Lanzarote y Fuerteventura se alzan contra la instalación descontrolada de renovables por su impacto ambiental

Lanzarote y Fuerteventura se han alzado contra la instalación descontrolada de parques de renovables. Las dos islas han recurrido a la Justicia para resolver la encrucijada de avanzar hacia las energías limpias pero protegiendo el entorno natural. Este martes, por unanimidad, el Cabildo lanzaroteño decidió continuar con un contencioso judicial iniciado en la pasada legislatura contra la instalación del parque eólico Vista Mar de Las Caletas, en Costa Teguise. “Solo aspira a dar respuesta a un interés particular”, señaló el presidente insular, Oswaldo Betancort (CC). 

De esta forma, Lanzarote sigue los pasos de su isla vecina. Fuerteventura recurrió también en 2019 la declaración de urgencia y de interés general de dos parques eólicos en La Oliva, así como también rechazó la competencia del Gobierno de Canarias para su aprobación. El pasado mes de agosto, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) desestimó los dos recursos.

El Cabildo de Lanzarote ha decidido seguir con el pleito judicial que inició el PSOE, con Dolores Corujo al frente, durante el mandato anterior. Todos los partidos de la máxima corporación insular coinciden en que este parque tendrá un impacto negativo en el paisaje de la isla. “Ocuparía un espacio de irremplazable valor paisajístico y natural para Lanzarote”, señalan. El presidente, Oswaldo Betancort (CC), defiende que este proyecto empresarial privado “tan solo aspira a dar respuesta a un interés particular”. 

El proyecto será ejecutado por la empresa Renovertis y estará compuesto por dos molinos de más de 80 metros de altura en el municipio de Teguise. El Gobierno de Canarias declaró en 2021 el interés general de las obras, con una inversión superior a los siete millones de euros. 

El consejero de Ordenación del Territorio, Jesús Machín Tavío, sostiene que la manera adecuada para la proliferación de las energías limpias “no es esta”, sino “integrando de manera armónica en el paisaje este tipo de infraestructuras”. Además, defiende la importancia de que estos proyectos sean de titularidad pública para que la isla pueda decidir dónde se instalan. 

En el pleno extraordinario celebrado este martes, la consejera socialista Ariagona González también apoyó la decisión de continuar con el pleito judicial y destacó la importancia de implantar energías renovables con “planificación y ordenación” adecuadas. Por su parte, el portavoz del grupo mixto, Óscar Noda (Nueva Canarias), insistió en la necesidad de “proteger el entorno natural”.

Los pleitos de Fuerteventura 

En 2019, el Cabildo de Fuerteventura presentó dos recursos contra la ejecución de los parques eólicos Renovable Fuerteventura I y Renovable Fuerteventura III. Los dos fueron aprobados por la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias y serían explotados por la empresa Belidia Energy S.L. El cabildo majorero alegó en su recurso la falta de motivación suficiente como para declarar de urgencia este procedimiento. 

El pasado 28 de agosto, el Cabildo de Fuerteventura ha vuelto a exigir al Gobierno de Canarias que suspenda todos los proyectos en materia energética solicitados en la isla a través del procedimiento excepcional previsto en el artículo 6 bis de la Ley del Sector Eléctrico de Canarias. 

Este epígrafe permite declarar de interés general obras de ejecución de instalaciones de generación, transporte y distribución energética. Esto permite que las empresas decidan instalar estas infraestructuras “sin tener en cuenta el planeamiento insular ni las particularidades de Fuerteventura”, critican desde la corporación. 

Los proyectos de plantas solares o parques eólicos analizados por el Cabildo ''no responden a motivos de urgencia o excepcionalidad''. ''No hay un análisis pormenorizado de las necesidades reales de Fuerteventura, ni de sus afecciones al paisaje, el territorio o los recursos naturales'', apuntan. 

Lola García (CC), presidenta del Cabildo, insiste en que la isla está “a favor de las renovables”, pero “decidiendo la sociedad e instituciones majoreras su planificación”. “Debemos ser escuchados y decidir nosotros dónde deben implantarse, y no las grandes multinacionales que abusan de un artículo de la ley para saltarse el planeamiento y colocar las instalaciones donde decidan arbitrariamente”, señala García.

La muerte de dos guirres

El impacto ambiental de los parques eólicos de Fuerteventura ha estado en el centro de la polémica en varias ocasiones. En marzo de 2022, dos guirres aparecieron muertos en un parque eólico de Puerto del Rosario. Los ejemplares de esta subespecie endémica de Canarias se accidentaron al chocar contra los aerogeneradores de la central construida por 35 millones de euros, gestionada por la empresa Naturgy e inaugurada en verano de 2021.

Los expertos ya habían advertido de que este enclave servía de “dormidero” para al menos dos miembros de esta población en peligro de extinción. Sin embargo, el proyecto salió adelante en 2019 con una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) favorable y con el visto bueno del Gobierno de Canarias.

Tras el incidente, los agentes de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura paralizaron de forma cautelar el parque eólico.