La Defensora del Pueblo de la Unión Europea ha pedido a la Comisión explicaciones adicionales sobre sus razones para conceder a España una excepción en la aplicación de la directiva comunitaria sobre electricidad que permitirá a Red Eléctrica (REE) gestionar el Salto de Chira, la central hidroeléctrica que se construye en Gran Canaria.
En principio, la normativa europea del mercado interior de la electricidad no permite a la empresa que administra la red de transporte eléctrico -en el caso de España, REE- gestionar también sistemas de almacenamiento de energía, como será la futura central de bombeo reversible del sur de Gran Canaria.
Sin embargo, en enero de 2014, la Comisión Europea consideró justificado hacer una excepción con el Salto de Chira, que construye y gestionará REE, por las singulares condiciones de las Islas Canarias, un territorio ultraperiférico, y porque es imposible que su sistema eléctrico se interconecte con el del resto de la UE.
La propia directiva comunitaria reconoce que cabe hacer excepciones, si el estado que lo solicita demuestra que la operación de la red en determinados lugares presenta “problemas considerables” (o sustanciales). Y es lo que reconoció Bruselas a Canarias, al concluir que, por su propia condición geográfica, es imposible que su red de electricidad se conecte al mercado europeo.
En respuesta a un ciudadano español que interpuso una queja contra la concesión de esa excepción, Eduardo Martín Almeida, la oficina de la Defensora del Pueblo Europeo anuncia que ha pedido una reunión con “responsables relevantes de la Comisión” para que le aclaren las razones de la decisión, tras haber podido “inspeccionar algunos documentos” del expediente del Salto de Chira.
“Tras la inspección, hemos decidido que es necesario reunirse con representantes relevantes de la Comisión para obtener más información sobre cómo se gestionó el asunto así como respuestas a ciertas preguntas”, explica este organismo en un documento fechado el 24 de octubre en Estrasburgo (Francia) y difundido este jueves por el propio Eduardo Martín Almeida.
“Buscaremos aclaraciones”, continúa la oficina de la Defensora, “sobre el procedimiento para conceder una excepción a España, la noción de problemas sustanciales y cómo ha sido aplicada dicha noción en el caso en cuestión, y la base jurídica para conceder la excepción”.
El Salto de Chira es una central de bombeo reversible de 200 megavatios de potencia que aprovechará dos presas ya existentes en el sur de Gran Canaria, Chira y Soria, para transformar en agua embalsada en altura el excedente de electricidad generado por los parques eólicos y solares de la isla en momentos en los que no hay demanda.
Ese mismo agua se dejará luego caer desde la presa más alta, Chira, a la más baja, Soria, por un sistema de turbinas, que la convertirán de nuevo en electricidad cuando se necesite.
Tanto el Cabildo de Gran Canaria, titular de la central, como REE, la empresa pública que la construye y gestionará, sostienen que dará estabilidad a la red y ofrecerá el impulso definitivo a la penetración de las energías renovables en la isla.
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) acaba de conceder a Red Eléctrica un préstamo de 300 millones de euros para poder afrontar la construcción y operación de la futura central hidroelétrica.