El diputado regional del grupo Socialista Gabriel Corujo ha pedido este martes al Gobierno de Canarias que retire la tramitación de los presupuestos autonómicos para 2019, al haberse producido un descuadre entre los ingresos y los gastos debido a los descuentos fiscales a las eléctricas y a las sociedades de estiba, lo cual incumple la ley de estabilidad parlamentaria.
Sobre estas cuestiones también ha preguntado en el pleno el portavoz de Nueva Canarias, Román Rodríguez, a la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, y al presidente regional, Fernando Clavijo, quienes han asegurado que fue un error incluir en el presupuesto la exención del IGIC al consumo eléctrico, en vez de rebajar al tipo 0%, lo que se corregirá en enmiendas parciales en la tramitación presupuestaria.
Gabriel Corujo preguntó por el impacto en los ingresos para el Gobierno que supone ese cambio de criterio, puesto que no figura en el proyecto de ley presupuestario, en el que se refleja que el coste de la exención del IGIC al consumo eléctrico sería de 12 millones de euros, no así la cifra que supondrá cambiarlo por el tipo cero.
Tampoco figura en el presupuesto el impacto de la exención de la deuda fiscal a las sociedades de estiba de los puertos canarios, pese a que repercutirá en la capacidad de gasto de la Comunidad Autónoma.
Corujo sostuvo que al no cuadrar ya los ingresos y los gastos en el presupuesto, el proyecto de ley incumple la Ley de estabilidad presupuestaria, por lo que el Gobierno debería retirarlo y hacer los cálculos de nuevo.
La consejera contestó que el presupuesto canario sí cumple con los criterios de estabilidad presupuestaria, al contrario que los españoles, que han sido objetados por la Unión Europea, y, como también señaló el presidente del Gobierno, si el Parlamento no admite la corrección de errores respecto al IGIC de energía eléctrica se cambiará en el trámite parlamentario mediante una enmienda parcial.
La diferencia entre que figure que la electricidad está exenta de IGIC a que se cambien que se le aplicará el tipo cero está en que en el primer caso las empresas tienen que repercutir el coste fiscal exento a los consumidores, con los que estos no se beneficiarían, según dijo el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.
En cuanto la condonación fiscal de una deuda de 13 millones de euros por parte de la Agencia Tributaria Canaria a las sociedades de estiba a través de una disposición adicional del presupuesto, el portavoz de Nueva Canarias, Román Rodríguez, reprochó al ejecutivo que es un “mal camino”, porque la política fiscal “debe ser igualitaria”. La condonación de deuda debe hacerse por la vía administrativa o judicial y la vía elegida no resuelve el problema, afirmó Rodríguez, porque las sociedades tendrán que conseguir primero los recursos para pagar la deuda para que después les sea condonada.
Admitió que las sociedades cuentan con argumentos legales y sentencias para no tener que pagar esa deuda, procedente de no haber cobrado el IGIC en las operaciones como les exigía Hacienda, pero la condonación supone reconocer de hecho que sí debieron cargarlo. “Dejen de hacer chapuzas con la política fiscal”, dijo Román Rodríguez a la consejera en referencia a la cuestión de las eléctricas y de las sociedades de estiba.
La consejera de Hacienda señaló que la condonación de la deuda a las sociedades de estiba por 13,4 millones de euros en una ley presupuestaria es una medida excepcional, pero se realiza porque hay una sentencia que ha dado la razón a los estibadores, pero en el proceso de inspección se les obliga a depositar esas cuantías hasta que concluya un proceso judicial que terminarán ganando.
“Es la única vía para impedir ese depósito y que las sociedades de estiba entren en situación de quiebra insalvable y 800 familias vean embargada la nómina”, dijo Dávila, ya que el mecanismo presupuestario permite una mayor diligencia que la vía judicial.