Puertos Canarios rechaza la renovación de Ceisa en Arguineguín y la empresa advierte: “Nuestro argumento es un derecho”

El consejo de administración de Puertos Canarios ha decidido este miércoles rechazar la solicitud de la cementera Ceisa para una nueva concesión que le permitía utilizar el muelle de Santa Águeda, en Arguineguín (Gran Canaria), como ha venido haciendo desde hace 70 años. En un comunicado, el Gobierno de Canarias, del que depende este organismo autónomo, subraya que la decisión se ha tomado “sin votos en contra” y está “avalada jurídicamente”, al tiempo que precisa que solo afecta al uso del puerto, no a los terrenos que ocupa la fábrica de cemento, que están “fuera del dominio público”. “De forma unánime, los representantes del consejo también mostraron su rechazo a las presiones externas recibidas para tratar de condicionar el sentido de su voto”, añade el Ejecutivo.

Los trabajadores, conocedores de que la no renovación de la concesión portuaria les asfixia en su tarea industrial, se han manifestado este miércoles delante del edificio de Usos Múltiples de las Palmas de Gran Canaria donde tuvo lugar la reunión del organismo autónomo.

Hace ya un año que la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias determinó que la concesión que permitía a Ceisa utilizar el puerto de Santa Águeda venció en octubre de 2022. Además, el Ejecutivo canario sostiene que, vencida la concesión, el uso que le corresponde a ese puerto es el que determina el Plan Insular de Gran Canaria: es decir, turístico, no industrial.

Tras conocer la decisión y las declaraciones políticas emitidas al respecto, desde la empresa se reconocen como “víctimas de una decisión arbitraria, ”que sólo busca satisfacer los voraces intereses de ciertos integrantes del colectivo empresarial turístico que han puesto su foco en la zona donde se ubica nuestra fábrica“. Los trabajadores, se refieren implícitamente a Propiedades Cordiales S.L, empresa turística con intereses económicos en la zona.

Desde Ceisa consideran que dicha decisión se basa en un único informe desfavorable al otorgamiento, “hecho de parte y a medida de dichos intereses”, que contradice a los diez favorables que conforman el procedimiento administrativo de otorgamiento de la concesión. 

Citan entre esa decena de informes, el de la Comisión de Santa Águeda, que se constituyó precisamente para dirimir los posibles usos del puerto y concluyó igualmente con un informe favorable para el otorgamiento de la nueva concesión del puerto a CEISA. “Estamos a la espera de la comunicación oficial para plantear las medidas jurídicas oportunas. Vamos a llegar hasta el final con este asunto, porque estamos convencidos de que tenemos la razón”, aseveran en un comunicado.

El curso del procedimiento administrativo era favorable a los argumentos de los trabajadores hasta abril de 2023, con la decena de informes técnicos a la que aluden desde la cementera. Tras las elecciones autonómicas de mayo de 2023 y con la toma de posesión del cargo de consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez y de la que depende el organismo autónomo, el futuro de los trabajadores quedó difuso en el horizonte y comenzaron a aparecer otros planes para Santa Águeda, más orientados hacia una explotación turística y recreativa.

Ceisa posee actualmente la concesión de explotación de una cantera de puzolana natural, un material considerado uno de los mejores aditivos para mejorar la calidad del cemento en cuanto a resistencia, impermeabilidad y durabilidad. Y la concesión de esa cantera tiene vigencia hasta el año 2046. La Ley de Costas de 1988 “ampara la concesión del puerto en una actividad minera sujeta a un plazo concesional mayor”, según consta en los documentos oficiales que obran en el expediente.La cementera sigue defendiendo su derecho a recibir esta concesión amparándose en el artículo 66.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas que señala que “cuando el objeto de una concesión extinguida fuese una actividad amparada por otra autorización para la explotación de recursos mineros por un plazo superior, el titular tendrá derecho a una nueva concesión de ocupación, en este caso del puerto, por un plazo igual al que reste de vigencia a la explotación”. 

“Tenemos la razón porque nuestro argumento es un derecho”, explica a esta redacción Claudio Piernavieja, coordinador general de Ceisa, que califica la decisión de Puertos de “injusta, arbitraria y poco rigurosa, y que ”desdice la propia gestión que el organismo autónomo ha venido realizando sobre este asunto“.

De los puestos de trabajo de Ceisa dependen unas 600 familias, y la continuidad y competitividad de la actividad, de tener acceso a puerto, tanto para importar materias primas como para exportar el producto elaborado al resto de las Islas Canarias.