Intersindical Canaria (IC) ha dado por agotadas todas las vías de diálogo para solucionar los conflictos laborales que se vienen sucediendo desde el último trimestre de 2019 en la gerencia del área de salud de El Hierro. La central ha anunciado este miércoles que ha presentado una querella contra parte del equipo directivo con el objetivo de “acabar con la auténtica pesadilla” que viven los trabajadores sanitarios de la isla por “el acoso y la persecución laboral” al que, según IC, les han sometido durante el último año.
En la extensa denuncia interpuesta este miércoles, el sindicato alude, entre otras cuestiones, a “la lluvia injustificada” de expedientes disciplinarios sobre un volumen importante de la plantilla o a las dos acciones judiciales que emprendió la gerencia contra sendos trabajadores y que han sido archivadas. También hace referencia a la instrucción, dictada en plena pandemia de COVID-19, por la que “limitó la libertad de movimiento” al personal sanitario para salir y entrar a la isla; a “la ausencia del mínimo respeto a la normativa en materia de protección de datos” y a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Intersindical Canaria asegura que el actual equipo directivo de la sanidad herreña ha mantenido en el tiempo “situaciones administrativas irregulares”. Además, lamenta la “inapropiada y deficiente toma de decisiones en tiempo de pandemia, con el elevado riesgo para usuarios y trabajadores”. Para la central, los actuales gestores “perdurarán por tiempo en la memoria de muchos herreños, pero no por su eficiente gestión de la sanidad en la isla, sino por todo lo contrario”.
El sindicato afirma que el último año ha sido “especialmente duro” para usuarios y trabajadores sanitarios de El Hierro, marcado por “el continuo conflicto”.
IC remarca que desde octubre de 2019 hasta la actualidad ha puesto en conocimiento de la Consejería de Sanidad “multitud de escritos” y ha documentado las irregularidades que forman parte de la querella presentada este miércoles. Además, ha mantenido reuniones con el grupo parlamentario del PSOE, “poniendo en conocimiento de quienes tenían desde hace tiempo la obligación de cambiar las políticas de gestión en materia de personal y también de la gestión de la pandemia en la isla”. “Como ha demostrado el tiempo, se mantienen los nombramientos como si no tuviera suficiente relevancia lo acontecido, lo que desde nuestra organización sindical no podemos obviar”, señala el comunicado.
El sindicato vuelve a hacer un llamamiento a las autoridades sanitarias sobre la “imperiosa necesidad” de cambiar al actual equipo directivo y poner al frente de la sanidad herreña a personas “capaces no solo de reconducir la alta conflictividad laboral, sino también de realizar una gestión eficaz y eficiente de la pandemia” en la isla.
La conflictividad laboral ha sido una constante en El Hierro en el último año. En julio, seis de los ocho médicos de urgencias que ejercían en la isla se marcharon por desavenencias con la dirección. En agosto, trabajadores de Atención Primaria se negaron a realizar turnos de doblaje a petición de la empresa o a aceptar guardias de incidencias (de 20.00 a 08.00 horas). Era la forma de protestar por los cambios que ha ido introduciendo la gerencia “de manera unilateral” para acabar con un sistema laboral asentado desde hace años, con una flexibilidad y unos incentivos que fueron puestos de ejemplo en el Congreso de los Diputados por Beatriz González López-Valcárcel, catedrática de Economía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), como modelo para captar y retener profesionales en territorios tan reducidos y sin los alicientes de los grandes centros para trabajar.
Los trabajadores llevan tiempo denunciando que esas modificaciones, que han afectado a los horarios y días de descanso, han ocasionado importantes desbarajustes en la tención sanitaria en la isla y el descontento de los trabajadores (muchos de ellos foráneos), algunos de los cuales han optado por abandonar la isla ante la desaparición de esos incentivos por los que permanecían en El Hierro. Los sucesivos consejeros de Sanidad han reconocido la existencia del conflicto laboral, pero han mantenido en el cargo a los actuales gestores.