente el Cabildo de la isla. A través de empresas públicas y/o participadas, El Día ha recibido más inversión publicitaria que los demás medios informativos de la isla, según aseguran personas que han tenido acceso a las cuentas de la entidad.
Pero ha sido a partir de la irrupción en el accionariado de Ibrahim, Inversiones Consolidadas, con accionistas de momento desconocidos en la isla de Tenerife, cuando la crisis se ha acentuado más.
Los problemas han acorralado a Mercedes Rodríguez hasta el punto de decidir la venta de la sociedad con todos sus activos, incluidos el edificio de la Avenida de Buenos Aires, apartamentos, locales comerciales y plazas de garaje. El pasado jueves, en compañía de un periodista de su confianza, Rodríguez viajó a Madrid para celebrar una reunión con altos ejecutivos de Editorial Prensa Ibérica, propietaria de La Provincia y La Opinión de Tenerife, a los que ofreció El Día por cuatro millones de euros. Desde hace tiempo, Prensa Ibérica ha mostrado su interés por la centenaria cabecera tinerfeña, pero la respuesta que obtuvo la editora fue negativa, al tiempo que se le recordó que tiene un socio dentro al que debe ofrecer primero las acciones en venta.
Fuentes conocedoras de la reunión rebajaron las pretensiones de Mercedes Rodríguez al millón y medio de euros.
Al día siguiente, el pasado viernes, Editorial Leoncio Rodríguez inscribía en el registro oficial de socios a Ibrahim, Inversiones Consolidadas, a lo que se venía resistiendo estos últimos meses. Esa mercantil, con sede en el edificio Torre Picasso de Madrid, le mantiene interpuesta una querella a la empresaria precisamente por esa negativa.
Tras esa inscripción, Mercedes Rodríguez ha decidido convocar de modo extraordinario a la junta general de accionistas de Editorial Leoncio Rodríguez para el próximo 2 de octubre. El único punto en el orden del día es la modificación de los estatutos de la sociedad, concretamente del artículo que impone numerosos impedimentos a la venta de participaciones de modo libre por cualquier de los accionistas. Allí se verá las caras por primera vez con los representantes del socio inesperado al que la editora culpa de todos los males de la compañía, según plasmó en una carta dirigida hace unos meses a sus trabajadores.
Este periódico ha tratado de conocer la versión de la empresa y de la empresaria editora, pero la gestión ha resultado infructuosa.