El expresidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Javier Sánchez-Simón, ha denunciado este martes ante la Fiscalía de Canarias el posible desvío de 8 millones de euros del ente portuario a la unión temporal de empresas (UTE) que construyó la segunda fase del muelle de La Esfinge.
De esta forma, Sánchez-Simón se ha adelantado a la denuncia anunciada y aún no formalizada por el presidente actual de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, quien acusaba al anterior Consejo de Administración de las deficiencias detectadas en las obras de La Esfinge, que podrían obligar a devolver a la UE ayudas por valor de unos 9 millones de euros.
Además, el propio consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas acordó el pasado 10 de noviembre poner en conocimiento de la Fiscalía de Canarias las deficiencias de esa obra, que fue adjudicada en 2007 por 46,3 millones de euros a la UTE formada por FCC, Dragados, Matías Marrero y Félix Santiago.
Javier Sánchez-Simón ha dicho que ha puesto en conocimiento de la Fiscalía dos hechos supuestamente ilícitos, el primero de ellos una condonación que hace la Autoridad Portuaria de Las Palmas a las sanciones que estaban previstas por demora en la obra.
El denunciante ha recordado que el 28 de noviembre de 2011, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, a propuesta de su presidente, Luis Ibarra, aprobó “una cosa rarísima, por la que, sin venir a cuento, anuló una resolución que había adoptado el propio Consejo en enero de 2010”.
“Esa anulación conllevó que no se le podía poner a la UTE las penalizaciones por demora que estaban acreditadas y, además, se le permitía reclamar intereses, como así lo hizo posteriormente”, ha subrayado Sánchez Simón, quien ha añadido que por esta razón la Autoridad Portuaria de Las Palmas “dejó de recibir cerca de 5 millones de euros”.
Con respecto a la liquidación de la obra, que se realizó en el año 2012 y se terminó de pagar en enero de 2013, “lo que le hicieron a la UTE es no utilizar el libro de órdenes, en el que se reflejaban todas las anomalías detectadas en la obra”, ha destacado.
A su juicio, la Autoridad Portuaria de Las Palmas hizo entonces una liquidación “sin mediciones reales y paga de más a la UTE, según los cálculos que se desprendían del libro de órdenes” de la obra.
“Como ha confirmado Puertos del Estado, esa decisión supuso a la UTE recibir cerca de tres millones de euros de más”, ha señalado el expresidente de la Autoridad Portuaria.
Javier Sánchez Simón ha agregado que la documentación ya está en poder de la Fiscalía de Canarias para que, si lo estima conveniente, investigue la denuncia y, después, pueda formular una querella a quienes considere responsables del desvío de casi 8 millones de euros.