“Estamos ante el peor momento de la ganadería en Canarias de los últimos tiempos, con gran diferencia, además”, ha reconocido la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende. Durante una comisión parlamentaria, ha explicado que un informe elaborado por su departamento calcula que las perdidas en el subsector ascienden hasta los 24 millones de euros, principalmente por el incremento de los precios de la alimentación animal, “que se ha triplicado en este último año”.
El diputado del Grupo Nacionalista Canaria Narvay Quintero recordó a la consejera que este 2022 ha sido muy convulso para la ganadería en las islas, que a su vez lleva varios años “en una situación delicada”. Ahondó que los precios para la alimentación siguen muy altos, “pero también la inflación en los combustibles y el transporte han contribuido a ese incremento”. “Los sacrificios en los mataderos son preocupantes. No es tanto por vender la carne, porque casi el 80% de la cabaña ganadera de Canarias no es para la elaboración de carne, sino principalmente para lácteos”, señaló.
Por ello, demandó a Vanoostende que explicara su planificación para la ganadería en las islas para 2023 más allá de las ayudas directas, con las que se muestra de acuerdo “para paliar algo puntual”, pero que a pesar de ella el subsector “lo sigue pasando mal y sigue teniendo una situación preocupante para el futuro”.
La consejera insistió en la importancia de las ayudas directas a la ganadería: “Hemos vuelto a habilitar otra ayuda, de 7,7 millones de euros, que se unen a los 15 millones de euros que abonamos ya, entre febrero y julio. En total, abonaremos 23,5 millones aproximadamente”, resumió. También destacó otra partida recogida en el presupuesto para 2023 de 8,5 millones, la mejora del Posei, “con más de 7 millones de incremento” o las ayudas estatales de 2,5 millones.
A ello, se suman los fondos que los cabildos insulares han destinado a su cabaña ganadera, que como recordó Quintero, ha sido muy desigual: “Gran Canaria da 6 millones; Fuerteventura, 4,5 millones; Tenerife apenas 1,1 millón y El Hierro apenas 150.000 euros”.
Para los ganaderos en las islas, las ayudas suponen un alivio para poder mantener su explotación, pero no la solución a sus problemas. Como remarcó Quintero, los costes para los productores rondan entre un 40 y un 60% por encima de lo que ganan. “Aunque hayan aumentado los precios a la leche entre un 12 y un 18%, los ganaderos siguen en perdidas de casi un 45 o un 30% y eso muchas explotaciones no lo soportan, lo soportan las que pueden ir a endeudamiento, las medianas y grandes. Y están desapareciendo las pequeñas, las familiares”.
Más allá de las ayudas, Vanoostende coincidió en que “la planificación es importante”, porque la ganadería “adolece de problemas históricos”. Uno de ellos es la maraña burocrática que existe para legalizar explotaciones ganaderas. “Siempre han estado en un limbo, muchas de ellas sin título habilitante para poder ejercer su actividad”, reconoció la consejera, asegurando que se ha hecho “un esfuerzo importante para poder mejorar esa legalización en los últimos años, con un alto números de expedientes subsanados y resueltos”.
También citó los trabajos que desarrolla la consejería para aplicar la Ley de la Cadena Alimentaria, cuya existencia se remonta a 2013 y su modificación se aprobó en a inicios de 2021 para impedir que un productor reciba un precio por debajo del coste de producción. “Entendemos que necesitamos recibir precios justos para los ganaderos: el precio de la leche ha ido subiendo durante este año, estamos ya en unos 60 céntimos por litro de leche de vaca, es decir, que se ha incrementado muchísimo. Y ya estamos haciendo las vistas para cumplir la Ley”. Se trata de los primeros pasos con vistas a crear un plan de inspecciones y un órgano de control para vigilar que se pague por encima de lo que cuesta producir.
“También hemos trabajado con los cabildos para el plan forrajero; por ejemplo, hemos firmado la subvención con el Cabildo de Gran Canaria para este año”, añadió Vanoostende. Quintero también preguntó por posible modificación anticipada del Régimen Específico de Abastecimiento (REA), que subvenciona productos de fuera de las islas que en teoría no se generan en el ámbito para garantizar el suministro, por ejemplo, de carne congelada.
“Hago un planteamiento global acerca de como se tiene que distribuir el REA en los próximos años para que beneficie a lo que se produce en Canarias y, si se tiene que perjudicar a alguien, que sea a aquellos productos de consumo directo que no generen beneficios en Canarias. Como una carne fresca que viene de fuera, pero una carne congelada no, porque puede perjudicar a la cesta de la compra. No ir siempre al segundo semestre para ver qué partidas sobran. No ayudas puntuales, sino planificaciones a futuro”, detalló Quintero.
Al respecto, Vanoostende reconoció que sería “recomendable” modificar el REA durante el primer semestre del año, pero matizó que es “difícil” porque después de 12 meses es cuando se aprecia “cual es el consumo y una proyección aproximada del gasto en función de como se agotan distintas partidas (productos)”. Además, resaltó que se trata de “importes bajos”, porque ya son más de 30 millones los que se destinan del REA a la ganadería, mientras que el resto “se reparte entre industria y consumo directo” y “es muy compleja la negociación”.
“Somos conscientes de ello, lo hemos trabajado con otras consejerías, hemos llegado hasta donde hemos llegado y por eso apostamos por otras soluciones como dar ayudas directas al sector o las mejoras del Posei, que es mucho mejor que lo que podemos conseguir a través del REA”, insiste Vanoostende.
A su juicio, la Consejería está haciendo “un esfuerzo importantísimo”, no solo con fondos europeos o estales, sino de la autonomía. además, con fondos propios del Gobierno de Canarias. “Seguimos trabajando porque entendemos que es un subsector fundamental y necesita el mayor apoyo posible”, concluyó.