El pasado 28 de octubre, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) alertaba de una “brutal subida” de los costes de producción en el sector primario en España. En concreto, aseguraba que los fertilizantes se han incrementado un 100%; el gasóleo, entre un 40 y un 60%; la energía, un 300%; los plásticos, más de un 50%; el agua, un 30% y el alimento para animales, un 25%. Este escenario también se da en Canarias, donde el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) en las Islas, Jorge Pelayo, cifra en una horquilla de entre el 60-70% el incremento de gastos que debe afrontar el primer eslabón de la cadena alimentaria, una situación que solo se puede hacer frente, a su juicio, a través del consumo local sin intermediarios.
COAG explica en su comunicado que el alza se debe al incremento del precio de materias primas, el encarecimiento de la energía o la crisis mundial de contenedores. Estos factores han provocado en el sector primario situaciones en el ámbito nacional como que colocar un camión de abono a pie de finca cueste 4.000 euros más que la campaña anterior o que en una explotación de regadío de olivar, la factura energética haya elevado el coste por hectárea a 160 euros.
Y en Canarias, Pelayo, que tiene una granja dedicada a la multiplicación porcina en Tenerife, expone que la cebada con la que alimenta a los animales la compraba en diciembre de 2020 a 133 euros la tonelada, pero “ya está a más de 200 euros” tras la escalada de precios de forrajes para ganado desde inicio de año debido a las limitaciones de las ventas al exterior de los principales países exportadores.
Para paliar esta situación, COAG exige a las cadenas de distribución que ajusten los márgenes y trasladen el aumento de los costes a los precios que se pagan a los agricultores, al tiempo que reclama al Ministerio de Agricultura que refuerce los controles e inspecciones para garantizar que no se paga por debajo del coste de producción.
El Índice de Precios de Consumo marcó en septiembre de este año una cifra que no se registraba desde octubre de 2012 en Canarias: aumentó un 3,2% en septiembre respecto al mismo mes del año anterior, ligeramente inferior a la media estatal, un alza de un 4%. Durante la tercera semana de cada mes, COAG recopila el precio en origen y en destino de frutas, hortalizas, carnes, huevos y leche en grandes superficies y mercados para fijar su Índice de Precios de Origen y Destino (IPOD).
Aunque hay numerosas variables, en líneas generales, el IPOD correspondiente a octubre de este año en el conjunto estatal muestra que la mayoría de los productos recogidos son más caros que los que también están reflejados en el muestreo correspondiente a Canarias.
Sin embargo, la zanahoria, por ejemplo, aparece a 2,16 en las Islas, mientras que en el resto del territorio nacional la media es de 1,10 euros el kilo. También la lechuga (+0,74) o la papa (+0,10) han sido registradas a un precio superior en los lineales canarios. En las carnes, el pollo (+0,05), el cerdo (+0,48) y el conejo (+1,02), también son más caros en Canarias. Además, los huevos (a 1,91 en el Archipiélago y a 1,46 euros el kilo en Península) y la leche de vaca (0,83 en las Islas frente a 0,75 en el resto del Estado) muestran un mayor precio.
Y el agricultor y ganadero canario, de media, percibió menos de la mitad del precio final de sus productos. En algunos casos, como la col o la ternera, hasta tres veces menos. Pero el IPOD no refleja el coste de producción de los profesionales del campo y si con el precio recibido llega a cubrirlo; tampoco lo publica el Ministerio de Agricultura, a pesar de que prometió poner en marcha un observatorio para analizar esta parte de la cadena alimentaria.
En la actual situación, Pelayo considera que pretender que los intermediarios reduzcan su margen comercial es una quimera. “Es como decirle que deje de ganar dinero, el industrial tiene capacidad de respuesta; si le suben un 20% los contenedores, aumenta en un 20% el producto final, no va a quitar ese 20% de su margen comercial”, relata.
Por ello, considera que la única vía posible es fomentar la economía circular y el consumo local sin intermediarios. “En el caso de las quesería artesanales, han podido vender a 8 en lugar de a 6 euros el kilo, porque pueden tener el contacto directamente con el cliente”, añade Pelayo, quien considera que “para tener capacidad de respuesta” en una situación como la actual y evitar reducir costes para afrontarlos, es precio “hacer unidades de compra, cooperativas de venta y distribución de los productos”.
En un territorio altamente dependiente de las importaciones, para mitigar o reducir las consecuencias de las circunstancias globales, la soberanía alimentaria juega un papel vital. Es imposible que en las Islas se produzcan todos los alimentos que se consumen, pero un estudio publicado en mayo de 2019 de un grupo de investigadores de la Universidad de La Laguna, encargado en la legislatura anterior refleja que “podemos llegar al 30% aproximadamente”, tal y como recuerda el exconsejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno regional, Narvay Quintero.
En el informe, se recogía el grado de autoabastecimiento actual en función del tipo de productos: el azúcar, la sal, aceites, los cereales en grano, la leche o el pescado congelado tienen una ratio inferior al 10%; en un punto intermedio, entre un 10 y un 40%, están las frutas, la carne o la miel y por encima del 40%, están las harinas, los huevos o las hortalizas.
Para avanzar hacia la meta fijada, Alicia Vanoostende, la actual consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, anunció practicamente desde el inicio de la legislatura que se llevaría a cabo un Plan Estratégico de Soberanía Alimentaria para Canarias, dotado con 250.000 euros, “como clave del cambio ambiental y social, y motor de nuestro sector con los agricultores, ganaderos y pescadores en el centro de la política agraria”. La iniciativa incluso recibió el apoyo unánime del Parlamento regional en noviembre de 2020.
Tras numerosos comunicados sobre el Plan de Soberanía Alimentaria, la Consejería aún no lo ha publicado. En las notas, ha anunciado las líneas estratégicas del futuro documento y una encuesta dirigida a los agentes implicado en el sector que ha lanzado para “recabar información sobre la visión que existe en el Archipiélago sobre la agroalimentación”.
Pero más de dos años después de ser anunciado, sigue sin ver la luz. El consejero en la oposición Narvay Quintero resalta que elaborar un plan de soberanía alimentaria “es positivo”, pero critica que “desgraciadamente, hasta ahora solo se han dado anuncios, no acciones”. Además, añade que “los presupuestos de 2022, en el tomo IV, reflejan que nuestro nivel de producción de alimentos ha bajado. Y lo que estamos haciendo es retrocediendo en ese supuesto plan de soberanía”.
“Que yo sepa, no se ha trabajado profundamente, tampoco con los sectores, no sabemos dónde está ese plan”, manifiesta Quintero, quien recuerda que ya ha pasado la mitad de la legislatura y “no hay ni siquiera un estudio, o un proyecto”.
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