Con años de retraso y a caballo de la velocidad que han decretado los acontecimientos de los cambios en el sistema bancario español para hacer frente de la crisis, el Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad, a una semana del comienzo de la campaña electoral, la nueva Ley de Cajas para que éstas sean “más profesionales y menos politizadas”.
Para ello, la Ley, establece que diputados, senadores, consejeros, alcaldes o concejales son incompatibles para participar en los órganos de gobierno de las cajas canarias y, además, reduce la representación de las administraciones públicas en sus órganos de decisión al 40% frente al 50 que se registra en la actualidad.
Asimismo, y en aras a “una mayor profesionalización”, se establece que los consejeros de estas instituciones que sean elegidos por las corporaciones públicas “acrediten experiencia o formación adecuadas para el desempeño de sus funciones”.
Acotar el mandato
El texto aprobado este miércoles, que consta de 107 artículos y varias disposiciones, dictamina además que los altos cargos de estas entidades financieras, incluídos sus presidentes, no puedan serlo por más de ocho años. La única excepción a esta regla es que si en una entidad resultante de una fusión, como las que han realizado las cajas canarias en Bankia y Banca Cívica, es elegido alguien que ya tenía el cargo en una de las entidades fusionadas, podrá superar los ocho años.
El acuerdo para acotar a cuatro años el periodo del mandato -con una prórroga máxima de dos años más- se extiende a los miembros de la Comisión de Control y los vocales del Consejo de Administración.
Además, la nueva Ley rebaja el número de miembros que conforman los órganos directivos, pues los consejos de administración de las cajas y la comisión de control tendrán entre 9 y 13 miembros y la asamblea general la compondrán entre 50 y 70 personas.
Unos miembros que, en el caso de los representantes elegidos por el Parlamento y el resto de corporaciones públicas canarias, no podrán superar el límite del 40%, con el fin de que haya menos injerencia política en los órganos de gobierno de las cajas canarias.
Precisamente, la incorporación de representantes del Parlamento o de “entidades representativas de intereses colectivos” a la composición de los órganos de las cajas es una novedad del texto cuyo objeto es “incrementar el arraigo social y territorial de las Cajas de Ahorros”.
Profesionalización
Estos cambios, junto a los obligados por los decretos y leyes aprobados por las Cortes Generales, contribuirán a “la profesionalización de las cajas de ahorro” y a “transmitir un mensaje de confianza a los mercados extranjeros”.
Así lo aseguró el consejero de Presidencia, José Manuel Ruano, que subió al estrado para justificar que esta Ley se apruebe a escasos días de las elecciones del próximo 22 de mayo, culpando de ello a las contínuas modificaciones que ha llevado a cabo el Ejecutivo central, la última del pasado 5 de marzo, lo que ha supuesto que haya habido que reformular el texto canario en varias ocasiones para adaptarlo a la cambiante normativa estatal.
Por su parte, el portavoz del PP, José Manuel Soria, recordó que el profundo cambio en el negocio bancarios es debido a “las altas tasas de desempleo, el aumento de la morosidad y el endurecimiento de las condiciones de endeudamiento en los mercados internacionales”.
La nueva banca global
No obstante, y aunque alabó un texto que, en gran medida, elaboró su equipo cuando estaba al frente de la Consejería de Economía y Hacienda, recordó que “aunque sobre el papel está bien, la situación es distinta a la creación de los SIP, y por tanto las modificaciones se aplicarán solo a la Obra Social” de las entidades financieras.
“La nueva banca es global, y ese es el contexto en el que se deben mover ahora las cajas canarias. Los cambios han ido en la buena dirección, y ahora deben cumplir con el papel sagrado de canalizar crédito, liquidez y préstamos a las familias para que consuman y a las empresas para que inviertan”, culminó Soria.
Por su parte, el nacionalista José Miguel González, que estuvo de acuerdo con las consideraciones hechas por Soria, consideró que la Ley canaria ha quedado “perfectamente adaptada” a la legislación estatal.
“Hemos demostrado una vez más que con el diálogo salen las cosas con unanimidad, se han integrado todas las enmiendas con un alto grado de consenso”, afirmó.
Una loa al diálogo que tiene más importancia aún tras recordar que al texto elaborado por el Ejecutivo se presentaron 48 enmiendas por parte del Grupo Socialista, mientras que Coalición Canaria presentó 36 correcciones y el Partido Popular otras 10 modificaciones y que la Ley se ha tramitado en un tiempo récord de apenas un mes.
Con todo, el socialista Blas Trujillo recordó en su intervención que “vernos en un pleno a escasas fechas de las elecciones significa que alguna cosa no se ha hecho muy bien”.
Sin injerencias
“Nuestra Ley era de 1990 y no nos adaptamos a la del año 2002, cuando Rodrigo Rato era ”ministro de Economía“, lo que demuestra ”una ausencia de una política regional en materia de las cajas ahorro“ por parte de todos los gobiernos de la Comunidad Autónoma.
No obstante, Trujillo alabó que esa inacción ha tenido el dato positivo de que “nuestro Gobierno no ha tenido ninguna injerencia, al contrario que otros, en el proceso de SIP” en el que se han implicado CajaCanarias y La Caja Insular.
Por último, y al igual que Soria y González, el portavoz socialista destacó el hecho de que el nuevo texto garantiza “una menor intervención del Gobierno en los órganos de dirección y más profesionalización de los mismo”.
Otro de los aspectos más relevantes que fija la nueva normativa que lanza el Ejecutivo canario es la posibilidad de que estas instituciones desarrollen su actividad financiera a través de una entidad bancaria a la que aportará todo su negocio, siempre que su participación en la citada firma no se reduzca por debajo del 50% de los derechos de voto. En este caso, las instituciones de ahorro deberán renunciar a la autorización para actuar como entidad y proceder a su transformación en una fundación de carácter especial.
Obligación de obra social
La Ley aprobada este miércoles por unanimidad también regula la creación de un Registro de Cajas de Ahorros de Canarias, en el que deberán inscribirse las entidades con domicilio social fuera de la Comunidad Autónoma pero que operan en el Archipiélago, e incluso regula la obra benéfico social de la cajas, previendo “la obligatoriedad de efectuar inversiones o gastos en la obra social en Canarias para las entidades domiciliadas en otras comunidades autónomas que operen en este territorio”.
La nueva Ley de Cajas de Ahorros de Canarias fija por último en su sus disposiciones un plazo de tres meses para que las entidades adapten sus estatutos y reglamentos electorales a las modificaciones introducidas en la ley así como para la adaptación de la asamblea general y de los demás órganos de gobierno de sus artículos.
Asimismo, se autoriza al Gobierno de Canarias para que, “en el plazo de ocho meses, a partir de la entrada en vigor de la presente ley adopte las medidas y dicte las disposiciones reglamentarias que sean necesarias” para su desarrollo y ejecución.