La penetración del gas en Canarias planteada por la empresa Redexis, con el beneplácito del Gobierno autonómico de Coalición Canaria (CC) en minoría, está encontrando firmes opositores dentro y fuera de las Islas. La compañía pretende implantar las redes de distribución y transporte del aire propanado en ocho municipios: La Laguna, Arona, Granadilla de Abona, Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz, Las Palmas de Gran Canaria, Telde y Agüimes.
Para llevar a cabo la iniciativa, cuenta con un préstamo de 125 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
Ese crédito ha sido denunciado por el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, mediante una carta enviada a Bruselas en la que pide al BEI que retire su financiación al gas en Canarias, puesto que la operación contraviene uno de los principios de la Unión Europea, la lucha contra el cambio climático.
Morales ya había advertido que su misiva no sería la única que recibirían en este sentido el presidente del Banco Europeo de Inversiones, de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo.
La última en sumarse a esta estrategia ha sido la organización ecologista Greenpeace, que ha pedido que se ponga freno a la inyección de capital público europeo para una actividad expansiva de combustibles fósiles. A su juicio, contraviene “explícitamente los acuerdos internacionales de mitigación de gases de efecto invernadero, afectando al tiempo los intereses presentes y futuros sociales, territoriales, económicos y medioambientales de Canarias y, por ende, de la Unión Europea”.
Para Greenpeace, la introducción de este tipo de combustibles en el Archipiélago supondría un “freno inadmisible” a las renovables, que poco a poco van cogiendo impulso en una tierra donde las horas de sol y viento superan la media nacional. Motivo por el que insiste que “se impedirá alcanzar los objetivos de mitigación desde Canarias instados por la propia Unión Europea y Naciones Unidas”.
Horizonte 2050 frente a emisiones del 70% de CO2
La organización ecologista recuerda en su carta que su estudio [R]evolución energética para las Islas Canarias demuestra cómo el Archipiélago podría abastecerse exclusivamente de renovables en el año 2050 “sin que sea necesario recurrir al gas para alcanzar ese resultado”.
Sin embargo, lamenta que el 2017 arrojó datos poco favorables, como la cuota del 92,3% de generación eléctrica por combustión de hidrocarburos. Este hecho, unido a las emisiones del tráfico rodado, aéreo y marítimo, continúa, provoca que la comunidad canaria tenga “una de las más altas cotas de emisiones de GEI de toda Europa”.
A pesar de lo anterior, la inversión del BEI, dice, “choca frontalmente” contra los principios fundamentales del Plan Juncker para luchar contra el cambio climático. En este punto, señala a las grandes ciudades que están abordando el cierre de plantas para reducir los gases contaminantes.
Lejos de ratificar la “benignidad” del aire propanado defendida por Redexis, Greenpeace advierte de que mantendría emisiones del 70% de CO2, del 80% de GEI, del 15% de partículas, del 50% de óxidos de nitrógeno y del 10% de óxidos de azufre con respecto a otros hidrocarburos.
Al respecto, añade que “dichos parámetros no son correctos, porque los datos expuestos por los promotores están determinados exclusivamente por las emisiones derivadas de la combustión, excluyendo los cómputos de emisiones generadas en los procesos de extracción, procesamiento, transporte y distribución del hidrocarburo en cuestión.
“Resulta muy difícil explicar y entender que en Canarias fomenten ustedes políticas antagónicas sobre tan denotados y necesarios esfuerzos”, concluye.
Morales ya había asegurado que el Cabildo de Gran Canaria no estaba solo en su lucha contra la implantación del gas en Canarias. Además de mencionar a organizaciones ecologistas, se refirió a varios ayuntamientos, como el de La Laguna, cuyo “alcalde ha dicho que no dejará que le impongan el gas”; el de La Orotava, “ambos de CC”; el de Telde y el Agüimes, además de importantes polígonos industriales como el Goro y Arinaga, el mayor de Canarias. Además, “el presidente del PP en Tenerife ya ha dicho que huele mal el gas”.
El Gobierno central tendrá que responder
El Grupo Parlamentario Unidos Podemos - En Comú Podem - En Marea ha presentado en el Congreso de los Diputados una serie de preguntas dirigidas al Gobierno central en las que cuestiona si la inversión para implantar el aire propanado en Canarias es necesaria y rentable, pese a que no existe demanda.
“¿Tiene la intención el Gobierno de solicitar los estudios de viabilidad pertinentes que comprueben la sostenibilidad económica del sector del gas natural tras la gasificación de las Islas Canarias? ¿Por qué se licitó la distribución de aire propanado en Canarias? ¿Qué plan de rentabilidad hay para municipios sin calefacción doméstica”, apostilla.
El Grupo Parlamentario recuerda la intención de la Unión Europea de promover las energías limpias en las Islas, además de mencionar el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que concluyó que no era conveniente implantar una planta de gas natural licuado (GNL) en el Puerto de Granadilla.