El quebranto económico que han ocasionado a las arcas de la Autoridad Portuaria de Las Palmas las irregularidades técnicas y contables detectadas en las obras de la segunda fase de construcción del muelle de La Esfinge, en la capital grancanaria, supera ya los 20 millones de euros. Una cifra que se ha alcanzado después de que el Consejo de Administración del ente, presidido desde mayo por Juan José Cardona (PP), acordara en su última reunión, celebrada el 20 de diciembre, adjudicar a la empresa Satocan por 4,3 millones de euros el contrato para reforzar la berma sobre la que se apoyan los bloques de hormigón del dique. El anterior equipo, liderado por Luis Ibarra (PSOE), había promovido este proyecto para solventar una de las deficiencias de esta obra, iniciada en 2007 y recepcionada en 2013, y cumplir así con las exigencias de los pliegos, basadas en informes de Puertos del Estado.
Antes de conceder este último contrato, que prevé el comienzo “inminente” de las obras, con una duración de 33 meses, la Autoridad Portuaria de Las Palmas ya había pagado algo más de 800.000 euros en actuaciones, estudios y sondeos previos. En total, más de 5 millones de euros a los que hay que sumar los aproximadamente 3,5 millones que había tenido que gastar en otras obras de refuerzo en La Esfinge en años precedentes. El ente público, dependiente del Ministerio de Fomento, perdió además, como consecuencia de las anomalías descubiertas en la dirección de la obra, 11,5 millones de euros al tener que devolver los fondos de cohesión que la Unión Europea había destinado a este proyecto, que contaba con un presupuesto total de 46,3 millones de euros.
Según fuentes portuarias consultadas por este periódico, la cifra aún puede aumentar ante la posibilidad de que también se pierda la subvención europea, en este caso de fondos Feder (de hasta el 85% de un presupuesto de 13,1 millones de euros), concedida para la construcción del contradique sur, una infraestructura ajena pero coetánea a La Esfinge, desde donde se desviaron a esta, sin que mediara procedimiento administrativo alguno, bloques de hormigón con dimensiones diferentes a las especificadas en el proyecto.
Este trasvase de fondos públicos de una obra a otra, de bloques que sobraban en el contradique sur y faltaban en La Esfinge es, precisamente, el que centra, de momento, las pesquisas del magistrado titular del Juzgado de Instrucción 7 de Las Palmas de Gran Canaria, Javier García-Sotoca. Las diligencias fueron abiertas a finales de 2015 tras una denuncia presentada por José Emilio Olivares, entonces director de las sociedades de estiba, y desde ese momento han sido citadas a declarar como investigadas cinco personas.
Entre ellas emerge la figura de José Daniel López, director de la Autoridad Portuaria y máximo responsable de las obras durante la mayor parte de la ejecución de la segunda fase del proyecto, la época en la que se detectaron las irregularidades. López era cargo de confianza de Javier Sánchez Simón (PP), presidente del ente entre 2007 y 2011 y protagonista, escasas fechas antes de abandonar el puesto, de un intento fallido de recepción de la obra en un polémico episodio, al romper el acta después de que un inspector del Ministerio de Fomento hubiera hecho constar en el informe previo que las actuaciones realizadas en el Muelle de La Esfinge no se ajustaban a las contempladas en el proyecto. A pesar de que es un trámite imprescindible para justificar la subvención europea, la obra no contó con acta de recepción hasta 2013, ya con Luis Ibarra como presidente.
Además de López, en esta causa están imputados otros dos trabajadores de la Autoridad Portuaria. Uno de ellos es Miguel Ángel Larraz, jefe de obra, investigado desde la apertura de las diligencias. El otro es Salvador Capella, director de la Autoridad Portuaria en la fase final del proyecto y en la actualidad. Ha sido, junto a Daniel García-Arroba, gerente de la UTE que acometió el proyecto (liderada por FCC y en la que también estaban Dragados, Matías Marrero y Félix Santiago), el último en ser incluido, a través de un auto dictado por el juez el pasado mes de diciembre, en una relación que completa Juan Antonio Madrigal, que era representante de FCC en el momento de los hechos. Se les investiga por la presunta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental.
Informe de Intervención del Estado
Al sumario de la causa de La Esfinge se ha incorporado recientemente un informe demoledor firmado, en calidad de perito, por Tanausú Quesada, interventor y auditor del Estado. Se trata del mismo técnico a quien Luis Ibarra había pedido en octubre de 2013, tras detectar las anomalías en las obras, un informe jurídico que entonces no pudo hacer ante la negativa de Puertos del Estado, en ese momento presidida por José Llorca, con quien el socialista mantuvo constantes enfrentamientos a lo largo de sus siete años de mandato.
El interventor del Estado relata en su informe que en la obra de La Esfinge se colocaron más de 26.000 metros cúbicos de bloque que no fueron fabricados por la adjudicataria del contrato. De ellos, se certificaron más de 23.000. La mayoría de este material fue fabricado por la empresa que lideró el proyecto para la construcción del contradique sur o fue recuperado de esta obra, aunque una pequeña parte procedía del muelle de León y Castillo.
La UTE encabezada por FCC solo produjo 44.301,44 de los 70.431,94 metros cúbicos de bloques colocados en el Muelle de La Esfinge y cobró por este concepto un total de 9,3 millones de euros, una cantidad que, según los cálculos del interventor, excede en 2,3 millones de la cifra que se debió pagar por los trabajos efectivamente realizados. El técnico del Ministerio de Fomento expone en su informe que ni las certificaciones de La Esfinge ni las del contradique de cierre del puerto reflejan la realidad de las obras ejecutadas.
Otros defectos de la obra
Aunque la investigación judicial en curso mantiene el foco en los bloques de hormigón trasladados de forma irregular de un dique a otro, al margen del proyecto y sin un modificado que hubiese obligado a una nueva tramitación ante las instituciones europeas y la consecuente paralización de los trabajos, las obras de La Esfinge adolecieron de otros dos graves defectos. Uno de ellos es el que ha provocado el último gasto de más de cinco millones de euros para las arcas de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. La escollera sobre la que se asientan los bloques no cumplía las exigencias fijadas en los pliegos. El material utilizado era de peor calidad que el especificado en el proyecto redactado en 2004 e iniciado en 2007, etapa en la que ostentaba la Presidencia del ente el socialista Emilio Mayoral.
Según explicó Ibarra en noviembre de 2017, tras la celebración de un Consejo de Administración del ente, este fallo técnico no implicaba un riesgo de quiebra en el dique, pero sí comprometía el periodo de vigencia de la infraestructura, por lo que era necesario restituir las condiciones de estabilidad, según un informe del órgano de gobierno del puerto.
La tercera irregularidad, la más evidente, fue puesta de manifiesto por el inspector del Ministerio de Fomento que acudió en 2011 al muelle para levantar el acta de recepción. Y es que el dique tenía una altura considerablemente superior a la que figuraba en el proyecto, lo que obligó a derribar dos metros. En aquel momento no se conocían las deficiencias en la berma de apoyo de los bloques ni los trasvases de bloques de hormigón de una obra a otra.
Enfrentamiento con Llorca
El anterior presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, siempre ha situado el caso de La Esfinge en el origen de las discrepancias que mantuvo durante siete años con su homólogo en Puertos del Estado, José Llorca. “Esas obras fueron las causantes de que este señor fuera continuamente en contra de mi actuación”, señala el ahora candidato del PSOE a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria, que decidió a finales de 2014 llevar a la Fiscalía las irregularidades en la construcción de la segunda fase del muelle después de recibir un informe, elaborado por técnicos del organismo estatal, que el presidente de Puertos del Estado retuvo durante algo más de nueve meses.
Llorca promovió incluso una demanda, finalmente desestimada por el Tribunal de Cuentas, contra Ibarra y contra quien fuera en esos años director de Puertos de Las Palmas, José Miguel Pintado, por un complemento salarial para trabajadores fuera de convenio. En declaraciones realizadas a Canarias Ahora el pasado mes de febrero, este último, hoy jubilado, acusó al presidente de Puertos del Estado de actuar “por venganza” contra ambos por haber decidido acudir a la Fiscalía por las anomalías de La Esfinge.
En esa entrevista, Pintado atribuía la tibieza de Llorca en este caso a su relación “de amistad” con el principal investigado, José Daniel López. “Los dos son ingenieros de caminos, estudiaron en el mismo colegio mayor de Madrid, fueron compañeros de curso y terminaron al mismo tiempo la carrera. Los dos están relacionados con un mismo grupo de poder que todo el mundo conoce como Obra de Dios (Opus Dei), uno a más nivel, otro a menos nivel”, explicaba al tiempo que recordaba que el presidente de Puertos del Estado formó parte del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas durante la etapa en la que se cometieron las irregularidades en el muelle de La Esfinge.
Por su parte, la defensa de José Daniel López y Miguel Ángel Larraz se basa, en parte, en que los pagos a la UTE adjudicataria de La Esfinge fueron realizados cuando ya no ocupaban puestos de responsabilidad en la dirección de las obras del dique.