Del escándalo del caso eólico al impacto paisajístico, la cara B de la lenta transición energética en Canarias

En 2015, Canarias debería haber generado el 30% de la energía eléctrica con renovables. Era el plan que se había trazado el Gobierno de Canarias en 2006 (Coalición Canaria), pero apenas se alcanzó el 7% una década después. La incapacidad del Ejecutivo regional para sacar concursos adelante o los cambios en las políticas que afectaban al sector frenaron el impulso que se pretendía dar a las renovables, siempre bajo la tutela del gran monopolio energético ejercido en las Islas por Unelco, la filial canaria de Endesa. Precisamente, uno de los primeros casos de corrupción en Canarias de principios de siglo tuvo en el centro de su trama la instalación de un parque eólico. El concurso acabó en los tribunales y con un director general de Industria y Energía condenado con penas de cárcel.

Durante los hechos investigados en el denominado caso eólico, Luis Soria regía la Consejería de Industria del Ejecutivo regional (2003-2005), hermano de José Manuel Soria (entonces presidente del Cabildo de Gran Canaria y líder del PP en las islas). Ambos quedaron al margen de la investigación del caso, que recayó exclusivamente en uno de sus subordinados, Celso Perdomo, director general condenado. Años después, desde el Ministerio de Industria (2011-2016), José Manuel Soria apoyó las prospecciones de Repsol, apostó por la polémica fractura hidráulica (fracking), impuso el impuesto al sol y aplicó recetas energéticas de FAES, la fundación de su padrino político, José María Aznar. Y durante esa legislatura, su hermano Luis entró al negocio petrolero.

Pero la tercera década avanza con la necesidad de lograr los objetivos marcados por la Unión Europea: la descarbonización total en 2050. Hasta diciembre de 2019, en las islas existen unos 476 aerogeneradores en 74 complejos y 34 parques fotovoltaicos, según datos del Ejecutivo regional. Tan solo el 17% de la energía eléctrica que se demanda en Canarias es de origen renovable, muy lejos de los objetivos ya trazados hace 15 o 20 años. En 2021 las instalaciones del Archipiélago se multiplican si se contabilizan aquellas que están en trámite. Y la ubicación de algunas construcciones proyectadas ya han levantado el rechazo de vecinos o ayuntamientos, que protestan por la cercanía a sus viviendas o reclaman mayor ordenación y coordinación entre administraciones.

Uno de los ejemplos más ilustrativos se ha dado en Arico, el municipio de Tenerife que cuenta con más aerogeneradores (96): el parque de La Morra. Tres molinos que se ubican entre la autopista TF-1 y el mar, en la zona Salto del Roque, desataron las protestas de vecinos de Jardín del Atlántico, urbanización próxima a la instalación. Los residentes se quejaban del ruido de los aerogenerados y del efecto que provocan las aspas, que interrumpen la luz del sol en sus viviendas de forma constante.

La instalación promovida por la empresa Alas Capital (con sede en Las Palmas de Gran Canaria) y Gas Natural SA, inicialmente constaba de seis aerogeneradores con 6,3 MW de potencia. Obtuvo la autorización del Gobierno de Canarias, que otorgó al proyecto la declaración de utilidad pública. En 2016, el Ejecutivo regional aprobaba el decreto que daba luz verde al parque eólico. 

Y un año después, la Dirección General de Industria y Energía del Ejecutivo regional concedía a las promotoras una nueva autorización, solicitada para modificar la instalación del parque, que incrementaría su generación de energía a 7,05 megavatios con solo 3 aerogeneradores (con potencia nominal de 2.350 KW cada uno). Y en 2017 entró en funcionamiento.

Pero el Ayuntamiento de Arico llevó la construcción a los tribunales al estimar que el Gobierno de Canarias no había remitido al Consistorio la modificación de la instalación, como recoge la Ley 11/1997 de regulación del sector eléctrico canario. El documento fija que la administración local debe ser informada para establecer si el proyecto se adecúa al planeamiento vigente. Y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias concluyó que el Ejecutivo regional omitió un tramite esencial y declaró la nulidad de la modificación, ordenando retrotraer el expediente de construcción al inicio. 

Tras la sentencia, el Ayuntamiento de Arico ha aprobado en un pleno instar a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial a que paralice el funcionamiento de manera cautelar del parque eólico y se ejecute el fallo judicial. Además, en la sesión también reclamó que en el futuro Plan de Transición Energética del Gobierno regional, que se encuentra en fase de desarrollo, se elabore una ordenación para las instalaciones de molinos y plantas fotovoltaicas, contando para ello con aportaciones del municipio.

La regulación

La regulación de la instalación de renovables en Canarias es amplia y bebe desde normativas estatales a regionales e incluso de las insulares y municipales que tienen relación con los planeamientos del territorio. Pero en ninguna iniciativa legislativa se ha recogido un planeamiento y una ordenación especifica que establezca la ubicación de los molinos y los parques solares en las islas.

Para llevar a cabo una instalación de renovables, ya sea pública o privada, los solicitantes deben cumplir una serie de requisitos que parten de un permiso de acceso a la red de transporte, lo que condicionará todo el proyecto. En ocasiones, el acceso a los sistemas isleños corre a cargo del Gobierno central mediante concursos financiados por fondos europeos, con programas específicos para incrementar la presencia de renovables en territorios insulares y aislados.

Para obtener la autorización del Gobierno de Canarias, el promotor debe presentar estudios de las características climáticas en la zona y, en el caso concreto de parques eólicos, mediciones del viento y su dirección; además, la administración competente también podrá determinar otros requisitos para determinar si la ubicación es idónea para el aprovechamiento del recurso y, de esta manera, fijar la declaración de interés público. Esto es lo más cercano para fijar la instalación de los molinos en las islas en un lugar concreto, que además debe contar en la mayoría de los casos con una evaluación ambiental.

Por otro lado, el solicitante ha de acreditar ser propietario o arrendatario del suelo objeto de la instalación. Este solo se puede llevar a cabo en suelo rústico, generalmente en cultivos agrarios abandonados, y en las cubiertas de edificaciones, según establece la Ley de Suelo. Ello, sujeto a los planeamientos municipales e insulares, a quienes el promotor tiene que solicitar la correspondiente autorización. 

Si los documentos de los ayuntamientos que ordenan el territorio aún no han sido actualizados y no recogen la cobertura expresa para la instalación de renovables, el cabildo es la administración encargada de suplir esa carencia con una declaración de interés público. Para ello, la Corporación Insular deberá someter el proyecto a información pública y, una vez emitida de forma favorable, el consistorio correspondiente continuará el procedimiento para otorgar la licencia. 

El mapa de las renovables en Canarias, centrado en las principales (eólica y fotovoltaica), muestra que desde 2017 las instalaciones y este tipo de producción eléctrica se ha incrementado exponencialmente, justo el año en el que se aprueba la Ley de Suelo. Las instalaciones se dispersan entre 25 municipios distribuidos por siete islas, pero la mayoría se concentran en Tenerife (47,3% de eólica y 61,1% de fotovoltaica) y de Gran Canaria (38% de eólica y 23,3% de fotovoltaica), sobre todo al sureste de ambos territorios, según datos cerrados a diciembre de 2019 del Anuario Energético del Gobierno de Canarias, publicado a finales de 2020, y la última actuación publicada por la Dirección General de Energía en el visor IDECanarias.

La afección a las aves en el sur de Gran Canaria

La primera instalación eólica en el sureste de Gran Canaria data de 1991. Fue un aerogenerador en el denominado parque eólico Arinaga Depuradora, instalado en el municipio de Agüimes. Cinco años después, entró en funcionamiento el que sigue siendo el parque con mayor número de aerogeneradores de Canarias: el complejo de Llanos de Juan Grande, que cuenta con 62 molinos.

Hasta diciembre de 2019, entre los cuatro municipios que agrupan la Mancomunidad del Sureste se concentraban 215 aerogeneradores, más del 90% de todos los molinos. En la misma zona también se sitúan la mayoría de los parques fotovoltaicos de la isla redonda.

Los llanos del Matorral, ubicado en San Bartolomé de Tirajana cerca de Juncalillo del Sur, era la última localidad de Gran Canaria en la que el corredor sahariano, ave catalogada como vulnerable en el Catálogo Regional de Especies Protegidas, se reproducía. La Asociación Canaria para la Conservación de la Biodiversidad ha alertado que la ampliación masiva y sin planificación ha acabado con lo últimos reductos de esta especie en la isla. 

Y ha advertido que la ampliación de los parques eólicos previstos para los próximos años es incompatible para la conservación de otras especies una zona declarada Sitio de Interés Científico y Zona de Especial Conservación y Zona de Especial Protección para las Aves. Entre las aves afectadas, en dicho espacio se ubican el alcaraván, el calandro y el pájaro moro.

Fuerteventura en pie de guerra

Hasta diciembre de 2019, Fuerteventura contaba con 24 aerogeneradores distribuidos en cinco complejos eólicos en cuatro municipios (Pájara, La Oliva, Tuineje y Puerto del Rosario) y cuatro parques fotovoltaicos, todos ubicados en la capital. Pero en los próximos años, la denominada isla del viento incrementará su potencia renovable con más de medio centenar de proyectos que se encuentran en fase de tramitación, dispersos por casi todos los municipios.

En mayo de 2019, Naturgy anunciaba que construiría el mayor proyecto eólico en Fuerteventura: el parque de Puerto del Rosario, con ocho aerogeneradores, una potencia total de 29 MW y para el que invertiría más de 35 millones de euros. La iniciativa había sido una de las adjudicatarias de la subasta eólica denominada Eolcan, convocada por el Ministerio de Transición Ecológica y dotada con fondos europeos para ayudar a incrementar la presencia de renovables en el Archipiélago. En enero de 2020, la compañía ponía la primera piedra.

Los molinos se distribuirán por la zona rural de la capital de Fuerteventura, cerca del pueblo de El Time, pero también próximo a las viviendas de Los Estancos, Tetir o La Asomada. Vecinos de la zona, principalmente de El Time, se organizaban en 2019 en una asociación ante el temor del impacto que tendrá la instalación en sus localidades y en el paisaje. Junta a otra agrupación ecologista, ha recurrido ante los tribunales la autorización otorgada por el Gobierno de Canarias para la construcción del parque eólico.

La protesta ha llegado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TJSC), donde la organización SEO/BirdLife asegura que declaró en calidad de testigos peritos el pasado 9 de marzo. En un comunicado, el colectivo indicó que dos técnicos expusieron que el territorio en la que se elevan los molinos se ubica en las proximidades de una Zona de Especial Protección para las Aves, un espacio protegido de la Red Europea Natura 2.000 y podría afectar a especies en peligro de extinción, como el guirre y la hubara canaria. Ninguna de las agrupaciones que se oponen al parque eólico se muestran contrarias a la instalación de renovables en la isla, pero reclaman que se realicen con coherencia y concentrados en determinadas zonas.

No solo los aerogeneradores han provocado rechazo en Fuerteventura. La instalación en La Oliva de 71.400 placas solares ocupando 25.000 metros de la zona Rosa de Chinichivito, entre la autovía FV-1 y las Dunas de Corralejo, también ha llevado al ayuntamiento norteño a alzar la voz. El proyecto se denomina Apolo y es promovido por Canarias Desarrollo e Innovación, por un importe de 3,4 millones de euros.

El Consistorio se ha opuesto al proyecto porque considera que puede causar impacto visual y paisajístico en un municipio que vive del turismo. El pasado 7 de abril, el Consistorio expuso que había presentado alegaciones defendiendo que existen preceptos legales que impiden la implantación de las instalaciones solares, como la ordenanza provisional reguladora del suelo rústico del municipio de La Oliva, el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura y el Plan de Ordenación de los recursos naturales, además de las propias normas subsidiarias municipales.

En una sesión plenaria celebrada el pasado 29 de abril, el Ayuntamiento de La Oliva también se pronunció sobre otro proyecto en la misma la zona y más cerca aún de las Dunas de Corralejo: el parque solar Huriamen, que cuenta con más de 36.000 placas fotovoltaicas. La instalación fue adjudicada a Iberdrola en marzo de 2021 en el marco del programa Solcan, también convocada por el Ministerio de Transición Ecológica. La compañía prevé invertir 7,4 millones de euros, producir 21 MW y vaticina su puesta en marcha entre este año y 2022. 

Ante este escenario, el Consistorio acordó instar al Gobierno de Canarias a establecer una moratoria en la concesión de autorizaciones. Y al Cabildo de Fuerteventura le pide que elabore un instrumento de ordenación territorial para fijar las zonas en las que llevar a cabo molinos o placas solares con el fin de evitar la dispersión territorial. También Coalición Canaria se ha manifestado en contra de que la obra se lleve a cabo bajo la vía de declaración de utilidad pública cuando se trata de un proyecto promovido por una empresa privada. Además, la formación dice que entre todas las instalaciones renovables que se llevarán a cabo se generará más energía procedente de renovables de la que demanda la isla.