El Gobierno canario considera que la mejor fórmula para abaratar los billetes aéreos entre las Islas y la Península sería bonificar a los residentes en el Archipiélago las tasas que cobra AENA por cada pasajero, en lugar de aumentar el porcentaje de subvención de sus billetes.
La opción de bonificar esa tasa que, como mínimo, podría rebajar entre un 11 y un 12% el precio de los pasajes, “es realmente la que más garantías da” de que los costes de trasladarse al resto del país se reducirían significativamente para los isleños, en opinión del Ejecutivo, ha afirmado su vicepresidente, Pablo Rodríguez.
El vicepresidente ha explicado que su parecer se basa en las conclusiones de un informe encargado a un especialista en la materia para analizar las distintas medidas que se podrían aplicar para conseguir un abaratamiento de los vuelos y “ver cuál es más eficiente para lograr el objetivo final”, que es que quienes viven en el Archipiélago paguen menos por desplazarse a la Península.
Ese informe ha sido dado a conocer en una rueda de prensa con la participación de su autor, Germán Blanco, que ha sostenido que incrementar la subvención que se da a los residentes en las islas del 50 al 75% del precio que tengan que pagar por sus billetes no aseguraría que las tarifas bajaran en la misma proporción porque las líneas aéreas podrían cambiarlas, mermando así el beneficio de los usuarios.
Blanco ha cuestionado también la idea de declarar los trayectos Canarias-Península de obligación de servicio público -como defienden, entre otros, NC-, argumentando que al estudiar las 167 rutas que están catalogadas como tales en toda la Unión Europea ha comprobado que en ellas “las tarifas no suelen ser más bajas” a pesar de que tengan fijados precios de referencia que obligan a las aerolíneas.
De hecho, ha asegurado que el establecimiento de la obligación de servicio público puede ser contraproducente porque “lo que suele originar es que las tarifas estén por encima de las de un mercado no intervenido”, entre otras cosas porque provoca a menudo una reducción de la competencia entre empresas.
Algo que es perjudicial porque “una mayor competencia es la mejor garantía de conseguir precios buenos” y, además, porque normalmente conduce a una disminución del número de compañías que operan en el mercado afectado, con lo que la oferta de vuelos al alcance de los canarios sería igualmente menor, ha dicho.
Desde ese planteamiento, el experto se ha declarado partidario de actuar en relación a las tasas que hay que pagar por el uso de los aeropuertos al ente que los gestiona, AENA, ya que sus costes “tienen un peso específico muy grande” en el conjunto de los distintos conceptos que se incluyen en los precios que finalmente se cobran al pasajero y su abaratamiento fomenta además la competencia.
Su propuesta ha sido, por tanto, que no se declare la obligación de servicio público ni aumente la subvención del 50% del precio del billete al 75%, sino que se bonifiquen esas tasas, tanto las que abonan las aerolíneas por conceptos como el handling como, sobre todo, la que se cobra individualmente por cada pasajero.
Dichas tasas suponen, de media, el 44% del importe de los pasajes, llegando al 64% en el caso de las compañías que ofertan las tarifas más baratas del mercado, ha subrayado.
No obstante, ha aclarado que esos gastos están actualmente “excluidos por ley” de la lista de conceptos susceptibles de bonificación, por lo que habría que modificar la normativa actual para que fueran subvencionables.
Blanco ha insistido en que esa es, a su entender, la mejor vía para que volar a la Península sea más barato.
Su parecer ha sido compartido por Pablo Rodríguez, que, además, ha especificado que el Gobierno canario considera que lo que habría que bonificar es la tasa por pasajero, ya que “garantiza más que el descuento se aplique directamente al residente”, pues es un cargo que se añade individualmente a la factura que se cobra a cada usuario.
En tanto que rebajar las otras tasas beneficiaría no solo a quienes viven en la región sino también a las aerolíneas y a los viajeros foráneos y reduciría, en consecuencia, las posibilidades de lograr el fin que se persigue, que es eliminar los “enormes sobrecostes que sufren los canarios” al moverse por el territorio nacional.
Una reivindicación que el vicepresidente ha insistido en que “es justa y no es ningún regalo”, pues “supone igualar a todos los ciudadanos del Estado”, donde ahora quienes viven en la Península tienen otras opciones más baratas para trasladarse por su territorio, como trenes y carreteras, que no están al alcance de los isleños.
Rodríguez ha precisado, por otra parte, que su Gobierno está abierto a negociar cuál es la mejor alternativa para conseguirla con los demás partidos de Canarias, sin “polemizar sobre si una medida es mejor y otra es peor desde el punto de vista político”, porque su propósito es “hacer un frente común” para plantear la demanda a la Administración del Estado.