En España faltan medios y personal para poner freno al fraude fiscal. Según los últimos informes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), se trata de uno de los países con menor ratio de inspectores fiscales por cada 1.000 contribuyentes. Las investigaciones se concentran en las pequeñas empresas, los autónomos y las rentas más bajas. Sin embargo, tal y como afirma el presidente del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, no es ahí donde brotan las manchas más gordas de la ilegalidad, sino entre los grandes patrimonios. Además, pide que se incremente la vigilancia sobre los partidos políticos.
“Falta voluntad política para luchar contra el fraude fiscal. Vemos necesario un plan con una serie de medidas que echamos en falta: más personal y efectivos, evaluación de la economía sumergida, control de la actividad de las administraciones tributarias”, ha dicho Cruzado en el último programa de Trópico Distópico, emitido este miércoles en la Televisión Canaria. “Siempre se puede hablar de intereses para que el control del fraude se siga focalizando en ese pequeño fraude [de autónomos y pequeñas empresas]”.
Antes de la crisis financiera de 2008 había 28.000 inspectores; ahora, alrededor de 25.000. En Canarias, la delegada especial de la Agencia Tributaria en el Archipiélago, Carmen Guillén, señala que hay en torno a 1.000 trabajadores. Y es clara. “Se han hecho investigaciones a políticos. Me consta que en las Islas también”.
Guillén afirma que los inspectores no reciben ninguna directriz de que no se debe inspeccionar a representantes públicos. Explica que hay planes que se pactan, e incluso decisiones que vienen desde Madrid, para organizar cómo será el trabajo de cada año y concretar dónde hay que poner la lupa. Aunque también puede darse el caso de un inspector que, por voluntad propia, decida husmear la empresa que le plazca.
Un ejemplo de esto último lo protagonizó el ex presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Javier Sánchez-Simón, que en calidad de inspector de la Agencia Tributaria abrió un acta de inspección a la naviera griega Lavinia en enero de 2013 por presunto fraude fiscal, sin esperar tan siquiera los dos años de descomposición que la ley obliga a los funcionarios públicos para intervenir en asuntos que tengan que ver con su última ocupación (fue cesado en agosto de 2011).
Dice Guillén que eso no debería ser así. Que no puedes guardar relación con la empresa que vas a investigar. Pero según los expertos consultados, en la Agencia Tributaria sigue habiendo prácticas incomprensibles. De otro modo, esgrime Carlos David Delgado, inspector fiscal en el País Vasco, no es entendible que, con políticos como los Pujol y Rato, habituales en los banquillos de los tribunales por macrocausas de corrupción, se haya abierto la veda tan tarde. O el rey emérito, del que se ha publicado información comprometedora sobre sus cuentas bancarias desde hace más de un año y hasta hace menos de un mes no se había abierto una inspección fiscal al respecto.
“Se persigue los errores del contribuyente, no el fraude fiscal”, cuenta Delgado. “Y si hablamos a nivel global… Hay que hacer un esfuerzo para acabar con esa planificación fiscal agresiva”, añade Cruzado.
El esfuerzo, en teoría, cogió forma el pasado fin de semana, cuando los países más ricos del mundo llegaron a un acuerdo para implantar a nivel global un impuesto mínimo de sociedades del 15%. El anuncio llega después de saberse que una filial irlandesa de Microsoft, Microsoft Round Island, cuya residencia fiscal se encuentra en Bermudas, no pagó impuestos por unos beneficios de 260.000 millones, según desveló el diario británico The Guardian. Un ejemplo más de los laberintos fiscales que ingenian las grandes sociedades para ahorrarse unas cuantiosas cantidades de dinero.
“Hay que ver si esto es legal o es ilegal, si el sistema lo permite”, reflexiona Rubén Rodríguez, asesor fiscal. Él utiliza el término “políticas fiscales agresivas” para referirse a casos como el de Microsoft u otras empresas que enredan el hilo para no pagar impuestos. Y cree que lo hacen porque estas compañías no están contentas con cómo se invierte el dinero público. “Se toman la justicia por su mano”.
En todo esto cobra gran importancia la figura del asesor fiscal, que es quien ayuda a montar todo ese entramado. Debido a una nueva normativa que ha entrado recientemente en vigor, estos profesionales se ven obligados a informar sobre las políticas fiscales agresivas que emplean las empresas para las que trabajan. “Es un poco arriesgado, porque ¿dónde está el secreto profesional?”, cuestiona Rodríguez.