El presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, ha indicado este miércoles que, aunque el Tribunal Supremo ha rechazado la medida cautelar reclamada por su Ejecutivo para paralizar la privatización de AENA, sus magistrados aún tienen que pronunciarse sobre las competencias en materia aeroportuaria que exige Canarias.
Rivero ha subrayado que su Ejecutivo “seguirá dando la batalla” para reclamar esas competencias tras la privatización del 49% de AENA, porque considera que esa venta es solo la primera parte del proceso y que los inversores privados tienen la convicción de que el siguiente paso será “poner los aeropuertos en sus manos”.
El presidente canario ha recordado que el Gobierno en su recurso solicita el traspaso de esas competencias a la comunidad autónoma, como prevé el Estatuto de Autonomía, porque el Ejecutivo central ha dejado de ejercerla, bajo su punto de vista.
Así mismo, ha reiterado que el transporte aéreo supone la “herramienta más importante” para el desarrollo económico y social de las islas.
Rivero ha considerado un “matiz” el hecho de que en el auto del Tribunal Supremo se apunte que el Gobierno canario “pudo impugnar directamente el acuerdo del Consejo de Ministros del 23 de enero de 2015 e invocar el artículo 135 de la Ley de Jurisdicción (Contencioso Administrativa), habida cuenta de la premura temporal con la que se iba a producir la oferta pública de venta”.
Ese artículo faculta a los tribunales tomar una medida cautelar en el plazo de dos días sin oír a la parte contraria “cuando los interesados alegaran la concurrencia de circunstancias de especial urgencia en el caso”.
El Tribunal Supremo, en el auto hecho público ayer, rechazó la pretensión del Gobierno canario de que los aeropuertos canarios quedaran cautelarmente al margen de la oferta pública de venta de acciones (OPV) por la que se privatizó el 49 % de AENA por ser “imposible” de adoptar, al estar la venta ya realizada.