La organización profesional COAG-Canarias advierte de que el mantenimiento del sistema agrario en el Archipiélago corre serio peligro con el proyecto de Ley del Suelo impulsado por el Gobierno de Fernando Clavijo. En un documento fechado el pasado 12 de septiembre, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos alerta de que los usos permitidos en suelo rústico en la nueva norma, ya en fase de tramitación parlamentaria, aumentan el riesgo de abandono progresivo de la actividad agraria en favor de otras que reportarían mayores ingresos a los propietarios.
Para la COAG, las amenazas para el sector primario están relacionadas con el denominado Suelo Rústico Común, que permite el desarrollo de usos no relacionados con la actividad agraria. Esta organización sostiene que esta categoría se convertirá en una “reserva de suelo para futuros procesos urbanizadores”. La nueva norma da a los ayuntamientos la potestad para calificar los terrenos y, por lo tanto, “una poderosa herramienta para decidir, a través de las bolsas de Suelo Rústico Común, donde ubicar equipamientos, dotaciones o usos industriales de forma discrecional”.
Las ordenanzas provisionales posibilitan a los ayuntamientos los cambios de usos dentro de cada tipo de categoría de suelo. “Cuando interese el desarrollo de alguna iniciativa de carácter privado se podrían llegar a modificar usos para permitir el desarrollo en suelo rústico sin especificar limitaciones de ningún tipo”, sostiene la COAG, que añade que esta circunstancia deja al sector primario “en clara desventaja”.
Los municipios podrán tomar la decisión de reclasificar suelos urbanizables a Rústico Común, “no como vía para favorecer la actividad agraria, sino con el objeto de tener un suelo con múltiples posibilidades para la urbanización”, agregan.
Para la organización agraria, el hecho de que se permita el desarrollo de usos no relacionados con el sector primario en el Rústico Común producirá una “revalorización” de este tipo de suelos y, con ello, la amenaza de que la actividad agraria desparezca en favor de actividades más lucrativas.
Según los últimos mapas elaborados por el Gobierno de Canarias y por los cabildos, el sistema agrario conforma en torno al 18% del suelo del Archipiélago (136.661 hectáreas), computando tanto las superficies en cultivo (sobre el 5% del total) como los pastizales en disposición de ser cultivados. “Es imprescindible seguir protegiendo los suelos y promover el uso agrario y que las actividades sean viables y sostenibles si queremos avanzar en el objetivo de alcanzar el máximo posible de soberanía alimentaria”, defiende la COAG.
Así, precisa que si en el caso de las producciones agrícolas el grado de autoabastecimiento en las Islas puede situarse en torno al 20-25%, el situar estos porcentajes en torno al 60-75% conllevaría multiplicar por tres la superficie cultivada, o lo que es lo mismo, pasar del 5,58% del total de la superficie del Archipiélago al 16,74%, extensión muy similar a la que actualmente ocupa el total del sistema agrario.
La organización también manifiesta su oposición a la eliminación inmediata de las Directrices de Ordenación General y recuerda que tres de ellas estaban destinadas a proteger el suelo rústico de protección agraria. “El espíritu que se regula en esas tres directrices se debiera conservar en el articulado de la Ley del Suelo Canaria, sobre todo porque como se dice en la exposición de motivos, su intención es adoptar medidas dirigidas a poner en valor las actividades que en ellos se realizan y a ayudar a la generación de rentas complementarias que consoliden el sector primario como garantía para su propia supervivencia”.