Por primera vez en la historia de la Autoridad Portuaria de Las Palmas se ha ampliado el plazo de un trámite de competencia para una concesión de dominio público. Es legal, y así lo sostienen todas las fuentes consultadas, pero absolutamente inusual, como confirma el hecho de que solo se conozca un antecedente en el puerto de Avilés (Asturias). Pero los actuales responsables de la Autoridad Portuaria de Las Palmas consideraron que el asunto requería esa excepción y así lo decretaron: el pasado mes de julio el director de la Autoridad Portuaria de Las Palmas decidió ampliar quince días el plazo para que, quien pudiera estar interesado, presentara ofertas para explotar una concesión portuaria dedicada a “la construcción y explotación de una planta de almacenamiento de gas natural licuado (GNL), regasificación y producción de energía”.
Bajo esa descripción tan técnica del proyecto que presentaba Totisa Holdings, lo que realmente había era la quiebra de dos posiciones dominantes, casi monopolísticas. De un lado, la de generación eléctrica mediante combustibles fósiles, en manos de Endesa-Unelco, por la vía de la subvención nacional y a través de sus plantas de producción térmicas; y por el otro, la de la distribución de carburantes, materia en la que Disa tiene copado más del 80% del mercado grancanario desde hace décadas.
Totisa Holdings había presentado el 10 de julio una solicitud de concesión de dominio público portuario de más de 2.500 metros cuadrados, en concreto, 15.000 metros cuadrados en tierra y más de 38.000 de lámina de agua. El objeto de la concesión era montar un explotación de almacenamiento de gas natural licuado (GNL), una planta de regasificación, un servicio de provisión de GNL a buques y la producción de 70 megavatios diarios de electricidad a partir de gas, aprovechando el enganche que a Red Eléctrica había dejado el fallido negocio de una planta de biodiesel autorizada en el mismo recinto portuario. Al excederse la concesión de los 2.500 metros cuadrados que fija la ley, la petición de Totisa Holdings debía pasar un procedimiento de trámite de competencia, es decir, abrir tal solicitud a otras compañías que pretendieran prestar los mismos servicios con idénticas prestaciones.
El trámite de competencia fue abierto por la Autoridad Portuaria de Las Palmas el 28 de julio pasado (fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado) y se extendía al 28 de agosto. Y el 17 de agosto saltó la sorpresa: Unelco-Endesa, la compañía que detenta el monopolio de la generación eléctrica de Canarias, pidió a la Autoridad Portuaria de Las Palmas que se ampliara quince días el plazo para presentar proyectos alternativos a la solicitud de Totisa Holdings. La sorpresa en el sector fue mayúscula, no solo porque la compañía que produce electricidad en régimen de monopolio en Canarias se interesara por un procedimiento ajeno a su actividad, como es el bunkering (suministro de combustibles a buques), sino también por la imposibilidad -por abuso de posición dominante- de que pudiera optar a generar más energía quien en estos momentos copa más del 90% de la generación eléctrica en Gran Canaria y en Canarias.
Pero más sorprendente resultó en los ambientes portuarios que en los últimos días de plazo del trámite de competencia se personara con un proyecto hasta entonces desconocido la compañía local Distribuidora Insular SA, Disa, y la poderosa Enagas.
Endesa no tiene experiencia en bunkering, ni siquiera en comercialización de gas licuado. Sus directivos han explicado en ambientes empresariales que su decisión de intervenir en este proceso viene marcado por su interés en ir sustituyendo paulatinamente la generación de sus plantas de diésel por el gas, aunque hasta la fecha opere mayoritariamente con el primero de esos combustibles gracias a la subvención que como compañía monopolística recibe de los presupuestos generales del Estado para compensar el diferencial de precios con la Península. Esto es, unos 1.500 millones de euros al año que permiten a Unelco-Endesa alzarse con unos beneficios de 600 millones de euros, después de impuestos, gasten lo que gasten sus plantas de generación y contaminen lo que contaminen.
Disa, por su parte, es el suministrador de diésel y fuel a Unelco-Endesa, lo que convierte a la compañía de la familia Carceller en otra interesada en que no se quiebre el actual status quo de la energía en Gran Canaria, que es la amenaza que supone la irrupción de un nuevo operador energético en el Puerto de La Luz.
Porque nada hubiera pasado si Totisa Holdings se hubiera limitado a presentar un proyecto exclusivamente dedicado al almacenamiento de gas natural licuado y a la provisión de gas a buques, una vez entre en vigor en 2020 la obligación de que todos los que naveguen por Europa se muevan con ese combustible. El asunto se complica cuando incluye en su proyecto generar con ese mismo gas los 70 megavatios diarios de energía que quedaron autorizados para el Puerto de La Luz a partir del fallido proyecto de Ence a partir del tratamiento de biomasa. 70 megavatios que Red Eléctrica tiene que admitir en el sistema cerrado de la isla de Gran Canaria y que, por ser de procedencia menos contaminante que el fuel de las plantas de Endesa, tendría prioridad para su comercialización.
Es a partir de estas amenazas cuando saltan las alarmas en las empresas energéticas que operan en las islas en posición dominante, Endesa y Disa, y la compañía nacional que ostenta el cien por cien de las acciones de la fallida Gascan, la empresa que un grupo de políticos y empresarios, con José Carlos Mauricio (CC) al frente, pretendieron hace dos décadas que pilotara la penetración del gas en las Islas Canarias. En su consejo de administración se sienta como consejera “independiente” una de las más estrechas colaboradoras de José Manuel Soria durante una amplia etapa de su vida política, la economista Rosa Rodríguez, precisamente propuesta por el expresidente del PP canario para ese puesto.
El círculo se cierra precisamente con la irrupción en ese trámite de competencia de la española Enagas, que ha fracasado estrepitosamente en proyectos de regasificación en diversas partes del país y que tiene en Granadilla (Tenerife) el último revolcón propinado por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), que le afeó que pretendiera construir con dinero público una regasificadora sin tener la más mínima garantía de demanda ni de comercialización.
La confirmación de que no es el suministro de gas a buques lo que interesa resolver con este expediente la ha promovido la eléctrica Endesa. Según publica este jueves Canarias7, la eléctrica ha solicitado a la Autoridad Portuaria que anule el trámite de competencia y directamente saque a concurso la explotación de la planta de generación de 70 megavatios mediante gas.