“Nos quieren arruinar”: el pueblo de Guadalajara en el que se acumulan decenas de multas por un 'foto-stop'

En un vídeo de TikTok, un joven cuenta divertido el número de coches que se saltan una señal de stop en Torrejón del Rey. “Y otro. Y otro. Y otro”, se ríe el protagonista del vídeo que acumula casi medio millón de visitas en la red social. Se aprecia al menos a media decena de coches infringiendo la norma. La señal de 'stop' lleva instalada unos 18 meses en esta localidad de Guadalajara. La colocó el ayuntamiento y la gestiona la empresa Vialine S.L. que ha instalado una cámara justo en la intersección de las carreteras GU-141 y N-320, que se encuentra en este municipio. Año y medio después hay decenas de vecinos afectados por multas de 200 euros –si se pagan antes de 15 días– y con cuatro puntos menos en el carné de conducir. “Abusivo y recaudatorio”, es el resumen que hacen de la situación.

Más de 1.000 personas han firmado una petición para acabar con lo que califican de afán “recaudatorio” de este radar foto-stop. La recogida de firmas la inició un joven, Daniel Gallego, que acumula un par de multas tras haber trabajado durante el verano en la zona como repartidor. 400 euros y ocho puntos menos de carné.

“Vas al bar en Torrejón del Rey y una de cada diez personas que se están tomando un café tienen una multa”, recalca el joven. Un trabajo de verano se convirtió para él en una pesadilla económica, por eso decidió iniciar la recogida de firmas.

Francisco fue “cazado” mientras iba a la piscina. Recuerda que primero le llegó una notificación para identificarse como conductor. “Si no lo hacía, había una sanción de 600 euros”, recalca. El pasado 5 de noviembre recibió la multa con foto y un vídeo que, dice, no pudo abrir.

La alcaldesa, de Vox, justifica ahora lo que su propio partido tachó de “recaudatorio”

La alcaldesa de la localidad, María Belén Manzano explica a elDiarioclm.es que el foto-stop está instalado porque tiene un contrato ya licitado desde 2023, cuando gobernaba el PSOE en la localidad.

Manzano justifica la necesidad de colocar la señal: se trata de una intersección entre una carretera secundaria y una nacional, en la que hay “muchísimo tráfico”, también de camiones. “El número de accidentes se ha reducido en más de un 80% con relación a lo que había antes de poner el foto-stop”, asegura.

La edil, de Vox, lidera el gobierno local gracias a una coalición con el PP y un partido local, 'Contigo'. Reconoce que antes de gobernar, su propio partido había criticado el aspecto “recaudatorio” del 'foto-stop'. De hecho, desde Vox se reprochaba en 2023 en las redes sociales a la entonces alcaldesa socialista, Isabel García Arranz, que había “formas mejores” de evitar accidentes. “Pero claro, esas no suponen 200 euros por multa”, ironizaban desde Vox cuando estaban en la oposición.

La ahora alcaldesa dice que ahora las cosas son distintas. Sostiene que desde su llegada al Ayuntamiento se ha instalado una señal que avisa de su existencia. “Nos sorprende que, habiendo colocado el cartel, la gente siga cometiendo la infracción”, destaca la alcaldesa.

Cuando preguntamos a la alcaldesa si sabe cuántas multas se han puesto desde su llegada al gobierno municipal, Manzano contesta que no puede decir si son “miles”, tal y como apuntan los afectados por las mismas. Y resalta que el Ayuntamiento se limita a “notificar” las sanciones, pero que la gestión corresponde a la empresa contratada. “Lo gestiona la empresa contratada, nosotros no gestionamos nada, simplemente notificamos. Somos meros notificadores de las sanciones”, zanja.

La empresa en cuestión, Vialine S.L, explica en su web que su negocio se centra en la “implantación de dispositivos y sistemas de seguridad vial” en municipios de toda la ciudad, para contribuir a la “modernización y al refuerzo de sistemas de prevención de accidentes y control del tráfico rodado”, a través de lo que llaman una “contratación flexible”. Este medio se ha puesto en contacto con la empresa a través del formulario de contacto de la página web, sin obtener respuesta.

Se incumple la ley de protección de datos, según los afectados

Las personas afectadas también están muy activas en las redes sociales, con un grupo en Facebook en el que hay más de 1.600 personas y se comunican continuamente por un grupo de WhatsApp. Su intención es llevar a cabo denuncias conjuntas contra el Ayuntamiento, gobernado por Vox en coalición con el PP y un partido local, 'Contigo', y también contra la empresa propietaria de las cámaras del radar, el de este municipio pero también de otros “en la misma situación”. “Cuando se instaló la cámara (en 2023), los que ahora están gobernando se quejaron amargamente de su afán recaudatorio. Pero llegan al poder y la dichosa cámara sigue ahí”, explica Igor Oviedo, uno de los afectados.

Igor recalca que es consciente de que la multa que ha recibido él fue por saltarse el 'stop' y “haber hecho un ceda al paso”. “Eso no es discutible, he hablado con muchísimos abogados”. Pero sí afirma que el radar es innecesario en un cruce que todo el mundo sabe que es peligroso. “Es evidente que está ahí porque reporta ingresos. Calculamos que hay unas 1.500 personas afectadas, saca la cuenta”, asegura. Añade que hay personas afectadas que acumulan hasta “siete multas”. Entre ellas hay quien se ha quedado, incluso, sin puntos en el carné de conducir por las infracciones.

Los vecinos también han detectado que hay un presunto incumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos, ya que las notificaciones llegan con un documento que llega sin sobre “y con los datos personales del conductor y el coche a la vista”.

“También hay casos en los que después de que el conductor se haya identificado correctamente, el Ayuntamiento reclama mediante notificación de embargo el pago de 600 euros, a pesar de haberse realizado el proceso de forma correcta. U otros en el que los vehículos que solo disponen de matrícula trasera no son denunciados, y que solo se multa a quienes giran a la izquierda en el cruce”, explica Igor, que ejerce como portavoz entre las personas afectadas.

“Nuestra lucha es por que la quiten”, asegura Oviedo. Pero va más allá. “Lo que queremos ver es si realmente el Ayuntamiento tiene autorización para poner una cámara de este tipo”, explica este vecino de Alcalá de Henares. Entre las personas afectadas hay vecinos de su localidad, de Coslada, San Fernando de Henares, Algete, e incluso de Toledo o de Valencia. “Y los que no sabemos, porque mucha gente habrá pagado y ya está”.

Precedentes en los tribunales que dejan sin efecto las sanciones

“Nos quieren arruinar”, relata José, vecino de la localidad de El Casar, cuya mujer recibió una multa por una infracción cometida en febrero de 2023. José ha logrado que se anule dicha multa, según una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Guadalajara, consultada por elDiarioclm.es.

La familia decidió recurrir la multa a través del procedimiento contencioso–administrativo, al considerar que el requerimiento de identificación del conductor se recibió una vez había transcurrido el plazo de prescripción de la infracción, que es de seis meses. 

En la sentencia se describe además que para poder captar una infracción grave, como es no respetar la señal de 'stop', hace falta un aparato “especial” de grabación de vídeo, que sea “apropiado” al efecto para poder registrar las variables de espacio–tiempo necesarias. Un aparato que “brilla” por su ausencia, según el documento judicial.

De este modo, el documento del Juzgado guadalajareño considera que no está “acreditada la comisión de la infracción”. En la sentencia se imponen las costas al Ayuntamiento de Torrejón del Rey y no cabe recurso ordinario contra la misma. 

En la localidad madrileña de Algete, a menos de 30 kilómetros de Torrejón del Rey, la ciudadanía pasó por una situación similar, con semáforos radar con un sistema 'foto–rojo', aquellas que sancionan a los usuarios que se saltan un semáforo en rojo y son captados por radares de semáforo.

En aquella población madrileña se dejaron sin efecto los expedientes sancionadores iniciados debido a problemas “formales” en las denuncias. Belén Mayor fue parte de la plataforma de afectados que se creó en Algete por una situación que afectó a miles de vecinos.

“Nos juntamos un grupo, recabamos información, acudimos a plenos municipales y nos decidimos a ejercer la presión social, con carteles en los coches, en los comercios... Gracias a esta presión, y después de ir un montón de veces al pleno del Ayuntamiento, con base legal para demostrar que el procedimiento no era correcto, el alcalde tomó la decisión de anular las multas y retirar los semáforos”, explica. Ocurrió en noviembre de este mismo año, tras meses de multas.