El cannabis, ¿una alternativa al histórico cultivo del tomate en Canarias?

“Autorización para el cultivo de plantas de cannabis con fines médicos o científicos”. Es una de las medidas planteadas en el informe para la diversificación y mejora del tomate de exportación, elaborado por Corporación 5 tras un encargo del Gobierno de Canarias. Con el documento, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca pretende hallar alternativas o asegurar el mantenimiento en las Islas de un subsector en vías de extinción, mermado por la competencia del producto en el sureste peninsular, de terceros países como Marruecos, las plagas o el incremento de los costes de producción, que no son paliados por los ingresos. Cada año, el número de personas dedicadas a la agricultura de un cultivo histórico en las Islas desciende y la perspectiva de futuro es que la dinámica continúe. Las peticiones del subsector se centran en la agilización de las ayudas, pero también se contempla la reconversión a otros productos.

En Canarias ya se ha reclamado que se regule el uso medicinal del cannabis. Bajo el contexto de la aprobación en el senado canadiense de la legalización, la Asociación de Usuarios y Estudios del Cannabis Medicinal Kaizen Tenerife hizo la petición en una comisión parlamentaria de Sanidad en junio de 2018. En la sesión, defendió la ayuda que puede suponer para personas con cáncer, fibromialgia, diabetes, epilepsia y otras patologías que, si está bajo un marco normativo, posibilita tratamientos asequibles, seguros y bajo supervisión médica. 

Todos los grupos lo apoyaron y Podemos valoró los beneficios económicos que tendría la legalización para el Archipiélago, cuyas condiciones climáticas le permitirían ser vanguardia y recoger tres cosechas al año, creando puestos de trabajo en el sector primario y mayor recaudación de impuestos. Jesus Manrique, fundador del colectivo, explica que a pesar de la buena voluntad expresada por todas las formaciones, en la actualidad “continúa la misma incertidumbre” en el Archipiélago. De hecho, la asociación apenas tiene ya actividad, puesto que no podían ofrecer tratamiento a personas que lo reclamaban. 

En España está prohibida la venta de cannabis, pero no su consumo, por lo que es legal la venta de semillas, el cultivo y el consumo personal en lugares privados, lo que ha permitido la proliferación de clubes y asociaciones. Para plantar, es preciso contar previamente con licencia de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios y solo puede estar destinado a la investigación o a la exportación. El Ministerio de Sanidad ha aumentado las nueve autorizaciones del año pasado hasta las 24 en la actualidad; 14 con fines de investigación y diez con objetivos médicos. 

Sin embargo, obtener la licencia no es tarea sencilla. Manrique asegura que unos amigos intentaron embarcarse en el cultivo de cannabis, pero hicieron cálculos y vieron que les salía “unos 3 millones de euros”, debido a los requisitos exigidos: la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios reclama que se especifique la finalidad de los cultivos, el origen de las semillas, la composición química de las plantas, las parcelas e instalaciones a utilizar, y las medidas de seguridad a adoptar. Se demanda, por ejemplo, seguridad 24 horas y vallas o muros altos que rodeen todo el cultivo.

Solo empresas con músculo financiero pueden hacer frente a los requisitos que se exigen para el cultivo de cannabis, como farmacéuticas. La ausencia de un marco normativo produce una situación paradójica en la que no se reconoce el efecto terapéutico, pero se permite a sociedades cultivar en varios puntos del país con fines medicinales para exportar a otros estados europeos. De hecho, hay entidades que, una vez han obtenido la licencia de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, han sido vendidas a multinacionales. Y desde abril de 2020, en Canarias se ha establecido en la Zona Franca de Tenerife el grupo SovereignPort, tal y como informó El Economista. Dadas las ventajas fiscales que permite el Archipiélago, la multinacional reduce los costes en la logística de aduanas para enviar productos del cannabis a países europeos.

Pero el escenario en España puede cambiar al abrirse el proceso de regulación en el ámbito estatal. Por recomendación de la Organización Mundial de la Salud, en 2020 la ONU reconoció que el cannabis puede tener propiedades medicinales y la retiró de la lista de sustancias más perjudiciales para la salud, en la que permanecía desde la Convención sobre drogas de 1961. Se mantiene, eso sí, en el apartado de estupefacientes que requieren control por su potencial adictivo, como la morfina. En Canadá, Alemania, Australia, Colombia, Sudáfrica o Tailandia ya habían acometido alguna regulación del cannabis, bien para uso medicinal como recreativo. Y ahora puede sumarse España.

En junio de este año, el Congreso aprobó una propuesta del PNV para crear una subcomisión que estudiara la creación de un marco normativo sobre el uso medicinal, que se constituyó el pasado 14 de octubre. En un plazo de seis meses, si no se prorroga, se aprobará un informe que precederá a la regulación. Además, en el último mes se han elevado tres proposiciones de ley para legalizar los usos del cannabis. 

Más País fue la primera formación en registrar su iniciativa, la más permisiva al equiparar sus usos a los del tabaco o el alcohol. El pasado 19 de octubre, PSOE, PP y Vox tumbaron la propuesta defendida por el líder del partido, Íñigo Errejón, quien sostuvo que se perdía una oportunidad histórica y se dejaba en manos de las mafias el control de la marihuana. Aún quedan por votarse las iniciativas de Esquerra Republicana (ERC), que defiende el acceso seguro a todos los usos del cannabis, y Unidas Podemos, que limita al consumo al ámbito privado y en espacios habilitados por la ley.

Además del necesario cambio normativo, el portavoz de la Federación Provincial de Asociaciones de Exportadores de Productos Hortofrutícolas de Las Palmas (Fedex), Gustavo Rodríguez, considera que el principal problema de hacer del cultivo del cannabis una alternativa al tomate radica en la comercialización. “Tiene un mercado muy limitado que, si se satura, no permite la entrada de más productores y eso ya no se puede vender en otro mercado”.

A ello añade los altos requisitos que se imponen para poder cultivar, que provoca “unos costes impresionantes”. De hecho, Rodríguez dice que productores de Almería le han comentado que “está bien, pero no compensa por todas las medidas que se deben implantar”. Y precisamente, una de las necesidades que tienen los agricultores del tomate que quieren la reconversión es reducir los gastos.

Vías de subsistencia para el tomate

Traído por los ingleses a las Islas en el siglo XIX, el cultivo de tomate rápidamente se enfocó a la exportación y convirtió a las Islas en un pequeño huerto para abastecer del fruto sobre todo al Reino Unido. En el Archipiélago, supuso el sostén económico de gran parte de la población durante un periodo del siglo XX, antes de la llegada del turismo, cambiando el paisaje de islas como Gran Canaria y causando la creación de núcleos urbanos. 

En el contexto de la Revolución Industrial y la Primera Guerra Mundial, los británicos necesitaban alimentar a su creciente población y a sus tropas, pero en invierno existían carencias de frutas y verduras, debido a las condiciones climáticas y a que en aquella época no existía una agricultura avanzada. “Eso hizo que Canarias se posicionara como el sitio ideal”, recuerda Rodríguez.

A principios del siglo XXI se exportaban 305.300 toneladas gracias a las 2.889 hectáreas cultivadas y daba trabajo a 6.000 personas; en la actualidad, continúa siendo el segundo producto que más se exporta desde Canarias, por detrás del plátano, pero los separan cifras abismales: los envíos de tomate al continente europeo rondan las 40.000 toneladas anuales, el terreno en el que se planta se ha reducido hasta las 352 hectáreas y quedan 1.500 trabajadores. Tan solo al mercado peninsular, se envían entre 350.000 y 430.000 toneladas de plátanos al año.

La diferencia es que el plátano recibe 141 millones de ayudas anuales directamente de la Unión Europea, fijadas en el Posei, que está dotado con un fondo de 268,4 millones de euros. Y el resto de actividades agrícolas y ganaderas reciben 62,5 millones; otros 62 se destinan a abaratar la importación de productos que no existen en las Islas. 

En la nueva ficha financiera (de 2021 a 2027), el tomate cuenta con una ayuda específica a la exportación de 5,3 millones y para los productores, se han incrementado los fondos de los 15.000 a los 24.000 euros por hectárea. Los agricultores de esta fruta también pueden acceder a los 21,5 millones contemplados para la comercialización local de frutas, hortalizas, raíces y tubérculos alimenticios, así como flores y plantas no comestibles. El problema de estos fondos es la tardanza en llegar a los agricultores, que además este año han sufrido una pérdida de 4 millones de kilos de tomates por la mancha negra, un hongo que afectó a más de 150 hectáreas, sobre todo en el municipio de La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria). 

Además, mientras que el plátano precisa de un agricultor por hectárea, el tomate necesita cinco personas para la cosecha, en el caso de la variedad redonda lisa, típica de Canarias; si se cultivan otras, como la mini-pera o cherry, la mano de obra aumenta a 8 o 9 personas, según explica el portavoz de Fedex. A ello hay que sumarle los costes derivados de los materiales, como el cartón para el empaquetado, la luz o el transporte, que este año “se ha incrementado un 20%”, dice Rodríguez. El informe señala que el coste de producir un kilogramo de tomates en las Islas cuesta 1,2 euros, mientras que se obtiene 1 euro de la venta. 

Todo ello hace que para el 40% de los agricultores “la situación sea tan compleja que es imposible continuar”, señala Rodríguez. Y por ello reclaman la reconversión. Sin embargo, el portavoz de Fedex llama la atención que en el informe el único producto alternativo que se cita es el cannabis. “¿No hay otros?”, pregunta. En cualquier caso, la elección de otro cultivo parte de la base de la necesidad de emplear menos mano de obra, que tenga salida, incentivos fiscales, bonificaciones para prejubilaciones o planes de empleo.

“Establecer un programa similar a la minería, astillería o siderurgia. La fórmula existe, pero hay que aplicarla a la agricultura del tomate”, ilustra Rodríguez. De hecho, considera que lo ideal es que las tierras dedicadas al tomate se puedan seguir explotando en otras condiciones y que se mantenga la exportación. “Ya tenemos canales de comercialización, una operativa y logística en Reino Unido y en la Unión Europea de muchos años. Sería un suicidio perder todo eso”, añade. 

A pesar de todos los obstáculos, un 60% de los productores de tomate dedicados a la exportación quiere continuar. Para que puedan mantener su actividad, el informe concluye la necesidad de acotar los plazos de pago de anuales a semestrales, de cara a poder comenzar las campañas con liquidez, una mayor flexibilización de los requisitos o anticipar las fechas de las convocatorias de subvenciones. También reclaman ayudas para modernizar las infraestructuras y un plan de viabilidad para refinanciar los préstamos con los bancos. Son medidas destinadas principalmente a reducir costes, “que es lo único que nos puede mantener con vida”, remarca Rodríguez.

El documento también expone la propuesta de que el tomate canario obtenga la catalogación de Indicación Geográfica Protegida, autorizar la instalación de energía fotovoltaica con bonificaciones en los techos de invernaderos o potenciar el relevo generacional y de campañas de consumo del producto en las Islas. Todo ello con la finalidad de mantener mediante ayudas y diversas acciones un cultivo que va ligado a la historia de las Islas y ahora está presente tan solo en siete municipios de Gran Canaria y dos en Tenerife, tras desaparecer en Fuerteventura.